Mientras una parte importante de los mexicanos estábamos tratando de entender qué proponen los candidatos a la presidencia de la República ante los desafíos que representa México en el mundo; otra parte seguía festejando la victoria del equipo lagunero y otros más estaban enganchados con la serie de moda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó como cada mes la estadística oficial de investigaciones y denuncias de los principales delitos que se cometen en el país, donde se aprecia que México sigue sumido -cada vez más- en la violencia.
Índices al alza
Si comparamos la tasa de homicidio doloso y feminicidio de los primeros cuatro meses de 2018 contra el mismo periodo de 2017, el delito creció 20.01%, mientras que el robo con violencia aumentó 8.69%, el robo de vehículo 6.28% y el narcomenudeo 34.98%.
A pesar del relativismo, excusas o incluso triunfalismo con el que las autoridades pretenden convencer a la opinión pública que la situación está mejorando, lo cierto es que los datos oficiales y la percepción de inseguridad que las personas tenemos, presenta un panorama desalentador, difícilmente la acción de las actuales autoridades o las futuras -por lo que se puede entender en las propuestas de los candidatos- permitirá un cambio en el comportamiento de la incidencia delictiva.
Un listado de buenas intenciones
Esperábamos escuchar propuestas claras y contundentes de qué piensan hacer los candidatos una vez que sean elegidos presidente, pero ninguno dijo cómo lo van a realizar, cuáles serán los indicadores de desempeño y resultados, cuánto nos va a costar y cuál es la línea del tiempo para que cada propuesta se cristalice. Tampoco expresaron una palabra contra los niveles de violencia que vive la frontera, en especial Tijuana, que en los primeros 130 días del año alcanzó los 1000 homicidios dolosos.
Propuestas ambiguas, carentes de elementos que ayuden a entender cómo saber si lo planteado está siento exitoso: mover la sede del Instituto Nacional de Migración, combatir la violencia haciendo el bien, transformar la relación con los Estados Unidos o privatizar un banco, son una muestra de ello.
Las propuestas del ONC
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), hemos avanzado propuestas puntuales sobre seguridad, justicia y derechos humanos que hicimos llegar a los candidatos, propuestas que en lo general nos recuerdan la necesidad de fortalecer a las instituciones o que en lo particular plantean acciones concretas realizables desde hoy.
Todos estos puntos pueden servir para desarrollar líneas de acción que ayuden a pacificar al país independientemente de quién sea el candidato ganador. Estas propuestas las hemos enviado a todos los candidatos esperando sean retomadas por ellas.
A continuación, un breve esbozo de estas:
1.- Creación de la Subdivisión Fronteriza de Seguridad Regional (SF)
Desarrollar una subdivisión de la división de Seguridad Regional de Policía Federal cuyo objetivo sea especializarse en atender los retos particulares de seguridad de la frontera. Dicha división operará en las seis entidades federativas fronterizas y deberá estar compuesta por personal de la División de Seguridad Regional, de la Unidad de Inteligencia de Policía Federal, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
2.- Profesionalización del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Generación de un certificado único individual donde se concentren las acreditaciones en materia de capacitación, los controles de confianza y el régimen disciplinario de cada uno de los integrantes del Instituto Nacional de Migración, así como de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3.- Reingeniería del Instituto Nacional de Migración (INM)
Es necesario que exista un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en torno al Instituto Nacional de Migración, que incluya un comité ciudadano que supervise el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos, así como una contraloría interna independiente con capacidad de investigar las denuncias ciudadanas y las aplicaciones de sanciones internas.
4.- Establecimiento de un protocolo de actuación policial en los aeropuertos del país
Dicho protocolo deberá especificar que el único personal que opere al interior del aeropuerto -incluyendo los filtros de seguridad- deberá ser personal certificado de Policía Federal, que las cámaras de seguridad quedarán a cargo del Centro de Control y Mando de Policía Federal (CONTEL), un número proporcional de cámaras según el espacio del aeropuerto y actividades de supervisión por parte de la Unidad de Asuntos Internos de Policía Federal.
5.- Nueva política de colaboración con los Estados Unidos
Esta nueva política de colaboración debe permitir, por un lado, compartir una mayor cantidad de inteligencia, así como un compromiso de parte del gobierno estadounidense por inhibir el tráfico de armas, proporcional al que el Estado mexicano hará en materia de drogas.
6.- Nueva política de combate al tráfico y comercio ilegal de armas
Es necesario que la política para el combate al tráfico, comercio y uso de armas de fuego se genere entre la federación y los gobiernos locales, con el objetivo de inhibir su acceso al país que terminan en poder de los grupos delincuenciales tradicionales y organizados. En este sentido, es necesario tener presente el corto alcance que han tendido las campañas emprendidas hasta el momento, a la luz del alto porcentaje de delitos cometidos con este tipo de armas.
7.- Fortalecimiento institucional
Echar a andar un servicio -real- de carrera sustentado en perfiles, indicadores de desempeño y resultado que se construya sobre cargas de trabajo realistas y justas, sueldos y prestaciones adecuadas y homologadas. Un servicio de carrera que premie el sacrificio de los mejores y corrija o sancione la corrupción e ineficiencia de otros. Aquí se incluye la reforma el segundo párrafo de la fracción XIII, Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución que viola los derechos laborales e inhibe la actuación eficaz de policías, peritos o agentes ministeriales. Paralelamente, establecer una plena independencia de las áreas encargas de investigar los ilícitos de los integrantes de la institución, Asuntos Internos y Visitaduría para la policía y la fiscalía, respectivamente.
8.- Debilitamiento de estructuras financieras de los grupos delictivos
Se debe combatir la estructura financiera de los delincuentes, mejorar el combate al lavado de dinero, reformar la Ley Federal de Extinción de Dominio y supervisar su homologación e implementación local, así como poner en marcha un sistema eficaz de administradores judiciales. En particular, los recursos derivados de la operación criminal deben ser recuperados para reparar el daño a las víctimas directas e indirectas (lo que incluye a todo el colectivo social).
9.- Sistema de justicia penal adversarial
Urge fortalecer las competencias de los integrantes de policías, procuradurías, fiscalías y tribunales de todo el país en materia de procesos y operación del sistema de justicia adversarial, iniciando por reconocer las bondades de este, identificando y resolviendo las deficiencias, en particular, aquellas que se refieren a las Unidades de Medidas Cautelares. En este sentido, es fundamental implementar líneas de acción a partir de las cuales se pueda dignificar la función de los servidores públicos, disminuir y hacer más eficiente la distribución de cargas de trabajo.
10.- Un plan de acción que permita entender de qué manera se coordinarán federación, estados y municipios.
Esto debe incluir un plan específico de seguimiento y evaluación del gasto en torno a los recursos otorgados desde la federación en materia de seguridad y justicia, compras consolidadas en esta materia centralizadas desde la federación para abatir costos y mejorar la efectividad del gasto, compartir inteligencia y desarrollar coordinaciones nacionales sobre el modelo antisecuestro -CONASE-, para temas como el homicidio, narcomenudeo y robo de hidrocarburo.
Faltan alrededor de 40 días para que emitamos nuestro voto. En el ONC estaremos atentos a la respuesta de los candidatos, manteniendo una visión crítica de sus propuestas, qué tan viables son, pero, sobre todo, qué harán una vez en el poder, y si están dispuestos a apoyar a la población sin distingos políticos.
México no se puede permitir más ocurrencias políticas sin sustento, ingenuidades y mentiras, se los debemos a los millones de mexicanos víctimas directas e indirectas de los delitos.