Luego de una pausa posterior al proceso electoral y en la víspera de la instalación del nuevo Congreso mexicano, aquí estamos para compartir el análisis y reflexión sobre el devenir de la llamada “cuarta transformación”. Ese proceso anunciado por el presidente electo que, casi nadie conoce, pero del que todos hablan, en especial sus seguidores más cercanos y los militantes de Morena a quienes les ha pedido durante su Consejo Nacional que “no lo olviden, ni dormidos”.
A juzgar por las declaraciones y el comportamiento de López Obrador y la actuación de sus principales colaboradores, algunos rasgos van perfilando las notas distintivas de esta transformación y confirman el marcado acento populista que tanto se cuestionó durante la campaña, sobre todo en los temas sociales. Esto independientemente del esfuerzo que hace el equipo económico del nuevo gobierno por mantener la calma y estabilidad de los mercados y la confianza de los inversionistas.
En primer lugar, destaca el personalismo en la toma de decisiones, casi al margen de las instituciones y de las organizaciones sociales a las que se ignora o desprecia por prejuicios ideológicos. Esto es especialmente peligroso cuando se pretende justificar la legitimidad de origen del presidente y su fuerza dominante en el Congreso, como lo declaró recientemente la presidenta de Morena. Una cosa es tener un mandato claro de cambio y otra es pensar que esto significa que se puede realizar a modo del líder máximo. Es deseable pensar que la superioridad numérica de votos en ambas cámaras no anule el diálogo ni la construcción democrática de las decisiones.
Para muestra un botón. Creer que el mandato de las urnas sirve para quitar y poner periodistas, a propósito de su intención de reinstalar a la periodista Carmen Aristegui y al empresario de la comunicación Gutiérrez Vivó, es tan absurdo e injerencista como la descalificación sistemática de Trump contra los medios de comunicación en el país vecino, al grado de calificarlos de enemigos. Como puede verse, el populismo es independiente al signo ideológico, los hay de izquierda y de derecha, liberales y conservadores.
En ese sentido, las libertades y los derechos quedan supeditados al parecer del régimen o, aún más, al sentir del líder. Por ello, es de enorme relevancia la respuesta de los medios de comunicación en Estados Unidos donde un frente común de más de doscientos medios reaccionaron a las amenazas de Trump y de quien The New York Times ha dicho con claridad en su editorial que “cuando un presidente ataca a los medios la democracia está en peligro”.
Como se ha visto, para “democratizar” las decisiones personalistas como cancelar la construcción del nuevo aeropuerto o la reforma educativa, por citar lo más conocido, se apela a la consulta popular, más cercana en su visión a la consulta en la plaza a mano alzada que a la forma constitucional definida en nuestro sistema; vista así, parece más otra forma de populismo disfrazado que un sincero espíritu democrático. En el caso del aeropuerto, estamos en medio de un berenjenal, dimes y diretes, freno y arranque, entre dos proyectos que mueren y viven, un día sí y otro no, al sentir del líder máximo más que al saber de los expertos en espera de una consulta popular que, hasta ahora, nadie sabe cómo va a ser.
De otros temas de mayor calado como la reforma educativa, de la que depende el futuro de millones de niños y jóvenes y del país entero, el presidente electo ha reiterado –luego de la reunión formal de gabinetes para la transición– su intención de cancelarla. Sin mediar explicación alguna ni de fondo y ni de forma, el secretario designado y su equipo ya adelantan algunas ideas que parecen orientadas a responder a grupos de presión regresivos para la educación como la CNTE y el intento de recuperar el control del magisterio afiliado al SNTE, de la mano de la maestra Elba Esther Gordillo, en nombre de la democracia sindical.
Sobre otros temas igualmente delicados como la seguridad, la justicia y la desigualdad, no sabemos aún cuál será el contenido de las propuestas y las iniciativas de ley para apalancarlas jurídicamente. Lo que tenemos hasta hoy es la confirmación de diagnósticos, con el acento mediático para contrastar con el gobierno actual y para intentar replantear expectativas ante la gravedad y lo profundo de la crisis que padecemos.
Durante los próximos meses, previo al cambio de gobierno, tenderemos oportunidad de identificar la agenda real de cambio. Por el bien del país, más vale que se imponga la sensatez a fuerza de realidad y de la legítima participación de una sociedad que demanda un cambio con rumbo, con libertad y en democracia.