Al presidente López Obrador lo alcanzan sus convicciones, sus promesas de campaña, sus propios fantasmas.
La orden de dar a conocer las dos hojas de una conversación interceptada por uno de los Grupos de Inteligencia de Zona (GIZ) de las Secciones Segunda (S-2, Inteligencia) y Séptima (S-7, Operaciones Contra el Narcotráfico-OCN) en la que se dan detalles inéditos sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue más allá del gesto presidencial de abrir datos a la opinión pública como un acto magnánimo del Jefe del Ejecutivo.
El problema ahora es que al presidente se le pasó la mano, se le salió de control el manejo de un escenario que pensó positivo para demostrar liderazgo, apertura y compromiso hacia un tema candente y espinoso como el de la desaparición de los normalistas, en la que siempre se supo que hubo militares vinculados al menos como testigos de una parte de los hechos.
Hoy sabemos, como una de las consecuencias de lo revelado en el texto emitido por el Centro de Mando e Información (CMI) al Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), que en los días previos y posteriores al 26 de septiembre de 2014 los órganos de inteligencia militar monitoreaban –como lo han hecho desde hace varios años en Guerrero y en otros estados– las conversaciones de los policías de Iguala, de los integrantes de Los Rojos y de otros actores del conflicto estudiantil para darle seguimiento de gabinete a una serie de escenarios de alto riesgo en Guerrero.
Las dos hojas del CMI al EMDN revelan que el Ejercito conocía detalles no registrados acerca de la desaparición de los 43 normalistas y que los tuvo en sus manos sin que se les incorporara como elementos clave en la investigación para dar con el paradero de los normalistas.
En aras de responder a una exigencia de transparencia informativa negada al diario El Universal en torno a los interrogatorios a 30 militares del caso Ayotzinapa, López Obrador ha destapado su propia caja de Pandora, le ha abierto a la SEDENA un flanco inesperado que deja más sombras y dudas sobre lo que conoció y conoce el Ejército acerca de los 43 estudiantes desaparecidos.
Detrás de las dos hojas reveladas hay un monitoreo e intervención de comunicaciones mucho más amplio y detallado. Así operan y han operado los órganos de inteligencia militar de la SEDENA en Guerrero, en Chiapas, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Sonora, en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato, en el Estado de México y en otros estados y regiones en donde hay escenarios y objetivos de interés a seguir.
Los documentos dados a conocer dejan muchas preguntas y dudas severas acerca del accionar y los manejos del Ejército Mexicano en temas en extremo delicados en los que se nos vendió siempre la idea de que la institución armada se había manejado con transparencia y claridad. No fue así.
Todo esto molesta de nuevo a los militares, a los actuales jefes y mandos del Ejército sacudidos por el culiacanazo, contrariados y nerviosos por el caso Cienfuegos y presionados ahora por el anuncio de la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los brutales años de la guerra sucia.
Imbuido por la idea del respeto a los derechos humanos, del combate a la corrupción y del compromiso para resarcir a las víctimas de los delitos graves cometidos en el pasado, se embarca en la tarea de sumergirse en los dolorosos e impunes años de la guerra sucia que el Estado Mexicano, el Estado priísta, lanzó para acabar con guerrilleros, maestros, campesinos, líderes sindicales, activistas, luchadores sociales y críticos de un sistema cimentado en la corrupción, en el abuso, en la intolerancia y la impunidad.
El aparato represor que llevó adelante la guerra sucia estuvo encabezado por el Ejército y la Fuerza Aérea. En menor medida, por la Marina. el Estado Mayor Presidencial (EMP) fue pieza clave en varios episodios brutales como el de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, convertido en catalizador para el surgimiento de las guerrillas urbanas.
Los cuerpos policíacos, los grupos paramilitares como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el Servicio Secreto (SS), la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), la Policía Judicial Federal (PJF) y las policías de varios estados involucrados en diversas formas en la ola represiva y aniquiladora, le dieron cuerpo a la guerra sucia en la que hoy el presidente busca llegar a la verdad de los hechos que mancharon con sangre a las instituciones que él mismo ha encumbrado en apenas tres años de gobierno.
En el 2002 Vicente Fox fracasó en su desordenado intento por esclarecer justamente los agravios cometidos durante la guerra sucia por militares y policías. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que encabezó el doctor Ignacio Carrillo Prieto, fue un fiasco total que intentó hacer justicia a partir de un esquema jurídico que jamás tuvo futuro.
Las pesquisas sobre la matanza del 2 de octubre de 1968, el “halconazo” del 10 de junio de 1971, la guerra sucia de los años 70 y 80 y otros episodios de brutalidad del Estado Mexicano terminaron en nada.
López Obrador tendrá menos tiempo que Fox para entregar resultados y lo hará a partir de lo que el ex presidente panista dejó en archivos, que no es poco y al mismo tiempo será insuficiente para ventilar con nombres, apellidos, grados, armas, servicios, cargos y hechos comprobados a algunos de los responsables de la represión instrumentada por el Estado Mexicano a través de los militares hoy encumbrados por el tabasqueño, apoyados en su momento por policías y corporaciones de vergonzosa memoria.