A principios de diciembre de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Senado de la República para que los agentes extranjeros, como los de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que operan en México, no sólo tendrían prohibido aplicar leyes extranjeras en nuestro territorio, sino que además estarán obligados a proporcionar a las autoridades mexicanas la información que recaben en su estancia.
Tal iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, dijo entonces, “busca ‘limitar’ la actuación de los agentes extranjeros que operan en nuestro país, por lo cual no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos”.
Así que la Cancillería, de acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional y Marina, otorgarán la acreditación correspondiente y definirá la circunscripción territorial del agente extranjero. “Se les autorizará portar las armas de fuego que en su caso autorice la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Y, sobre todo: “Estarán obligados a presentar a la Cancillería y a la SSPC un informe mensual. Tendrán prohibido realizar detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que viole de la Constitución mexicana...”. Y más.
Y todo esto se dio a raíz de la detención en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, del general Salvador Cienfuegos el 15 de octubre de 2020. El arresto se dio a petición de la DEA por los presuntos ilícitos de narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno mexicano fue informado de última hora por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.
Pero sobre todo, esta detención causó un gran enojo en el gobierno de México que reaccionó exigiendo explicaciones y, sobre todo, que la DEA no le hubiera informado previamente sobre su intención de detener al General y las razones de ésta.
Luego de negociaciones de altísimo nivel entre los dos gobiernos, el 18 de noviembre fue liberado y llegó a México bajo el compromiso de que aquí sería juzgado por las presunciones de la DEA.
Al llegar se le notificó que se abría una investigación en su contra y puesto en libertad ese mismo día para seguir el procedimiento en casa. El 14 de enero el gobierno lo exoneró de las acusaciones.
Pero al gobierno mexicano le quedó el resquemor por lo ocurrido; por la detención a la que calificó como arbitraria y fuera de coordinación; y porque se acusó de abusos de los agentes de la DEA destacados en México.
Durante mucho tiempo los agentes de la DEA, de la CIA y otras organizaciones estadounidenses han estado en México “como Pedro por su casa” y están hasta debajo de las piedras, con el pretexto de la colaboración entre países, intercambio de información y apoyos para el control de la criminalidad en México, aunque lo que a ellos les ocupa es su seguridad nacional.
Natural que lo ocurrido fue motivo para controlar esta situación y saber quiénes de ellos están aquí, cuántos son, cómo operan, qué información tienen y en qué están metidos. Y sobre todo que no pongan en riesgo ni en entredicho a los aparatos de seguridad nacionales.
Pero con todo y esto, México parece depender de la información que tienen las agencias estadounidenses toda vez que éstas han contribuido a la detención de algunos integrantes del crimen organizado, del narcotráfico y aun delincuentes comunes. Muchos de ellos extraditados para ser juzgados en Estados Unidos con la aprobación del gobierno mexicano.
Pero ese nuevo modelo de relación que impone México ha caído mal en Estados Unidos, sobre todo entre las agencias que operan en nuestro país. De tal forma que daría la impresión de que la colaboración y coordinación entre las partes parecía estar en un punto muerto.
Y por eso mismo llamó la atención que el presidente de México anunciara la mañana del 24 de mayo que a petición suya a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le fue entregado parte de un expediente con información que sus agencias conocen sobre el caso Ayotzinapa.
Esto es, que deben tener información que México no tiene y que, por lo mismo, podría ser de mucha utilidad para saber el paradero de los jóvenes normalistas desaparecidos.
Es lamentable que luego de tantos años el gobierno de México no haya llegado a descubrir el destino de los muchachos y las razones e involucrados en el tema. O si lo saben es probable que sea por razones de Estado que no las dan a conocer. ¿Qué aportará Estados Unidos? Ahí está el meollo en este momento. El presidente dice que no dará más información al respecto. ¿Por qué?
Ya veremos luego cómo deriva el tema Ayotzinapa con el expediente de EU y, por otro lado, en qué punto seguirán las operaciones de los agentes internacionales en el país luego de las exigencias mexicanas, razonables, sí, pero nada diplomáticas en momentos de rispidez entre el gobierno mexicano y el de Joe Biden en Estados Unidos.