Hay una fea costumbre en la política y la administración pública mexicanas que no es de hoy, aunque se nota más en estos días por el tono de contradicción que supone, y tiene que ver con que “lo que hace la mano, hace la tras”. O aquello de “Barrer las escaleras de arriba hacia abajo”.
Se trata de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho de forma reiterada que debe haber austeridad en la administración pública; y por lo mismo, comenzó por hacer un ajuste de sueldos entre los mandos superiores para que nadie gane más que él: 108 mil pesos mensuales.
Esto generó inconformidades y una gran cantidad de solicitudes de amparos para evitar que quienes ya ganaban cifras superiores a esta cantidad deban reducir sus sueldos. En algunos casos procedió el amparo, sobre todo para instituciones autónomas y en algunos casos de personas en particular.
La controversia llegó a la Suprema Corte de Justicia (SCHN) y ésta ha establecido que es improcedente este tipo de ajustes salariales. Aun así nadie más quiere estar en el lado de lo ‘políticamente incorrecto’ y apechugan.
En parte mínima se cumplía con aquello de que el gobierno del presidente López Obrador barrería las escaleras de arriba hacia abajo. Aunque por otro lado no ha habido despidos masivos de jefes, jefazos y súper jefazos de la administración pública.
En cambio sí ha ocurrido el barrido de escaleras desde los escalones de abajo. Todo comenzó porque con esa política de austeridad, a partir de enero se ha dado de baja a personal de distintas oficinas de gobierno federales. Y todo arrancó por casa, y la presidencia de la república mandó a su ‘hogar dulce hogar’ a 437 trabajadores “innecesarios”. No jefes. Simplemente empleados.
Adelante se comenzó a desgranar la mazorca; distintas oficinas de gobierno ha dado de baja a personal, casi siempre de confianza, honorarios, o de base y con antigüedad, para cumplir con las cuotas de reducción en las nóminas, con esto quedan bien con la superioridad, pero mal con quienes han tenido que dejar el trabajo en tiempos de crisis económica y de falta de fuentes de empleo, aun votantes de “Juntos haremos historia”
Despido masivo
Hasta marzo de este año 2019 se habían despedido a 5,085 personas, entre las que destacan los del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que a esa fecha eran 2,573; en Hacienda, 420; en la de la Función Pública, 283; en la SEP, 224; en Secretaría del Bienestar, 216; en Relaciones Exteriores, 187; en Economía, 165; en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 105; en Cultura, 97; Agricultura y Desarrollo Rural, 95; en Medio Ambiente y Recursos Naturales, 85; en Energía, 69; en Turismo 53; en Salud 29; en Comunicaciones y Transportes 28; Marina 19…
Todo esto estaría bien si por lo menos se precisara el modelo de selección, las razones justificadas de estos despidos y si estas personas en verdad eran una carga onerosa o también puede ser que se está sacrificando a la administración pública para atender a este llamado de austeridad, con lo que se convertiría más en un tema político que de justicia social o laboral y de austeridad.
Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia dijo hace unas semanas que este despido masivo genera un grave problema en la administración pública pues empleados tienen que asumir el trabajo que hacían los que se han ido y, por lo tanto, generan lentitud y problemas de solución y eficiencia.
Hace días circuló un oficio de la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, en el que se insta a las delegaciones y representaciones del gobierno federal a que den de baja a personal contratado del 1 de diciembre a la fecha, ‘dada la política de austeridad’ ordenada por el presidente López Obrador. Luego emitieron una aclaración en la que dicen que no es así, pero que sí es así…
Pemex anunció apenas que dará de baja a 1,952 empleados, de confianza o de honorarios. Con esto –dice el Director General Octavio Romero Oropeza- la empresa se ahorrará algo así como 475 millones de pesos de nómina y 239 millones de jubilados y pensionados. De tal forma, la empresa trabajaba en 2018 con 127,941 empleados y trabajadores; en 2019 son ahora 125,989 de ellos.
El tema que se discute ahora es si estos recortes configurarán esos ahorros millonarios que se suponen o saldrá más caro el caldo que las albóndigas porque la administración pública podría meterse en un bache de ineficiencia y falta de recursos humanos para cubrir las necesidades de gobierno y su relación con el público con cuyos recursos se les paga.
Es cierto que en muchos casos hay una burocracia inflada. Una burocracia que muchos hemos lamentado por su ineficiencia, lentitud, indiferencia, grosera, indolente, corrupta en muchos casos, abuso y desánimo. El burócrata gruñón con la torta y el refresco durante las horas de trabajo es la imagen que en muchos casos se tiene cuando se acude a hacer trámites de gobierno.
Pero no es así en todos los casos. Los hay que trabajan arduo, y con cuya contribución laboral se solucionan problemas. Y aunque no es la generalidad, también este trabajador existe.
Pero si un jefe permite esos lamentables hechos que dañan el resultado del trabajo, entonces son los jefes los que tienen que ser despedidos. Barrer la escalera de arriba hacia abajo, es el caso.
Lamentable estos despidos porque mucha gente se queda sin trabajo y sin poder llevar dinero a la casa para la manutención familiar; salen a la incertidumbre y al desempleo angustioso.
Y decíamos: lo que hace la mano, hace la tras: y esto ya se traslada a los estados de la República, en donde, por instrucciones “de México” se está despidiendo a personal en oficinas de gobierno cuyo personal tiene que sufrir la arbitrariedad del despido discrecional y grosero…
Bueno será que dentro de las políticas sociales se busque ver cómo se coloca a toda esta gente en tareas productivas y de desarrollo para evitar que la delincuencia aumente y para evitar crisis y tragedias familiares en muchos hogares de México. Eso es ley, por lo que tiene que ver con el derecho al trabajo y es justicia, en consecuencia.