La discrecionalidad con que Acción Nacional y el PRD manejan los recursos públicos en la Asamblea Legislativa no tiene límites. Y roza extremos delictivos.
De manera a todas luces ilegal, los diputados Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD, y el legislador de Acción Nacional Jorge Romero pretenden erigirse en representantes de todo el organismo parlamentario.
Buscan, de tal manera, por sí solos supervisar, vigilar y proponer el ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción de la Ciudad.
Con inocultable intención electorera, sin respeto a la tragedia de los miles de damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, buscan manejar a su libre antojo partidista los más de 7 mil millones de pesos destinados a las tareas de la reconstrucción, más otros 7 mil 134 provenientes de los recursos para ampliaciones presupuestales de las delegaciones.
14 mil 134 millones de pesos en total
Usurpan, en consecuencia, las facultades que la legislación confiere en exclusiva al titular del Ejecutivo local y de las dependencias de la administración capitalina.
Decidido a impedir que esos tres legisladores manejen, en beneficio de sus intereses partidarios los recursos públicos, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa interpuso, ante la Suprema Corte de Justicia, una Acción de Inconstitucionalidad en contra del manejo discrecional del Presupuesto de Egresos 2018 para la Ciudad de México.
Ante la Corte, impugnamos los artículos 13, el último párrafo del 14, el Quinto transitorio y el último párrafo del Décimo Tercer transitorio, manipulados para otorgar la facultad a tres diputados de la Asamblea Legislativa de disponer de los recursos destinados a la reconstrucción y de las ampliaciones presupuestales de las delegaciones.
Tales artículos del decreto del Presupuesto de Egresos 2018 para la Ciudad de México --advertimos ante los ministros de la Corte-- quebrantan los principios constitucionales de la división de poderes establecidos en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de tal tamaño la violación de los preceptos legales con que se tergiversó, en lo oscurito, la normatividad del organismo parlamentario, que el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa dispone, como atribuciones de ésta:
“III. Examinar discutir y aprobar anualmente, a más tardar el 20 de diciembre de cada año, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y, en su caso, las modificaciones y adiciones al Código Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente…”.
Pues bien, estos ordenamientos fueron sustituidos en el decreto presupuestal por “autorizará, supervisará, vigilará y propondrá” el ejercicio de los recursos asignados…”
Como es evidente, el significado de “autorizará, supervisará, vigilará” son conceptos diametralmente diferentes a “examinar, discutir y aprobar”.
En la Acción de Anticonstitucionalidad advertimos que dicha tergiversación representa una clara fractura al orden constitucional y a los principios y fundamentos del Estado republicano, democrático y representativo.
Un evidente resquebrajamiento del sistema jurídico mexicano
También señalamos que en el caso que nos ocupa, el Presupuesto de Egresos en su conjunto, especialmente la normativa a que nos referimos en la acción de inconstitucionalidad, no se discutieron ni se examinaron, razón por la cual demandamos la invalidez de esta parte del Presupuesto.
Porque lesiona gravemente los intereses de toda la población capitalina.
Cabe reiterar que ningún legislador puede legalmente, por sí o en su conjunto, actuar en representación de la Asamblea Legislativa para “autorizar, supervisar y vigilar y proponer el destino de los recursos destinados a la Ley de la Reconstrucción de la Ciudad de México.
Ni en ningún otro caso.
En ésta, como en otras ocasiones lo hemos hecho, la bancada de Morena exige justicia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
El mandato de nuestros representados, los ciudadanos, nos impulsa a luchar por impedir, por todos los medios legales a nuestro alcance, que una triada de legisladores corruptos maneje el dinero del erario en beneficio propio y de sus intereses de grupo.
Este intento de atraco a las arcas públicas con fines electorales evidencia que la coalición Por México al Frente, constituida por Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, no tiene empacho en utilizar los recursos de la gente en su intento de vencer en la contienda electoral del próximo 1 de julio.
Y que está dispuesto a lucrar políticamente con las necesidades de las victimas del movimiento telúrico.
Morena confía en que la Corte resolverá a su favor la Acción de Anticonstitucionalidad y pondrá coto a esta pretensión de manejar discrecionalmente los bienes que son de todos.
En todo caso, a fines del año en curso, con Morena al frente de la jefatura de Gobierno comenzará el rescate de la ciudad y se enterrarán las prácticas corruptas y la impunidad que hoy devastan la vida de los capitalinos.
*Coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa.
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