Desde que inició esta Legislatura, no ha habido un momento en que no se hayan puesto a debate temas sumamente polémicos que confrontan posiciones e involucran importantes intereses políticos y económicos, por lo que abrir el periodo de sesiones con una iniciativa de Ley General para la Protección de la Infancia es una jugada muy hábil del presidente Peña Nieto.
Además de mostrar sensibilidad y relajar un poco el ambiente después de la intensa etapa que se ha vivido en el Congreso, resulta pertinente que más allá de su nobleza haya colocado en el centro de la agenda pública un tema en que se ha venido insistiendo de tiempo atrás ante la urgente necesidad de contar con un marco jurídico adecuado que responda a la preocupante situación de vulnerabilidad que padecen nuestras niñas, niños y adolescentes.
Para nadie es un secreto que un amplio sector de la población menor de 18 años vive en condiciones de pobreza, abandono, desnutrición, discapacidad, migración, violencia física y psicológica en todas sus modalidades (maltrato, discriminación, abuso sexual, explotación laboral, prostitución, pornografía, acoso escolar), y que se ha convertido en una fuente de reclutamiento para la delincuencia organizada.
En principio todos los grupos parlamentarios han manifestado su disposición para aprobar esta iniciativa que, por ser de trámite preferente, debe ser sometida a votación en el Senado -como cámara de origen- en un plazo máximo de 30 días a partir de su presentación.
Pero no por la premura del tiempo debe obviarse el análisis riguroso y la discusión de fondo que se requiere pues de lo contrario es muy probable que esta ley se convierta, como tantas otras, en una mera declaratoria de buenas intenciones o que incluso se parta de una concepción equivocada.
Vale la pena atender con toda seriedad las observaciones que han formulado diversos especialistas y representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Un aspecto sustantivo en el que han puesto mayor énfasis y preocupación, es en la visión asistencialista de la propuesta del Ejecutivo que sigue considerando a las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección y no como sujetos de derechos.
De hecho, en el índice de medición de calidad de las leyes que aplicó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) para evaluar la armonización de la iniciativa presidencial con los principios y espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tan sólo obtuvo 15 de un total de 50 puntos.
Por ello, se ha propuesto que en vez del Sistema Nacional de Protección que contempla la iniciativa preferente, se cree un Sistema Integral para la Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia lo cual implicaría un cambio paradigmático que debe tomarse en cuenta.
Hay muchos otros aspectos a revisar como la pertinencia de que el Sistema sea presidido por el titular de una dependencia eminentemente política y de seguridad como Gobernación, la capacidad del DIF para cumplir con las nuevas atribuciones dado el cúmulo de responsabilidades que ya tiene -y que en ocasiones parece rebasado-, o la eficacia de las procuradurías de protección siendo que cuando menos a nivel estatal han dejado mucho que desear, además de que se advierten algunas omisiones importantes que deben ser subsanadas en lo que se refiere a participación ciudadana y discapacidad e inclusión. Esperemos que en este tema no se impongan las prisas o los cálculos electorales, es una oportunidad de oro que no se puede dejar pasar. ¡Nuestra niñez merece un mejor presente y un futuro más luminoso!