Opinión

¿Austeridad electoral?

La austeridad en los procesos electorales no tendría por qué limitar la legitimidad ni los principios rectores del INE. | José Antonio Sosa Plata

  • 27/06/2019
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Todos lo sabemos. Los procesos electorales en México son muy caros. Por eso es importante analizar y discutir a fondo la iniciativa de #ReformaElectoral que propuso la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

El debate en las últimas semanas ha sido intenso. Habrá que seguirlo en los meses siguientes con mucha atención. De las conclusiones y acuerdos que tomen los partidos dependerá el futuro de nuestro sistema político, sobre todo en la protección de los avances que hemos logrado en la certeza, credibilidad y pluralidad que sin duda hoy tienen las elecciones.

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La reforma del Estado es indispensable. Los errores, omisiones y problemas que ha generado la legislación vigente no han afectado en forma significativa la legitimidad de los procesos, pero sí han provocado un gasto desmedido e injustificado.

La mayoría de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (#INE) lo consideran un gasto indispensable. Tienen razón. Sus argumentos están plenamente justificados si se analiza el presupuesto en relación con las atribuciones que les corresponde cumplir.

Otros, como el Consejero Marco Antonio Baños, piensan que se debe “construir una reforma que no mezcle agendas administrativas con aspectos sustantivos de la representación partidaria, o hasta del nombramiento de árbitros desde la fuerza política preponderante”.

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Los temas que se han considerado para la nueva reforma son complejos y diversos. De ahí la importancia que han tenido los foros que organizó la Cámara de Diputados hace unos días. El abanico de diagnósticos y propuestas es tan amplio que su revisión requerirá de mucho tiempo, imparcialidad, objetividad y profesionalismo si en verdad se quiere impulsar un modelo acorde con nuestra realidad económica.

Cualquier cambio implica riesgos. Obvio. Pero lo que se tiene que evitar a toda costa es que se continúe dilapidando tanto dinero en las elecciones y que la nueva normatividad no permita que se afecte la autonomía, eficacia y fortaleza de las instituciones electorales.

Lorenzo Córdova, el consejero presidente del #INE, lo sintetizó en forma clara y sencilla: La reforma debe "privilegiar la autonomía, la operatividad del sistema electoral y el pluralismo político". Sin embargo, la defensa principal de su visión no debería limitarse a los aspectos relacionados con la estructura operativa del INE, la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el recorte de Consejeros en el INE, la reducción de prerrogativas o la disminución del tamaño de las Cámaras del Congreso

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La realidad lo ha confirmado elección tras elección. La sobre regulación de nuestro marco legal solo elevó el costo de las elecciones. Tanto así, que el proceso de 2018 fue de más de 28 mil mdp, de los cuales el Instituto Nacional Electoral (INE) gastó más de 17 mil mdp, el Tribunal Electoral casi 4 mil mdp y los partidos políticos más de 6 mil 700 mdp. Con estos incrementos, cada voto cuesta hoy 572 pesos.

Las elecciones son carísimas. Cierto. Y como se puede ver, los gastos más importantes lo generan la estructura administrativa del INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y las prerrogativas a los partidos políticos federales y locales. De ahí que la propuesta de #Morena consiste en reducir el costo anual de las elecciones en 15 mil millones de pesos.

Sin embargo, es preciso reconocer que la situación es así porque tenemos un esquema de sobre regulación como no se ve en otras naciones, tiempos muy largos para realizar campañas electorales y gastos de propaganda que han sido poco efectivos frente a la realidad que está imponiendo el nuevo ecosistema de comunicación.

La nueva reforma no tiene por qué eliminar la prevalencia del dinero público en las campañas. Está demostrado que a nuestro sistema no le conviene que predomine el dinero privado, menos frente al crecimiento desmesurado que ha tenido el crimen organizado en el país. Pero también se tienen que encontrar fórmulas y procedimientos más sencillos para que la fiscalización, la demostración de fraudes y los fallos no requieran de tantos recursos.

En los diversos espacios que se han abierto para el análisis de la reforma, va a ser muy difícil darle gusto a todos. El consenso es necesario, pero se ve complicado. La misión de la Cámara de Diputados no será fácil y tendrá que tomar decisiones que incidirán en las elecciones presidenciales de 2024.

Si opta por incorporar las propuestas de la mayoría de los actores que tienen algún interés particular en el sistema electoral, el riesgo es alto de que se promulgue una ley obesa, confusa e inmanejable. Si elige la ruta más audaz, tendría que recortar gastos en función de las verdaderas fugas que hoy tienen el esquema administrativo de las instituciones y el modelo de #ComunicaciónPolítica.

Para lograr el sistema más conveniente se tendría que fortalecer la cultura política y participativa de la sociedad; afianzar como nunca antes el imperio de la ley; reducir la desconfianza y los conflictos entre los partidos; recortar en forma drástica los tiempos de campaña; cambiar el paradigma de financiamiento que caracteriza a algunos partidos, a partir de la búsqueda de nuevos modelos de comunicación; e impulsar una auténtica cultura de debate, como ya sucede en varias democracias modernas.

Sí es posible. La austeridad no tiene por qué entrar en conflicto con la confianza, credibilidad y legitimidad que hoy tiene el INE. Pero, ¿qué pasará si no hay voluntad política para avanzar hacia la transformación que hace falta? ¿Y si la reforma solo sirviera para mantener a raya a los adversarios con el fin de mantener en el poder a un partido, como en los viejos tiempos?

Lee la opinión de un Consejero del INE: Marco Antonio Baños. La reforma electoral y la austeridad, El Economista, 23 Junio 2019.

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