Los momentos más oscuros de la historia siempre se han caracterizado por atrocidades que permanecen durante siglos. Sin duda, los días 26 y 27 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero, serán considerados como momentos que marcaran un antes y un después en México, por los 6 homicidios y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Las seis personas que fueron privadas de la vida, en forma cobarde y ruin, son:
- David Josué García Evangelista;
- Víctor Manuel Lugo Ortiz;
- Blanca Montiel Sánchez;
- Julio César Ramírez;
- Daniel Solís Gallardo, y
- Julio César Mondragón Fontes[1].
Los tres últimos estudiantes de Ayotzinapa. Esta masiva violación grave de derechos humanos ha marcado a un territorio, Guerrero, de por sí hambriento de justicia y que ha vivido décadas de desapariciones forzadas, como fueron los casos de la guerra sucia de los años 60 y 70.
Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, han encontrado en cada momento impunidad en un conjunto de instituciones federales que no han podido abonar a la solución de esta gran atrocidad. La voz de los padres de los normalistas, se ha escuchado en México y el mundo. Su demanda central es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de normalistas, que se conozca la verdad y se castigue a los responsables materiales e intelectuales de tan artero crimen, que es un crimen de lesa humanidad y contra la misma sociedad mexicana.
Es totalmente reprobable que a dos años de la búsqueda de los jóvenes, estos no hayan sido localizados ni mucho menos se haya podido dar con los responsables materiales e intelectuales. El gobierno federal ha mantenido con sospechosa tozudez la hipótesis totalmente insostenible de la "verdad histórica", consistente en que los 43 jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula.
No ha investigado la PGR auténticamente si los jóvenes fueron llevados por sus captores a otros municipios como Huitzuco (que la CNDH ha señalado) o Eduardo Neri. Tampoco el gobierno ha permitido que las investigaciones puedan avanzar en interrogatorios sólidos a militares del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, que pudieron haber tenido conocimiento de los hechos.
Después de muchas exigencias por parte de la sociedad mexicana y la presión internacional, el gobierno federal suscribió un acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con fecha 12 de noviembre de 2014. La CIDH acordó los términos de un acuerdo tripartito firmado con el Estado mexicano y con las organizaciones no gubernamentales que representan a los estudiantes víctimas de desaparición forzada de Iguala y sus familias.
Este acuerdo dio origen a los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien realizó una ardua labor de investigación que hizo trizas la "verdad histórica" y permitió que, no obstante la decisión del gobierno federal, el caso volviera a ocupar la mayor atención nacional e internacional. Las hipótesis, conclusiones y recomendaciones del GIEI no fueron del agrado del gobierno quien, decidió terminar con la participación de este grupo de expertos, sin tomar en cuenta que su presencia podía extenderse por el tiempo que fuera necesario, de acuerdo al convenio citado.
México y Guerrero, ya no debe ser fosa común de los desaparecidos, a dos años de estos lamentables sucesos, no debe quedar impune y por lo tanto el Gobierno Federal debe de acatar la Resolución 42/16 de seguimiento de la medida cautelar No. 409 Asunto Estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” respecto de México 29 de julio de 2016, que emitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que el Estado mexicano tiene que dar cumplimiento.
Si bien es cierto, que con fecha 09 de septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncio el inicio de la fase de implementación del mecanismo de seguimiento especial a la medida cautelar 409/14, otorgado en relación con los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, es bien cierto que el Gobierno Federal no quiere acatarlo a cabalidad.
Esta semana hizo acto de presencia en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa para brindar su apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Jan Jarad, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Unidas para los Derechos Humanos, quien denunció que aún no hay garantías de que todos los responsables de los hechos sucedidos en Iguala sean castigados. Lo anterior demuestra que los organismos internacionales están atentos de lo que sucede y el elevado grado de impunidad que prevalece en este caso y muchos más.
El caso Ayotzinapa es una herida abierta que no se cerrará hasta que se conozca la verdad, se castigue a los responsables y haya garantías ciertas de no repetición de esta infamia que tanto ha lastimado a las familias de las víctimas y a los mexicanos. Para tal efecto, es indispensable la participación de organismos internacionales como coadyuvantes en el caso, sino es así el gobierno federal sólo administrará los tiempos, esperando darle carpetazo a estos hechos incalificables.
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[1]INFORME AYOTZINAPA, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), México 2015.