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Aspiran, pero no resuelven

La tortura ha sido un método casi institucionalizado en la seguridad pública.

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Escrito en OPINIÓN el

Uno de los últimos temas que abordará la Cámara de Diputados, al concluir el Primer Periodo Ordinario de Sesiones lo constituye, la tortura, como un método casi institucionalizado en la seguridad pública.

 

Naciones Unidas publicó en marzo del año pasado el informe sobre tortura, en el que arroja que “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", así lo dijo Juan E. Méndez, relator especial de la organización, en una declaración demoledora para el sistema de seguridad pública, que incluye a la federación, estados y municipios y que sigue vigente.

 

Resaltó que la finalidad de dicho procedimiento es castigar o extraer confesiones o información, con evidencia de la participación activa de fuerzas policiales y ministeriales, en cuyas prácticas prevalece la indiferencia o complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

 

Mientras tanto, la Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), afirma que, durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abuso y corrupción.

 

Mientras tanto, son conocidas las aspiraciones a la Presidencia de la República de gobernadores de los estados, pero que las cifras de seguridad no hablan de un idóneo desempeño en esa función de gobierno con su correspondiente rubro presupuestal. Es el caso de los gobernadores del Estado de México, Nuevo León, Morelos, Ciudad de México y Puebla.

 

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan una incidencia al alza en el caso de homicidio doloso, secuestro y extorsión en estas Entidades (El Financiero, viernes 25 de noviembre de 2016)

 

No sólo eso. La organización Causa en Común publicó la radiografía de las policías estatales, de donde resulta que a julio de 2015, Entidades como Puebla tiene el penúltimo lugar en pago a sus policías, con 7,200 pesos al mes.

 

En sus conclusiones, Causa en Común señala que la principal falla en la auscultación de las policías de los Estados es política. Esto significa que el problema es de voluntad, en virtud a que existen las condiciones políticas para modificar la legislación al marco jurídico que sea necesario para su diseño en derecho. En abono a esta afirmación, la misma organización señala que los gobernadores no cumplen su principal función, es decir, la de seguridad.

 

Señala también que no se cumple con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hay un régimen especial en cada Entidad para los policías y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentra rebasado.

 

 

Muchas de las deficiencias en seguridad, además de las señaladas anteriormente, son debidas a la corrupción enquistada en los cuerpos de seguridad que alcanzan prácticas como la tortura, como medio para obtener confesiones ilegales o incriminaciones injustas.

 

Aquí también la Federación tiene responsabilidad en no exigir a las Entidades Federativas cumplir con su responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Quizás esta sea la razón que Entidades como Guerrero o Michoacán estén ampliamente rebasadas en sus estructuras y capacidad de seguridad. Guerrero viene de una crisis de años de gobernabilidad, no sólo de esta administración, sino de anteriores. Por ejemplo, permitir que un personaje vinculado con la guerrilla de las FARC de Colombia, no debieron haber sido consentidos por los organismos de inteligencia y seguridad nacional, para que asumiera el cargo como Ejecutivo del Estado.

 

Mientras que, en Michoacán, son ampliamente conocidas las relaciones amistosas que sostuvo Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, con Servando Gómez “La Tuta”, o bien, Julio Godoy, hermano incómodo del exgobernador Leonel Godoy, señalado por el gobierno federal en 2009 como integrante del cartel de La Familia Michoacana.

 

No basta la voluntad de aspirar al siguiente cargo de elección popular, cuando no han sido capaces de resolver problemas de seguridad que todavía son de su competencia.

 

@racevesj

@OpinionLSR