Vergüenza e indignación nacional es el sentimiento de los mexicanos frente a la masacre de 28 estudiantes en Ayotzinapa. Cada vez que muere un joven o un niño la conciencia del país recibe un tremendo golpe.
Ni perdón ni impunidad para los asesinos, es la promesa presidencial de Enrique Peña Nieto quien tiene la responsabilidad, como jefe de Estado, de aclarar estos hechos que le echan aún más barro a su cuestionada administración.
La ley debe ser aplicada, sin contemplaciones, contra los responsables. Sancionarlos de manera estricta y revelar la verdad de estos luctuosos acontecimientos es una responsabilidad del Estado mexicano. El país espera que se conozca a fondo los acontecimientos en Iguala, Guerrero.
Si Peña Nieto, como presidente de México está "profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose", la comunidad nacional e internacional no deja de asombrarse de estos hechos que ocurren en un país donde ha habido enormes costos y un gran caudal de muertos, en el marco de la lucha contra la narcoactividad.
Los jóvenes estudiantes, afectados y violentados en sus derechos, no merecían morir. De hecho nadie merece perecer de esa u otra forma. La violencia no conduce a nada. El pasado 27 de septiembre el grupo de fallecidos desapareció y el hallazgo de sus restos constituyen un delito de lesa humanidad, de acuerdo a la percepción del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
Hubo desaparición forzada y esto revela que en el tema de seguridad estamos hasta las “patas”. Hoy sólo queda investigar esa desaparición de personas cuyos restos aparecieron calcinados y algunos fragmentados.
Los jóvenes fueron levantados y todo apunta a un alto grado de responsabilidad del director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado, quien dio la orden a sus subalternos de ir a donde protestaban un grupo de los normalistas y trascendió que un individuo apodado El “Chucky”, líder del grupo Guerreros Unidos planteó levantarlos para ejecutarlos.
Los estudiantes fueron rociados con diesel, gasolina o petróleo y por tanto hubo una ejecución extrajudicial que indigna a los mexicanos.
Lo grave de todo esto es que hay miembros de la policía de Iguala vinculados al crimen organizado y se sospecha que el alcalde de ese lugar, José Luis Abarca, conocía el accionar de varios de los detenidos. Por lo pronto 30 integrantes de la Policía Preventiva de Iguala tienen nexos con el narcotráfico, según las primeras indagaciones.
Algunos de los normalistas fueron llevados a un cerro en Pueblo Viejo donde El Chucky dio la orden de ejecutarlos.
Otra versión apunta a que fue la policía la directa responsable y ahora deberán ser sancionados los culpables por violaciones graves a los derechos humanos, derivadas en ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas.
Ni impunidad ni olvido y que no se vuelvan a repetir estos hechos que causan una vergüenza y coraje nacional.