A propósito del primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa en Guerrero, van algunas reflexiones que siguen vigentes.
Se trata de una crisis en la seguridad nacional mexicana, que confrontaría a los ciudadanos y la clase política; los primeros en reclamar a los segundos la responsabilidad política del ex gobernador Ángel Aguirre y del ex procurador Jesús Murillo Karam; y por su parte, la clase política en aminorar los efectos generados por las graves violaciones de derechos humanos, como consecuencia de la impunidad y de la corrupción, que trascendieron fronteras como el problema mismo, y enmarcarse en el derecho internacional.
Nuevamente la protesta del sábado pasado en diversas ciudades de México y en el extranjero no debe ser desestimada o subestimada por la autoridad, de lo contrario, generaría condiciones para iniciar otro movimiento subversivo.
Derivado de dichos acontecimientos se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político, social y de seguridad.
Del área política, esta crisis evidenció la permisibilidad y tolerancia de las actividades de los militantes y sus élites al interior de los partidos políticos. Esto muestra la necesidad de implementar la Comisión Nacional Anticorrupción, como un organismo autónomo para evitar prácticas ajenas e ilegales a las del servicio público.
Cuando en un principio el presidente del PRD, Carlos Navarrete, defendió al gobernador Aguirre, ahora ni es mencionado en pláticas de café. En su momento, es probable que en el cálculo político haya considerado que Guerrero sería una plaza perdida para su partido.
Esta crisis del área política trajo consigo la percepción ciudadana, de un silencioso pacto de impunidad que pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para ocultarse de corruptelas de sus integrantes. Aquí subyace la percepción de que el ex gobernador Aguirre dejó la gubernatura, a cambio de inmunidad política.
En el campo de seguridad, vino a demostrar la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad en estados y municipios. Vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación política de la ley. El ejemplo más palpable: La liberación de Florence Cassez, de Rafael Caro Quintero o por supuesto, la liberación de Raúl Salinas de Gortari y la devolución de su millonario patrimonio, que poco faltó para que la PGR le pidiera perdón.
Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno, en nuestro perjuicio.
Demostró el estado decadente en el que se encuentran los derechos humanos en México. Tema en el que nuestro país ha salido con una pobre calificación por organizaciones internacionales de la materia, como consecuencia de una política deficiente en la defensa de los derechos humanos.
Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, pero más aún, las cuentas pendientes que se derivaron, como consecuencia de la presentación del informe del Grupo de Especialistas Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las que se generaron más dudas que certidumbres.
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