Parece que se encuentra lejos de solucionarse el paradero de los 43 estudiantes desparecidos la noche y madrugada del 26 al 27 de septiembre pasado, en el que se han desbordado crisis políticas locales y nacionales, pero también crisis de Estado.
Son crisis políticas porque se encuentra vinculado a la estructura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su desgastada clase política. Tiene también su colaboración en esta crisis, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Es crisis de Estado, porque ha puesto en evidencia las crisis en políticas públicas en diversas materias, como inteligencia, seguridad y principalmente, derechos humanos.
Esta parte de derechos humanos mereció una atención especial del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, quien a inicios de este mes recibió a la representación mexicana quien informó sobre el estado en que se encuentra el tema de las desapariciones, a propósito del caso Ayotzinapa.
Como usted sabe, México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención contra Desapariciones Forzadas y por tanto, está obligado a presentar un informe para revisión del Comité.
Es un problema de Estado, porque se dejaron vulnerables los subcampos del poder social, al permitir el Estado mexicano que la delincuencia superara, por la causa que haya sido, la capacidad de respuesta instalada para proteger a la ciudadanía.
Abrió otros frentes de crisis para el gobierno federal, por otros casos de desapariciones en el mismo Guerrero, cuando se descubrieron fosas clandestinas con más cuerpos de los que la autoridad buscaba.
Se evidenció la nula vigencia y sincronía de la Agenda Nacional de Riesgos, que no pudo prevenir los eventos de Ayotzinapa.
Mientras tanto, al gobierno federal le ha sido más que difícil, contener la opinión pública nacional e internacional, como consecuencia de los sucesos de Ayotzinapa.
Se dejó en evidencia el estado de vulnerabilidad de los subcampos del poder político, cuando el PRD y la clase política local, de alguna u otra manera toleraron o consintieron que su militancia se involucrara con la delincuencia.
No solamente esto, sino que vino a relucir las redes de delincuencia que tejió el poder político con la delincuencia y cuyo asiento encontró una zona de confort en el gobierno del PRD en Iguala, con la posible complicidad del gobierno de Guerrero del fallido gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Esta última consideración pudiera ser la causa de la integración de la delincuencia en diversos municipios de otras entidades federativas, cuando encuentran condiciones de corruptibilidad en el poder político gobernante.
Por su parte y en un intento por presentar lo que llama como “verdad histórica”, la Procuraduría General de la República mostró información, que en la opinión del equipo argentino de investigadores forenses, integrado por 30 profesionales de México, Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia y España, capacitados en antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística, criminalistas especialistas en fuego, genética forense, botánica y entomología forense.
El equipo multinacional de forenses llegó a la conclusión de que la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, cometiendo errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos enviados a Austria. Mientras tanto, la PGR intenta desmentir lo dicho por los forenses, sin credibilidad.
¿En qué lugar colocará la historia a este asunto que aún no termina?