Entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 muchachos en Guerrero. Al caso se le denominó “Ayotzinapa”, y a casi cinco años de los ocurrido cada día parece complicarse más su solución; cada día que pasa los padres de los jóvenes mantienen la esperanza de encontrarlos con vida –aunque cada día más lejana por lo que se ve– y cada día todos ellos quieren que se aplique la ley, con justicia...
Toda ley deberá tener como fin último el cumplimiento de la justicia. Por tanto si la ley es buena deberá conseguir que quienes cometieron un acto criminal, de toda naturaleza, tengan el castigo exacto y proporcional a lo cometido. Así, y sólo así, se justifica un Estado de Derecho, como es el que se dice que vivimos en nuestro país.
Pero no es tan así. Desde que ocurrió aquella tragedia, aun irresuelta, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo bolas el engrudo y emitió una declaración que dejaba en claro lo que se supone que ocurrió: la famosa “Verdad histórica” declarada por el entonces Fiscal de la Federación, Jesús Murillo Karam, junto con otros funcionarios de esa administración: Tomás Zerón de Lucio, José Aarón Pérez.
Poco a poco se supo que aquella conclusión no correspondía con lo que investigaciones posteriores han arrojado; los padres empeñados en descubrir la verdad de los hechos y encontrar a sus hijos, han hecho lo que todo padre haría: presionar para conseguir la verdad, sea cual sea...
Luego, durante su campaña para ser presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que de llegar a la presidencia haría una investigación exhaustiva sobre el caso “Ayotzinapa”, toda vez que los padres de los muchachos desaparecidos acudieron a él para conseguir su compromiso.
Y ya en el gobierno puso manos a la obra y en diciembre de 2018 firmó un Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, con éste, dijo, se garantiza a madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” que no habrá impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer justicia.
“Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”. Dijo entonces.
En adelante se ha reunido con el grupo de Padres de Ayotzinapa para insistir en que se habrá de conocer la verdad de lo ocurrido y el paradero de los muchachos. Y para esto nombró a Alejandro Encinas como sub secretario de Derechos Humanos, Población y Migración, en la Secretaría de Gobernación...
Pero el eje central de todo esto, hoy, es la sorprendente decisión de un juez en Tamaulipas, que permitió la liberación, el 30 de agosto pasado, de uno de los detenidos más señalados en el caso “Ayotzinapa”, Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, presunto “lugarteniente” del grupo criminal Guerreros Unidos y quien fuera acusado de tener un papel determinante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.
“Se dicta sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, por el ilícito de privación de la libertad, en la modalidad de secuestro”, se lee en la sentencia. Ese día también fueron absueltos y liberados otros tres hombres: Joaquín Lagunas Franco, “El Omega”, Juan de la Puente Medina y Óscar Veleros Segura, acusados por el delito de delincuencia organizada.
Y más: apenas la noche del 14 de septiembre, casi en la clandestinidad, el juez el mismo juez Samuel Ventura Ramos, liberó a 24 inculpados por el mismo caso “Ayotzinapa”.
Esto provocó la indignación de Alejandro Encinas quien dijo: “Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla, porque estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y ola impunidad para conocer la verdad, demuestran la podredumbre del sistema de impartición de justicia del país, que huele a podrido”.
Así que como en aquella canción: “Yo tenía diez perritos...”, ahora resulta que de las 142 personas que estaban detenidas por los hechos ocurridos en Guerrero en 2014 ya se había liberado a 53, luego los 24, por lo que quedan recluidos 65, y el mismo Encinas teme que se absuelva a más.
¿Por qué? Distintas presuntas razones, las de siempre: ‘La Fiscalía no aportó pruebas suficientes para la culpabilidad’ o que se utilizó tormento para obtener declaraciones (lo que obligaría a reponer el caso, no a liberar a los presuntos culpables)... O hasta que, como siempre, pudiera no haberse integrado bien el expediente... y tal...
Lo cierto es que con esto el caso “Ayotzinapa” se complica aún más, se demuestra así que el apartado de la administración de justicia en nuestro país tiene fallas que deben ser revisadas a fondo, ya porque la ley lo permite o porque se rebasa el imperio de la ley.
Al momento Encinas dice que la Fiscalía General de la República presentará recursos y diligencias para responsabilizar a funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en la investigación, y dice los nombres: Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez C.
Pero lo que es cierto es que un procedimiento que pudo solucionarse pronto, en su momento, como fue aquel 2014, pero las complicidades, los silencios, las corruptelas y la impunidad de muchos campearon en este caso...
Ojalá que todo este enredo se solucione y termine por ejercerse el derecho, la ley y la justicia: todo junto, porque no pueden estar separados a riesgo de repetir esta historia vergonzosa para todos y dramática para los padres de los muchachos, estudiantes de Ayotzinapa.