La burda maniobra efectuada en el Senado de la República por el bloque oficialista y sus aliados de conveniencia para prolongar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone en evidencia los riesgos que un pensamiento absolutista representa para nuestra democracia.
Se trata de una decisión evidentemente inconstitucional que además vulnera todos los principios de equilibrio de una institución tan relevante como la cabeza del Poder Judicial. No hay lugar a dudas: de concretarse representa en los hechos un golpe institucional.
Además de lo evidente por atentar contra la letra y el espíritu de nuestra Constitución, este episodio legislativo pone a prueba las convicciones democráticas de cada uno de los que tienen, con su voto, la representación de las y los mexicanos.
Habrá quienes valoren más sus intereses político-personales y den su voto a la intentona golpista, en detrimento de la vida democrática y el balance interno de nuestra vida pública. Habrá quienes abonen a un laboratorio de reelecciones disfrazadas.
Habrá quienes, por el contrario, apuesten por la Constitución, la ley y la democracia.
En la votación del Senado destacaron estos últimos, significativamente el senador Dante Delgado en un fuerte pronunciamiento expresó: “da vergüenza los acuerdos construidos por mequetrefes que utilizando el poder presidencial y la intervención directa del presidente de la Corte avasallan, dominan, subliman a senadores que podían levantar la voz y de manera sumisa y servir a intereses de un gobierno autócrata que lastima la dignidad por decoro, dignidad, exijo al presidente de la Corte que no acepte esta aberración jurídica”.
Sin embargo, el ministro presidente que resultaría beneficiario de la trucada acción legislativa, hasta el momento de escribir esta columna ha mantenido un silencio que dice mucho y nos plantea serias dudas:
¿Convalidará el ministro Arturo Zaldívar el albazo a la Constitución? ¿Será parte de la intentona golpista, el laboratorio reeleccionista?
Quienes conocen al letrado lo valoran como una persona respetuosa de la Constitución y las leyes, sus sentencias han defendido derechos humanos, por lo que presumen que en cualquier momento llamará a no seguir adelante con este manejo irrespetuoso y extralegal de nuestras instituciones.
Mientras tanto, el silencio pesa.
En cambio, los dirigentes de Morena en la Cámara de Diputados salen con la puntada de que “consultarán” con el Ministro si acepta o no la ampliación del encargo. ¿Acaso creen que la letra Constitucional está sujeta al deseo de una persona?
Las instituciones de nuestro país están siendo atacadas. Por un lado el INE es cuestionado y sus consejeros incluso amenazados en sus personas por ex candidatos fanatizados o que responden a intereses oscuros.
Ahora, el más alto tribunal del país tiene frente a sí la afrenta de un poder Legislativo que pretende, a golpe de inconstitucionalidades, asumir una decisión que solo es del Pleno de Ministros, que es a quienes corresponde elegir a su presidente, según el artículo 97 de nuestra Carta Magna.
Estemos atentas, atentos, a lo que ocurrirá en los próximos días en la Cámara de Diputados, tenemos la responsabilidad de no permitir un atentado institucional al Estado Mexicano. Después, lo lamentaremos pero quizá ya no habrá oportunidad de resarcir el daño.