Lo que ha pasado con la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala es una clara radiografía de los males que aquejan a nuestro sistema de justicia.
Recordemos que el 27 de enero de 2015 el entonces Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó en conferencia de prensa la “verdad histórica” de este caso: los estudiantes habían sido confundidos como integrantes de un grupo rival, detenidos por policías municipales, entregados a integrantes del grupo “Guerreros Unidos”, para ser quemados en el basurero de Cocula y sus restos tirados en el Río San Juan.
Aunque desde hace tiempo esta explicación se estaba viniendo abajo, las revelaciones recientes dan un vuelco y permiten afirmar que dicha explicación es insostenible.
El supuesto esclarecimiento se construyó con serias anomalías. Una primera, es que a pesar de que existió información para formular diversas hipótesis de investigación, muy pronto se optó por la “verdad histórica” y la investigación se condicionó a ésta, ignorando cualquier otra posibilidad.
De hecho en abril de 2016 el Equipo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) refutó esta hipótesis y apuntaron diversas líneas de investigación (https://bit.ly/3h1BJp9)
La tortura fue la principal herramienta de investigación. Recientemente se ha difundido un video en donde aparece Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, interrogando bajo tortura a Felipe Rodríguez Salgado, “el Cepillo”.
Tiempo atrás ya se habían difundido otros videos de acciones similares, lo que dio lugar a que buen número de acusados que fueron torturados salieran libres, 78 de 142 personas.
El mismo GIEI, desde su primer informe, señaló casos de tortura en contra de algunas de las personas detenidas y en sus informes posteriores reiteró la acusación. En 2018 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó el informe Doble injusticia (https://bit.ly/3j365tr), ahí documenta al menos 34 casos de tortura en contra personas acusadas.
Una irregularidad más fue la negativa de investigar la participación y responsabilidad de miembros de la Policía Federal y del Ejército, pues la PGR se empecinó en señalar sólo a las policías municipales.
En los días recientes, se ha difundido información periodística demostrando que, tanto miembros del Ejército como de la Policía Federal, participaron en las detenciones y desaparición de los estudiantes.
Luego de lo informado por el Fiscal del caso, Omar Gómez, todo apunta a que la “verdad histórica” se desfonda y queda por delante la construcción de una nueva hipótesis coherente, creíble, sustentada, que señale la participación y responsabilidad de todos quienes estuvieron involucrados y, de igual manera, indique las numerosas omisiones que han impedido la justicia.
Ahora ya sabemos lo que no pasó en Ayotzinapa y por delante queda la tarea de esclarecer que sí sucedió. Ayotzinapa ha sido sinónimo de impunidad y ahora podría tornarse en verdad y justicia.
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