Main logo

Atropellado Apagón

Si nuestros legisladores estuvieran comprometidos verdaderamente con la televisión pública podrían hacer mucho más que sólo aplazar la fecha.

Por
Escrito en OPINIÓN el

La reforma al artículo décimonoveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) aprobada por el Senado la noche del 1 de diciembre y posteriormente avalado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados el viernes 4 de diciembre, ha causado confusión respecto de si el apagón analógico se hará el próximo 31 de diciembre tal como lo dispone la Constitución.

 

El apagón sí se hará en la fecha dispuesta, pero no de manera total, aunque dicho artículo preveía que las estaciones de televisión de baja potencia pudieran no bajar el switch en tiempo y forma se refería a las televisoras que eran permisionadas, es decir sin fines de lucro y principalmente públicas. El cambio que introdujeron los legisladores abarca ahora un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre del 2016 para televisiones públicas de baja o alta potencia que no hicieron las inversiones necesarias para transitar a la señal digital, como también a estaciones de baja potencia o complementarias de las televisoras comerciales, la mayor parte de ellas de Televisa o TV Azteca (466), que tampoco hicieron las inversiones necesarias para que las señales digitales lleguen a los lugares más alejados, zonas pobres que no son mercado y por lo tanto poco importan a esos consorcios.

 

La protesta por este cambio es precisamente porque termina beneficiando a las principales televisoras comerciales por su incumplimiento para no dotar del servicio público de televisión abierta en las zonas más vulnerables, pues al cambiar la palabra permisionados por estaciones de televisión radiodifundida se abarcan a todas las frecuencias, sin importar su naturaleza. Con ello se les perdona el incumplimiento a las comerciales, pero también las multas a las que serían acreedores que podrían llegar hasta el 10 por ciento de sus ingresos totales anuales. Con el pretexto de apoyar a las televisiones públicas, se termina también beneficiando indebidamente al duopolio televisivo.

 

Esta iniciativa impulsada por los senadores Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano con el apoyo del PVEM, el PRI, una buena parte del PAN y una minoritaria del PRD, ofrece privilegios indebidos a empresas que por supuesto tiene suficientes recursos para invertir en la transición digital.

 

¿Apoyo a la TV Pública?

 

Es previsible que en los próximos días el pleno de la Cámara de Diputados apruebe sin mayor contratiempo el beneficio a los consorcios comerciales con el mismo discurso de que se hace para apoyar a la televisión pública, sin embargo, si los legisladores quisieran apoyarla deberían de promover y aprobar otras medidas para realmente fortalecerla.

 

Si 30 estaciones públicas en los estados no tuvieron los recursos para hacer los cambios necesarios es porque a los gobiernos locales poco les importó cumplir con el mandato constitucional y prefirieron gastar a manos llenas en publicidad oficial pagada a medios comerciales en lugar de invertir en los medios de Estado.

 

Aplazar la fecha del apagón para estos medios es una medida insuficiente, pues no puede sujetarse a la voluntad de los gobiernos de los estados la inyección de los recursos necesarios. Un compromiso con la radiodifusión pública debiera de incluir la asignación de recursos desde el Congreso a estos medios en acuerdo con las gestiones estatales para ampliar las señales públicas para que no solamente transiten a la señal digital, sino también para que tengan cobertura en las zonas más marginadas, así como cambiar la ley para que tengas fuentes alternas de financiamiento y no dependan solamente del gobierno en turno.

 

Un verdadero compromiso de los legisladores para con la televisión pública debería de tomar como referencia los estándares sobre televisión digital que en mayo de este año emitió la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que establece que la regulación no debe limitarse a reconocer la televisión pública sino garantizar que ésta continúe emitiendo en el nuevo entorno digital, desarrollando un entorno legal y políticas públicas activas con mecanismos apropiados y simplificados para que las emisoras puedan realizar la transición hacia la televisión digital de manera rápida y efectiva, así como para aprovechar el cambio tecnológico para ampliar, mejorar y diversificar sus servicios a la población, por lo que se les deben de asegurar fondos públicos suficientes y estables que sean garantizados por adelantado para periodos de varios años y que sean ajustados de acuerdo a la inflación, así como explorar mecanismos innovadores para su financiamiento, de forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandado de servicio público.

 

Aunque México será el primer país en América Latina que hará el apagón analógico, en otros países que lo harán un poco más tarde han tenido mucho mejor planeación que nuestro país.

 

Por ejemplo en Colombia se creó el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FONTV), donde al menos el 60% de sus recursos deberá destinarse al desarrollo y fortalecimiento de la televisión pública, tanto en la producción de contenidos como para asegurar la operación y la cobertura nacional. El presupuesto se deriva de las tarifas, tasas y derechos que los operadores de televisión privada están obligados a pagar por obtener la concesión y el uso del espectro, así como con parte de los ingresos generados por la nueva asignación de las frecuencias liberadas luego del apagón analógico.

 

El Fondo es administrado por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) e incluye el apoyo a la producción y emisión de contenidos de televisión de interés público desarrollado por operadores sin ánimo de lucro de carácter educativo y cultural. Igualmente aprobó planes para alcanzar, por primera vez y aprovechando la entrada de la televisión digital, una cobertura del 100% del territorio nacional de la señal de televisión abierta pública mediante un plan de expansión de la red de transmisión pública.

 

Otros caso es Argentina que ha realizado importantes inversiones para garantizar la cobertura nacional de señales públicas en todo el territorio nacional. Desde 2010, ha desarrollado una red estatal de transporte de señales de televisión digital denominada Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre, administrada por la empresa estatal de telecomunicaciones Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT). A través de 82 antenas repetidoras en todo el país denominadas “Estaciones Digitales de Transmisión (EDT)”, se cubre el 82% de la población y se transmiten varias señales públicas. Además, con el objetivo de incrementar la cobertura, se creó la “Televisión Digital Satelital (TDS)”, un sistema de transmisión y recepción de la señal de televisión que se emite desde un satélite de comunicaciones de AR-SAT.

 

Como ve, si nuestros legisladores estuvieran comprometidos verdaderamente con la televisión pública podrían hacer mucho más que sólo aplazar la fecha. ¿No cree?

 


@callejag