Era primero de diciembre, Peña Nieto no rendía protesta constitucional cuando Ricardo Monreal, escudado en su fuero, lo acusaba de la muerte de un estudiante cuyo nombre anunciaba en la tribuna más alta del país y en cadena nacional.
Esa muerte, anhelada, provocada y buscada, no se dio. Lo que sí se dio fue la irrupción de los “anarcos”: vándalos orquestados, con gran capacidad de violencia, estrategias de comando y guerrilla, ubicuidad sorprendente y cobijo de redes, organizaciones defensoras, desinformación y cobertura mediática.
La sincronía del vandalismo desatado en las afueras de Palacio Legislativo con el discurso de Monreal no era casual, como tampoco lo fueron las quirúrgicas reformas al Código Penal para el Distrito Federal, impulsadas por asambleístas del PRD, aminorando las penas de aquellos delitos especialidad de los “anarcos”, para franquearles el paso y abrirles las puertas de las prisiones de las que más tardan en entrar que en salir.
Han pasado dos años en los que con una asiduidad digna de mejor propósito, los vándalos han impuesto su violencia, barbarie y sinrazón. Las constancias hemerográficas y videográficas se apiñan por miles. Pronto se les sumaron el magisterio disidente, los extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza, los normalistas y el lumpen clientelar y variopinto de las tribus perredistas.
Las autodefensas, otra estrella del reparto, hicieron su espectacular aparición con poder de fuego y reto abierto al Estado. El hoy exgobernador Aguirre aplaudió su entrada en escena.
Las tomas de carreteras, aeropuertos y plazas públicas; las marchas y las pintas; las provocaciones y las agresiones se han sucedido sin tregua a lo largo de estos dos años, ante la pasividad contemplativa y omisa de los órganos encargados de garantizar la ley, el orden y la seguridad de todos los mexicanos.
López Obrador, bajo el manto de la democracia públicamente financiada y su discurso por la insurrección “pacífica”, fue el primero en demandar la renuncia de Peña Nieto antes del término constitucional de dos años.
Al acercarse esta fecha, las acciones en este sentido se concitaron y acrecentaron hasta el paroxismo.
En Iguala, Guerrero, en una operación realizada por gobiernos perredistas, desaparecieron 43 normalistas de los que a dos meses de distancia no se tiene paradero. Puede ser una casualidad ajena a los antecedentes descritos; lo que no parece serlo es el concierto de todas estos actores para, como Monreal en 2012, acusar personalmente a Peña Nieto de su desaparición y demandar, bajo la batuta de López Obrador, su renuncia antes del primero de diciembre de 2014. En política no hay casualidades, sólo causalidades.
Finalmente, en una manifestación ciudadana, ostensiblemente pacífica, el pasado 20 de noviembre los “anarcos” vuelven a hacer acto de presencia, la policía, por primera vez, los contiene y apresa a 11 sujetos a los que se les imputan delitos del orden federal para sustraerlos de la protección de la legislación perredista.
De inmediato se habla de represión, detenciones aleatorias y ajenas a los verdaderos vándalos. Los “anarcos”, se dicen, son infiltrados del gobierno para criminalizar la manifestación ciudadana. Cual hongos surgen defensores y versiones tan inverosímiles como virales para desinformar y manipular a la opinión pública.
Los terribles vándalos se convirtieron así en blancas palomitas y presos políticos.
No alcanzo a entender por qué el gobierno hubiese dejado escapar a los verdaderos “anarcos” para reprimir y apresar a ciudadanos inocentes, que más temprano que tarde terminarían en convertirse en mártires de las causas de sus detractores. No digo que no pueda ser, pero resulta a cual más bizarro.
No puedo dejar fuera de este recuento la corrupción, impunidad, soberbia, ineptitud, cinismo y pasmo de las élites nacionales, no nada más de la política. Tampoco del abandono del campo, de la mutación de las políticas sociales en asistencialismo, de la desigualdad social y de la venalidad judicial.
Menos aún del autismo, medianía y mercantilismo de nuestro sistema de partidos y sus personeros.
La inseguridad en México no se entiende sin la colusión de los órganos encargados de procuración, administración e impartición de justicia con los grupos y personas a quienes debieran perseguir y sancionar.
En esta nuestra realidad no hay quien se salve de responsabilidad. Sin embargo, sí es posible separar las faltas por su intencionalidad: Hay faltas de omisión y pecados de probidad, soberbia y sordera; pero también hay conductas intencionadas para dañar a México y a los mexicanos y orillarnos al desencuentro y a la violencia.
PS.- La agresividad y virulencia de las redes no otorga legitimidad ni razón.