Ayotzinapa: una ruta paradigmática para el país

El pasado cuatro de diciembre, el Presidente de la República expidió el decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia. Al hacerlo, marcó el camino para dar cumplimiento a uno de sus ofrecimientos de campaña: llegar a la verdad de lo acontecido en relación con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, a través de los buenos oficios de una Comisión especialmente creada para ello.

En México hemos atestiguado un creciente fenómeno de violencia e inseguridad, que ha resultado en un gran número de víctimas, entre desaparecidos y muertos. En medio de esto, múltiples voces han denunciado actos violatorios de libertades fundamentales, en los que presuntamente han actuado fuerzas de seguridad de los distintos niveles de gobierno. Sin duda, el de los estudiantes desaparecidos es uno de los casos más emblemáticos en este contexto, pues involucra un gran número de afectados en un sólo hecho, todos estudiantes de una Normal Rural.

Ayotzinapa

Esta Comisión, encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, tiene ante sí la tarea de revertir la desconfianza y el descrédito que desde amplios sectores de la sociedad se ha dado a la actuación de las distintas instancias gubernamentales implicadas en la investigación de los hechos, particularmente a la PGR. Contrastar la llamada verdad histórica acerca del trágico suceso encuentra un importante apoyo en los términos contenidos en el decreto, especialmente en la incorporación de las familias de los 43 como integrantes de la Comisión, pues esto supone abrir un espacio de diálogo y de acción conjunta con los afectados.

La naturaleza referencial que tiene el caso Ayotzinapa debe constituirse en un aspecto guía para la actuación del gobierno en busca de desentrañar la verdad de lo que aconteció en este país en los últimos años, en que la bruma de la lucha contra la delincuencia organizada ha tenido como trasfondo la ausencia de miles de personas, multiplicidad de homicidios y zonas del país donde se perciben grandes dificultades para afirmar el imperio de la ley.

Lo anterior permite establecer un panorama poco alentador sobre nuestro pasado reciente que, por ende, requiere la construcción de un consenso sobre lo que sucedió. Es fundamental crear, por la vía de las instituciones, las condiciones para dar paz y reposo a muchos familiares que aún esperan el regreso de sus seres queridos o, por lo menos, saber lo que les aconteció. Además, el esclarecimiento de los acontecimientos requiere la procuración e impartición de justicia.

Caso Iguala

El reto de resolver el rompecabezas del caso Iguala es complejo, más aún si se considera a las instancias internacionales que han manifestado inquietudes y dudas sobre la versión oficial de los hechos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a lo que se añade la opinión contrastante de los familiares de los desaparecidos.

La voluntad de atender debidamente los hechos de Ayotzinapa manda un mensaje poderoso a la sociedad: la democracia implica la eliminación de la impunidad y de la desmemoria, por ende, el Estado no puede permitirse la pasividad ni la omisión, mucho menos la sordera ante la perspicacia y sospecha social. En este sentido, las garantías de que la búsqueda de la verdad es sólida, serán dadas por la cooperación interinstitucional que deberá marcar las indagatorias de la Comisión, y necesariamente tendrán que ser acompañadas de la más absoluta rendición de cuentas, en aras de fomentar la credibilidad de las conclusiones a las que se llegue. Transparencia amplia, explicación razonada y suficiente de las decisiones, así como la imposición de sanciones a que haya lugar, son aspectos irreductibles ante una sociedad que merece un cambio en la manera como se resuelven los asuntos relevantes en materia de derechos humanos en nuestro país.

Comisión de la Verdad

El trabajo coordinado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB debe ser prioridad para el nuevo gobierno, por lo que merecerá que el mandato a todas las instancias de la administración pública federal se materialice en la colaboración efectiva, en los términos del decreto, para que, “dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad”.

Un caso tan doloroso para nuestra sociedad necesita respuestas contundentes, efectivas y creíbles, pues pone en tela de juicio la esencia misma de la naturaleza del Estado, como ente al que las personas delegamos nuestra representación para la preservación del pacto social. La instauración de la Comisión representa un buen comienzo para deslindar responsabilidades de las autoridades que no pudieron evitar o sancionar actos ilícitos sumamente graves, así como para reparar, en la medida de lo posible, la deuda social que se tiene con quienes vieron conculcados sus derechos. Es deseable el más pleno éxito para la Comisión, porque lo será para toda la Nación.

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areli.cano09@gmail.com

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