Hace poco más de un año muchos mexicanos nos sentimos conmocionados al escuchar las conclusiones de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Iguala. Nos sentimos indignados con la respuesta oficial pronunciada respecto a los homicidios, desapariciones forzadas y lesiones cometidas por autoridades locales en contra de ciudadanos.
De la manera más gráfica escuchamos la "verdad histórica" acerca de cómo, "sin lugar a dudas", 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron llevados, finados e incinerados en el basurero de Cocula. Esa verdad histórica fue blindada por las autoridades federales, ya que derivaba del mejor trabajo hasta entonces realizado por la PGR.
Sin embargo, como hemos visto en estos últimos meses, dicho trabajo no ha sido garantía de la exhaustividad, precisión y objetividad de la investigación. Esto se debe a que recientemente hemos tenido conocimiento de nuevas líneas de investigación que apuntan a que los jóvenes fueron llevados al Estado de México o Puebla, lo que pone en discusión toda la tesis que la PGR presentó bajo el liderazgo de Jesús Murillo Karam.
Debido a dichas cuestiones, hoy me siento completamente confundido en relación con los presuntos recientes hallazgos: ¿Tenían razón los padres de las víctimas en no querer reconocer los resultados de la PGR? ¿Tenían razón quienes dudaban que los jóvenes pudiesen ser incinerados en el basurero-río San Juan? ¿Tenían razón todos aquellos que desconocieron cada una de las declaraciones oficiales sobe el caso?
Si realizamos un recuento de lo que ha sucedido en poco más de un año, hemos escuchado tantas veces cómo se ha defendido una y otra vez el trabajo hecho por la PGR, hemos escuchado cómo han insistido que fue impecable. Asimismo atestiguamos cómo toda vez que una voz expresaba alguna duda, esta era inmediatamente desacreditada por autoridades y amigos de las mismas.
Creo firmemente que como sociedad difícilmente podremos avanzar sin haber atendido plenamente las necesidad de justicia y reparación del daño de las víctimas. Debido a esto aplaudo cualquier esfuerzo que nos pueda llevar a que nos encontremos cada vez más cerca a que esto se cristalice. No obstante, es importante cuestionarnos, ¿cómo podemos leer una línea de investigación completamente nueva que desacredita testigos y todo lo ha sido realizado previamente?
Sin lugar a dudas, este hallazgo es una oportunidad para darle justicia a las víctimas. Sin embargo, también es un hecho que se trata de un oportunidad para reconstruir las capacidades institucionales de procuración de justicia federal; para generar en los servidores públicos aquellos conocimientos, actitudes y valores que permitan peritajes e investigaciones suficientes para que exista un verdadero compromiso con la seguridad, la justicia y los derechos humanos en nuestro país.
Si hacemos una reflexión más amplia sobre lo que ocurrió con la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas y hacemos memoria de lo que ha sucedido, es un hecho que existen múltiples casos emblemáticos en los cuales los hallazgos “no dejan lugar a dudas”. Esto significa que hay cientos de casos, en los cuales las declaraciones de confesos han permitido construir hipótesis aparentemente firmes y exhaustivas que terminan por generar investigaciones débiles y viciadas. Para que esto suceda no es necesario que se trate de un delito grave sino que puede pasar con un robo o cualquier otro ilícito.
Debido a esta situación, espero que el compromiso por fortalecer la seguridad y justicia permita una investigación apegada a derecho de la desaparición de los estudiantes normalistas. Sinceramente creo que lo que está sucediendo debe marcar el inicio de una transformación profunda en la materia. Sin embargo, esto puede encontrarse en riesgo si se insiste en proteger a autoridades ineficaces, procesos obsoletos, trabajos deficientes; puesto que de dicha manera lo único que lograremos es mantener vigente la impunidad crónica que por tanto tiempo nos ha acompañado.
Hay demasiadas víctimas esperando poder empezar la sanación y un país entero que pierde cada vez más la confianza en las instituciones. Esto hace imperativo que exista un proceso transparente que explique qué pasó la terrible noche del 26 de septiembre de 2014 y que, al mismo tiempo, evidencie cada una de las fallas del proceso. Necesariamente, tenemos que saber qué falló, quién dejó de realizar su trabajo profesionalmente e hizo perder tanto tiempo en detrimento de la búsqueda de los estudiantes normalistas.
Esto es fundamental sobre todo tratándose de un caso que ha confrontado a nuestras autoridades con organismos internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos, así como con la sociedad civil y entre las propias organizaciones.
No se debe repetir nunca más un evento tan terrible, ni la manera en las que las víctimas han sido revictimizadas una y otra vez.