En esta entrega, se analiza la incidencia delictiva en la Ciudad de México para cerrar la serie de artículos relativos a la radiografía del delito que durante las últimas semanas se publicó en este espacio, con ello ahora se expone una síntesis o panorama con datos duros y ponderaciones sobre lo que sucede en la ciudad más grande del país.

El análisis parte de la medición de los delitos de Alto Impacto Social, que son los delitos que más afectan a la ciudadanía, por tanto, se incluyen: homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas por arma de fuego, robo de vehículo, robo con violencia a casa habitación, negocio, cuentahabiente, en transportes públicos y a transportista.

Al ponderar los últimos 18 años desde el año 2000 (año en que se normalizaron las series estadísticas) puede apreciarse que los delitos de alto impacto se agrupan en tres etapas:

1. Con descenso del año 2000 al 2006;

2. Con crecimiento del 2007 al 2010, y

3. Con disminución del año 2010 hasta el año 2016, y finalmente en 2017 un repunte en algunos delitos que coincide con una dinámica y tendencia nacional como lo señalan las autoridades federales.

Al realizar un balance por administraciones de gobierno de la ciudad, la evidencia que se integró con base en el análisis de las Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación muestra que el periodo 2012-2017 tiene, en promedio, el nivel más bajo de Delitos de Alto Impacto Social porque disminuyó en 42.8 por ciento respecto al promedio de la administración 2006 – 2012. 

Se trata de un dato significativo que muestra las capacidades públicas, privadas y sociales, así como de los Poderes Públicos de la CDMX para prevenir, investigar y sancionar los delitos con base en el debido proceso penal.

¿Por qué la disminución?

Las políticas públicas, estrategias y programas que permitieron disminuir en 42.8 por ciento en promedio los delitos de alto impacto, obedecen, en líneas generales, a los factores siguientes:

A.    Política criminal con una visión cada vez más integral, que focalizó una agenda de delitos y que generó inteligencia y así maleabilidad para actuar.

B.     Coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

C.     Incorporación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México "C5", que integra 13 mil cámaras con botones de pánico.

D.    Reuniones de trabajo de los Gabinetes Delegacionales de Seguridad, donde participa la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y los Gobiernos Delegacionales.

E.     Participación de organizaciones de la sociedad civil, con trabajo y acciones concretas en favor de la seguridad de personas, familias y grupos específicos.

F.     Leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, que colocaron a la CDMX a la vanguardia en diferentes agendas de derechos, en especial para grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

G.    La responsabilidad y trabajo de la Asamblea Legislativa, para cumplimentar el mandato constitucional de establecer la reforma al sistema de seguridad y justicia, bajo un nuevo sistema penal, en que predomina un sistema procesal acusatorio, con características de oralidad y adversarial, y autorizar recursos para implementarla.

H.    Un estado de fuerza de 90 mil elementos de seguridad pública y procuración de justicia, con capacitación continua, en el sistema procesal penal acusatorio.

I.       La aplicación de programas específicos como "Escudo Centro", "Escudo Ciudad de México", Pasajero Seguro, Viajemos Seguras, y Operativo Mala Copa, entre otros no menos relevantes.

J.       El trabajo directo con sectores y grupos de la sociedad civil, para generar estrategias y acciones para investigar los delitos y perseguir a los probables responsables.

K.     Un esfuerzo fiscal del Gobierno de la Ciudad y la Federación, por canalizar mayores recursos para personal, equipamiento, sistemas  e infraestructura en materia de seguridad pública, procuración de justicia e impartición de justicia.

L.      El compromiso de la Procuraduría, de destinar recursos para promover la recuperación emocional y económica de las personas vulneradas por el delito, a través del Fondo de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.

M.  La gama de servicios de atención ciudadana por medio de las plataformas tecnológicas, como MP Virtual, MP Transparente WEW, Denuncia Anónima, Llámale a tu fiscal, Aplicativo PGJCDMX, MP Virtu@l Itinerante, entre otros.

N.    La promoción de Programas Institucionales orientados al respeto, promoción y difusión de los derechos humanos; fomento a la cultura jurídica, a la denuncia, participación social y ciudadana; así como el Programa de Atención Telefónica 52 00 90 00, para orientaciones jurídicas.

Niveles mínimos históricos

El conjunto de evidencias disponibles permite aseverar que la CDMX durante la presente administración muestra niveles mínimos históricos en los delitos de alto impacto social; que en el año 2016 y 2017 se registró el incremento de algunos delitos de alto impacto; que se han hecho evidentes las conductas delictivas reiteradas por parte  de personas y grupos delincuenciales que, bajo el conocimiento del nuevo sistema procesal, evaden la prisión preventiva y justificada; y que los delitos con incremento pueden caracterizarse en dos grupos, a saber:

·        En el primer grupo, las personas utilizan armas de fuego y violencia para cometer delitos bajo la consideración de que su portación no es un delito que amerite la prisión preventiva oficiosa, asimismo, la violencia moral con portación de arma de fuego no es causa necesaria de prisión preventiva oficiosa; la proliferación de armas, está en la base de los delitos como el homicidio doloso, en conflictos cotidianos aparece con mayor frecuencia el uso de las armas.

·        En el segundo grupo, la delincuencia opera bajo la táctica de no utilizar la violencia ni las armas para cometer delitos patrimoniales, para acogerse a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), así como para acogerse al procedimiento abreviado, aceptando la responsabilidad y reparación del daño, a fin de obtener beneficios en cuanto a la pena de prisión, donde puede llegar a obtener beneficios preliberacionales.

En términos estadísticos, de los 14 delitos de alto impacto en el período 2000  a 2017, siete presentan el mínimo histórico en 2017 y cuatro están en el segundo nivel más bajo desde el año 2012. Por lo que 11 de los 14 delitos de alto impacto social en la actual administración, presentan mínimos históricos.

Para alcanzar estos resultados, se citan algunas acciones de procuración de justicia, que llaman la atención por el trabajo interinstitucional que significan y que expresan el esfuerzo de miles de personas que se desempeñan como servidoras públicas, el compromiso ciudadano con la denuncia y organizaciones sociales con alto sentido de responsabilidad y trabajo concreto en materia de seguridad y justicia.

En el periodo de diciembre 2012 a octubre 2017, se llevaron ante el Ministerio Público a 279 mil 582 probables responsables, de estos se consignaron a 85 mil 819 personas, se vincularon a proceso penal a 14 mil 374 personas, y la presentación de teorías del caso sólidas y pruebas por parte de los Ministerios Públicos, permitieron obtener 54 mil 550 sentencias ante los jueces.

En el área de labor pericial, de diciembre 2012 a octubre 2017, se tramitaron 1 millón 688 mil 250 intervenciones periciales en más de 36 especialidades que son medios sustanciales para establecer la responsabilidad en un delito.

La Policía de Investigación, recibió y atendió 80 mil 344 órdenes de investigación y realizó 21 mil 439 puestas a disposición de personas ante el Ministerio Público, con estricto respeto a los derechos humanos.

Posición 24 para la CDMX


Estas acciones, son en parte, un factor que explica que en el lapso 2012 al 2017, se tenga el nivel histórico más bajo de delitos de alto impacto.

De acuerdo con datos nacionales, la Ciudad de México ocupa la Posición 24 al mes de octubre de 2017, con una tasa delictiva por cada 100,000 habitantes, de 210.9 delitos de alto impacto, mientras que a nivel nacional es de 285.8 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, donde la posición número 1 es la de mayor incidencia delictiva.

Hay que mencionar, que en la CDMX el sistema procesal penal acusatorio está vigente para todos los delitos y en todo su territorio a partir de junio de 2016, por tanto, se vive una etapa de transición y consolidación, en que el gobierno de la ciudad coincide con las propuestas de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en el sentido de perfeccionar el sistema procesal penal acusatorio en nuestro país a vistas de los hallazgos y evidencias concretas que se viven cotidianamente en su operación, por ello se propuso: prisión preventiva para la portación de armas de fuego y también para un grupo de delitos que hoy no ameritan la prisión preventiva oficiosa, pero que trastocan los niveles efectivos así como la percepción de seguridad en la ciudadanía.  

Dr. Jorge A. Lumbreras Castro | Académico en la FCPyS - UNAM




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