Opinión

Arde Michoacán, la contraofensiva del narco

La reacción del gobierno se da cuando la situación es más que desesperada. | Jorge Medellín

  • 15/07/2021
  • Escuchar

La pandemia no detuvo la actividad de los cárteles de la droga. Han sostenido su dinámica de expansión enfocada no sólo en el tráfico de drogas y en su producción. En el caso de Michoacán, la guerra de facciones encabezada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Cárteles Unidos y otros grupos involucrados busca establecer las condiciones para apropiarse de las zonas en las que se localizan yacimientos de hierro y litio.

La reactivación de la guerra entre cárteles y grupos de autodefensa no se detuvo y vive un repunte que no sólo es un reto al Estado, sino que además provoca respuestas limitadas, previsibles y sin mayor efecto o repercusión para los intereses del crimen organizado. Los cárteles y otros grupos afines ya saben, ya han sopesado que la respuesta oficial a sus acciones tiene una sola consecuencia inmediata: impunidad.

En el caso de Michoacán, la violencia desatada por el control de vías de comunicación, de zonas para desplazamiento y operaciones de trasiego y resguardo de drogas es posible porque el gobierno federal y varios estatales han sido ineficaces para combatir el tráfico de armas, de cartuchos y de equipo militar relacionado con estos delitos (cascos y chalecos balísticos, fornituras, placas de cerámica, miras telescópicas, miras infrarrojas, gogles de combate, radios y sistemas de bloqueo).

De esto, de la impunidad y de la corrupción e intereses creados de manera colateral a la actividad delictiva, se han aprovechado los cárteles, los grupos civiles armados y quienes los alimentan con los instrumentos para escalar la violencia en los niveles ahora vistos, en los que los ofrecimientos de pacificación, de acercamiento y negociación del gobierno federal sencillamente se han estrellado contra el silencio del pueblo malo combinado con el estruendo de sus armas, sus amenazas y acciones contra todos por igual.

La guerra en Michoacán es atendida por la federación y el estado de manera tardía, sesgada e insuficiente. Desde abril se dejó en el abandono no sólo a Aguililla. Una decena de pueblos, comunidades y municipios están bajo asedio del narcotráfico con un poder de fuego que, si bien no se compara al final con el del Estado, sí es suficiente para imponer terror, desorden y condiciones de inseguridad extrema en las que el crimen organizado aísla pueblos, les corta la energía eléctrica, el acceso a internet, el acceso a comida y agua, el libre tránsito, obliga a suspender la actividad económica, les vulnera la vida en sus aspectos fundamentales.

Ante esto, la reacción del gobierno se da cuando la situación es más que desesperada y se traduce en violencia de los afectados hacia quienes deberían garantizar la seguridad de todos los habitantes en todos sus aspectos. La intervención militar en Michoacán, la apuesta para llevar programas de atención social a una zona en la que no existen condiciones para siquiera circular por las carreteras al caer la tarde, exhiben la escasa imaginación de las autoridades responsables, la ausencia de estrategias para enfrentar el muy complicado fenómeno delictivo y de inestabilidad social que ya caracteriza a una parte de la entidad.

La terrible paradoja de la no violencia de la 4T como eje de sus acciones para pacificar al país, radica en que dicha estrategia ha permitido y fortalecido la dinámica, la contraofensiva de los cárteles y sus aliados y que ahora desplegar a militares, marinos y guardias nacionales para hacerle frente a los criminales sólo generará más violencia.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.