Por el momento la señora Rosario Robles quien fuera titular de Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) está en detención precautoria y sus abogados acusan extralimitación del juez de la causa por llevarla a esta condición, además de que el mismo es sobrino de la senadora Dolores Padierna, lo que ‘podría configurar conflicto de intereses.’
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo en días pasados que su antecesor, Enrique Peña Nieto “seguramente sabía de la malversación llamada ‘estafa maestra”... porque, dijo: “Todos los presidentes, todos, saben lo que sucede (en su administración): este es un sistema político presidencialista”... (16-VIII-19-Sputnik)
Pero en estos tiempos de revisión de cuentas y de auditorías que esclarezcan lo que pasó ahí, resulta, digamos, extraño, que de pronto el exauditor Superior de la Federación, Juan Manuel Porta, aparezca en distintos medios de información haciendo declaraciones que sí son muy importantes en su contenido pero que vienen a plantear un tema, asimismo, de responsabilidades.
En primer lugar dice el exauditor que en la ASF tenían conocimiento de la triangulación que estaba ocurriendo en la Secretaría de Desarrollo Social –SEDESOL– cuando era su secretaria la señora Rosario Robles.
Que en ‘alrededor de cuatro ocasiones’ se reunió con ella para decirle lo que ocurría; “de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había encontrado en las contrataciones con universidades y entes públicos: ella insistía en que todo estaba bien”... Y asegura que le advirtió a Robles que “lo que se estaba haciendo en la Sedesol era un delito y que lo dejara de hacer. Me dijo: ‘Ya no lo vamos a hacer’, pero se va a Sedatu y...”
Pero, sobre todo, dice el exauditor superior de la federación, que en 2017 le comentó del asunto al expresidente Enrique Peña Nieto:
– “Mire, lo de Duarte está cada vez más grave, y lo de Rosario Robles es gravísimo. Más vale que escombre esto”, le dijo Portal a Peña Nieto.
– ¿Qué más hay? Me decía...
...
– Cuando [ya] fueron tres o cuatro asuntos que le comentaba, me dijo: “A ver quisiera recapitular”... Pidió un lápiz, una pluma, un papel y dijo “Primero esto, luego esto”, y le respondí:
– “Si, pero falta...”, a lo que él contestó:
– “Es cierto. Bueno, déjemelo. Aquí lo tengo yo”.
Le mencioné –dice Portal– que en su oficina estaban los informes.
– Que se analicen, que le ayuden, que le den su opinión. Véanlo con Función Pública, lo he hablado con ellos, exhórtelos –dijo el presidente Peña Nieto–”. Había la intención, pero no se hizo nada, afirma Portal.
Y, bueno: resulta muy importante lo dicho por el exauditor. Sin embargo a esto, quedan preguntas en el aire por contestar aun. Según esto:
“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.”
Esto es ¿debía informarle de esto el exauditor al presidente de la República Peña Nieto? ¿Por qué? ¿Cómo opera aquí lo de la autonomía técnica y de gestión? ¿A quién debía informarle? ¿Si se sabía el problema por qué no se actuó en consecuencia ante la autoridad competente?
Dice el exauditor que la ASF ha presentado 36 denuncias penales por este caso de desvío de recursos, “de las cuales 10 resultaron en juicios encausados por la Procuraduría General de la República (PGR) sin que se procesara a ningún servidor público”. ¿Y lo demás? ¿Por qué no se siguió el tema con la autoridad que corresponde?
Y surge la duda entonces ¿Cuál es entonces la función y la fortaleza legal de la ASF si nadie atiende a sus informes? ¿Informa a quien tiene que informar? ¿Es solamente a través del “Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública”? ¿Por qué tiene que investigar la Fiscalía General de la República lo que debe investigar la ASF? como es ¿a dónde fue a parar la lana?
Por supuesto importa mucho esta información que aporta el extitular de la ASF; pero también importa que las dudas sean clarificadas en razón a ¿cuál es el camino que se debió seguir desde que se conoció el problema en esta institución de autonomía técnica y de gestión? ¿La Cámara de Diputados en sus legislaturas correspondientes estuvieron al tanto de esta información en sí misma tan delicada y por lo mismo debieron actuar en ley?
Por lo pronto, como se desprende de lo dicho por el Contador Público Juan Manuel Portal, muchos supieron lo que ahí ocurría, pero nadie hacía nada... Y si esto es así ¿cuál es la responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto? ¿Y la de José Antonio Meade, sucesor en Sedesol de Rosario Robles?... ¿Cuántos más tenían responsabilidades que cumplir en esto y no lo hicieron?
Lo dicho, muchas preguntas que ojalá nos clarifiquen este episodio. Y lo dicho también: el tema “Estafa maestra” aún tiene muchísima tela de dónde cortar.