Opinión

Autonomía y democracia

Los órganos autónomos deben continuar con esa labor de ser un contrapeso público y la voz de quienes han permanecido silenciados por mucho tiempo. | Leonardo Bastida

  • 27/06/2020
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Espacios que propician la corrupción, áreas donde se suelen colocar a personas allegadas a alguna corriente política o donde se otorgan puestos a discreción para pagar cuotas políticas, oficinas que crecieron como hongos, instancias que sirven para "maicear" u oficinas de gobierno que nadie conoce son algunas de las maneras con las que el titular del ejecutivo de la nación ha definido a los órganos autónomos y/o descentralizados a lo largo de los ya casi dos años de su administración

En la última semana se ha revivido el análisis de la pertinencia de la existencia de estos organismos a raíz del anuncio del propio presidente de evaluar el funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; de revisar los presupuestos asignados a instancias como el Instituto Nacional Electoral o a la Comisión Reguladora de Energía y la propuesta del senador Ricardo Monreal de eliminar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones para aglutinarles en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

Bajo un discurso de austeridad se ha propuesto evaluar el costo de cada uno de estos órganos y determinar cuáles deben ser absorbidos por otras instituciones, cuáles deben desaparecer o reconfigurarse en una institución más amplia que cubra varias funciones a la vez, perdiendo totalmente su carácter autónomo.

Tras analizar la controversia constitucional 32/2005, interpuesta por el gobierno municipal de Guadalajara a fin de evitar la creación del Instituto de Transparencia de Jalisco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este tipo de organismos son parte de una forma de poder en busca de un equilibrio constitucional, en el que, más allá de los tres poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial), surgen entidades para distribuir funciones o competencias en aras de lograr una mayor eficacia en las actividades estatales.

La propia Corte los ha caracterizado como organismos que deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; deben mantener una coordinación con los otros órganos del Estado; cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera, y atienden funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Instaurados en México a partir de la década de los 90 con la creación y reconocimiento constitucional del entonces Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, estos entes tienen sus antecedentes directos en Europa y Estados Unidos, donde a mediados del siglo pasado, se determinó o se reconoció su existencia, surgiendo las defensorías del pueblo y algunos tribunales constitucionales.

En la realidad mexicana, a partir del reconocimiento de los primeros organismos, conforme se fueron realizando modificaciones a la Constitución y se incorporaron derechos a la misma, se crearon otros organismos como Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos entre muchas otras. Las cuales, serán sometidas a revisión próximamente.

Actualmente, como han sugerido varios autores, debería replantearse el papel de los organismos autónomos a través de un reconocimiento homologado en el texto constitucional, y no como ocurre hoy en día, que están separados y aislados, dentro de la propia Constitución; revisar sus funciones y atribuciones a fin de fortalecerlas para un mejor cumplimiento de las tareas para las que fueron creados; evaluar el presupuesto asignado para su funcionamiento para determinar su eficiencia o insuficiencia;  potencializar su vínculo con la sociedad en general, debido a que muchos de ellos aún son desconocidos en algunos sectores de la población o han sido conceptualizados de manera negativa, y robustecerles para ser entes claves en la vida pública del país.

Si bien el concepto democracia ha sido múltiplemente cuestionado y puesto en duda, como señala Ronald Dworkin en su análisis sobre la posibilidad de la democracia, las ideas no pertenecen a nadie en particular y deben pertenecer a todos en general, por lo que todas las personas deben ser escuchadas, partiendo de la noción de que son libres e iguales. Por tanto, un gobierno debe escuchar todas las opiniones, aunque sean contrarias a su pensar, y bajo esa premisa, los órganos autónomos deben continuar con esa labor de ser un contrapeso público y la voz de quienes han permanecido silenciados por mucho tiempo. El reto es garantizar que logren ser esa contracorriente y no permitir que sucumban ante un diálogo con tintes de monólogo.