En 2014 se votó una reforma electoral cuyo objetivo fue empatar las elecciones estatales con las federales. Puebla y Veracruz transitaron por esa vía, con las administraciones de Miguel Ángel Yunes Linares y José Antonio Gali Fayad, quienes gobernaron sus respectivas entidades por periodos de dos años.
En el caso de Baja California, la reforma a su constitución local, tendente a emparejar la elección de su gobernador con la presidencial, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 17 de octubre de 2014, para entrar en vigor durante el proceso electoral de 2027.
Pero el diputado local de Morena, Víctor Manuel Morán Hernández, presentó una iniciativa a efecto de extender el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien ganó la elección del pasado 2 de junio.
La iniciativa fue votada a favor por 21 de los 25 legisladores locales, incluyendo a la bancada del Partido Acción Nacional, en cuya acción demostró que sus intereses particulares están por encima de los derechos de los gobernados.
Y aunque la maniobra resulta inconstitucional —pues la nueva norma atenta contra el principio de irretroactividad— el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo se atrevió a defenderla en su columna de Excélsior de la semana pasada.
En su sesgo argumental, Peralta Saucedo hace una muy conveniente interpretación del principio de legalidad jurídica, pues considera que en ninguno de los 136 artículos de la constitución federal existe alguno que señale “la inviabilidad de un Congreso local para ratificar, rectificar o modificar una norma local, incluso su Constitución”.
Lo que no dice es que, si bien el congreso local tiene facultades para ratificar, rectificar o modificar normas locales y su propia constitución, también lo es que éstas deben respetar los actos emanados de la legislación vigente al momento de su realización y no contravenirlos mediante una reforma posterior.
Y aunque la medida abre la posibilidad de impugnarla a través de acciones de inconstitucionalidad —que pueden promover los partidos políticos con registro ante el INE, los partidos locales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— la defensa del subsecretario de Gobernación a dicho acto sólo puede leerse como una clara intencionalidad de pulsar e impulsar entre la opinión pública la posibilidad de abrir el camino de la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esa tesitura se manifestó también la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, para quien la inconstitucional modificación atiende a “una petición de la ciudadanía” que, desde su particularísima percepción “está cansada de tanta elección y yo creo que eso tendría que cambiar”.
Y aunque López Obrador hace como que “la virgen le habla” en relación a este tema y la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ha manifestado tímidamente su rechazo, lo cierto es que el presidente y su partido empujan la estrategia, que trae en la revocación de mandato, la clave para buscar alternativas al principio de no reelección, establecido en el artículo 83 de nuestra Constitución.