Los mandatarios estatales integrados a la Conago se han inscrito en una ruta de colisión con el Poder Judicial de la Federación para posponer o derogar el nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Tienen como adalid de esta causa al actual presidente del organismo, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

El eje principal del reclamo del que es portador Mancera se refiere al creciente nivel de criminalidad letal en el país a cargo de delincuentes que poseen armas de alto calibre.  Con esa postura se identifican jefes policiacos tanto de carácter federal como local,  que a su vez son de alguna manera representados por titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales.

El problema ha detonado una intensa gestión en el Congreso federal para que sea reformada la Constitución, o al menos el Código Penal federal, a fin de obligar a los juzgados federales a recluir en automático a todo aquel presunto delincuente detenido en posesión de este tipo de armas, en lo que se llama prisión preventiva oficiosa.

Cifras aportadas por Sales Heredia, que reitera esta semana en una entrevista ofrecida a la revista "Proceso", son sin duda inquietantes: si se considera el periodo comprendido entre enero y mayo, la cifra de crímenes cometidos por portadores de armas de uso exclusivo del ejército brincó de 3,777 en 2015 –con poco más de los homicidios dolosos generados-, a 6,519 para el mismo lapso de este 2017, con 65% del total registrado.

Mancera se ha alejado de la precisión que exhibe el comisionado Sales, y en cambio optó por la estridencia, con el mensaje de que el suyo es el posicionamiento de la Conago en su conjunto. Incluso cuando miente.

El jefe de Gobierno de la ciudad de México recién dijo que "4 mil delincuentes" serán puestos en libertad en un periodo inmediato, a raíz de una determinación de la Corte que eventualmente puede beneficiar a reos que están bajo proceso por la portación del referido tipo de armas, una conducta que la legislación actual no considera de prisión obligada.

Mancera no ha explicado que tal previsión está en la reforma constitucional de 2008, que fijó un plazo de ocho años para entrar en vigencia, los que se cumplieron en junio de 2016. En 2012 fue aprobado el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que acompañará al citado nuevo sistema, y subraya la misma previsión avalada por la Corte el pasado día 5, con base en un proyecto de sentencia del ministro José Ramón Cossío.

El propio ministro Cossío ha debido salir a la esfera pública para desmentir en forma indirecta a Mancera, alertando que una contrarreforma judicial representará un retroceso importante, y no sólo en el sector sino en un proceso que busca modernizar todo el sistema.

En particular sobre la liberación de reos, Cossío ha aclarado que cada caso será analizado por los jueces correspondientes, que evaluarán argumentos tanto de la defensa como del Ministerio Público. Y que una eventual liberación supondrá el uso de dispositivos electrónicos de seguimiento, entre otras medidas de control sobre el procesado.  

Es imposible que Mancera, abogado, ex procurador de Justicia en la ciudad y cabeza de la Comisión de Justicia de la Conago antes de asumir su presidencia, no sepa de las responsabilidades que cada entidad y la Federación debieron atender durante esos ocho años, lo que incluyó transformar a sus policías, a sus fiscales o agentes del Ministerio Público, capacitar peritos, fortalecer las defensorías de oficio y en general, prepararse para un cambio radical que amplía la protección de los derechos humanos, lo que incluye a aquellos que son vinculados con la comisión de un crimen.

Por supuesto, saben lo que tenían que hacer. Pero ahora saben que ni saben hacerlo. Y que el tiempo los alcanzó y ahora desnuda su incompetencia.  

En los entresijos de la postura de Mancera no es difícil descubrir una crisis cada vez más aguda en materia de seguridad en la capital del país. Ya no es viable el discurso tradicional de que la ciudad es inmune a la actividad de los cárteles de las drogas por la eficacia de las policías y la infraestructura de la que se dispone en número de policías, cámaras de vigilancia y un amplio etcétera.

La presencia en la ciudad del Cártel de Tláhuac, que alentó el grupo de "Los Dámasos", el cual está disputando el control en otras ciudades, estalló en el rostro del gobierno de Mancera, lo que sumado a otra larga lista de problemas, lo orilló a cesar a su procurador de Justicia, un personaje perteneciente a su primer círculo de confianza.

No es mucho lo que se puede decir tampoco de la calidad de la justicia en la ciudad, que depende de un Tribunal Superior dominado por facciones de poder con las que convivió durante años tanto el anterior presidente de ese órgano como el propio gobierno de la ciudad.

En las próximas semanas este debate seguirá creciendo con la expectativa de que el Congreso decida revisar nuevas enmiendas a la legislación en la materia. Tomar determinaciones sobre las rodillas, sin un diagnóstico de la problemática y un deslinde de responsabilidades, podría no traer ningún efecto benéfico, ni siquiera en el corto plazo. (rockroberto@gmail.com).  




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