De la información que comienza a fluir desde la COP21 se perfila un acuerdo climático que, en lo que respecta a mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tendrá como características centrales: 1) Definición de metas nacionales para todas las partes y no únicamente para los países industrializados (Intended Nationally Determined Contributions o INDC). 2) Mecanismos quinquenales de revisión de cumplimiento. 3) Intención de aumentar la ambición de los objetivos en forma incremental. 4) Un modelo de acuerdo fundamentalmente voluntario y no como tratado vinculante.
Esto modelo implica que la clave de la arquitectura climática, nuevamente para lo que respecta a la mitigación, se desplaza a un diseño más eficiente y efectivo de planes climáticos nacionales. Lo cual tiene tres consecuencias. En primer lugar, la prioridad será ahora desarrollar incentivos para interconectar en forma multinivel acciones locales, nacionales, regionales y globales y de esa forma contener gradualmente las emisiones globales de GEI. En segundo lugar, la efectividad de planes nacionales depende de garantizar congruencia en el diseño institucional y correspondencia entre los objetivos de diferentes políticas sectoriales (energía, medio ambiente, desarrollo urbano, desarrollo rural, política social, etc.). Y tercero, y no menos importante, es indispensable desarrollar la capacidad nacional para verificar y reportar con transparencia los grados de avance en el cumplimiento de metas.
Al 3 de diciembre habían sido presentadas 157 INDC´s ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), incluyendo la propuesta colectiva presentada por los 28 miembros de la Unión Europea. México fue uno de los pocos países que cumplió enviando su INDC en el primer trimestre del año, tal como se había acordado en la COP 20 celebrada en Lima, Perú (Suiza, Unión Europea, Noruega, México, Estados Unidos, Gabón y Rusia, son los otros).
¿Qué es lo que México ha puesto sobre la mesa en las negociaciones? México asume el compromiso incondicional de reducir 22% sus emisiones de GEI hacia 2030, la cual puede llegar a incrementarse hasta un 40% condicionada a la firma de un acuerdo internacional que incluya elementos como la determinación de un precio internacional a las emisiones de carbono, cooperación técnica, transferencia tecnológica y acceso a financiamiento de bajo costo. Meta importante pero menos ambiciosa que la fijada durante la administración anterior, incorporada a la Ley General de Cambio Climático en su 2º. Artículo Transitorio, la cual establecía una reducciones de 30% al 2020 y 50% hacia 2050.
Independientemente de la relevancia y ambición de estos compromisos, el nuevo diseño de la arquitectura climática nos obliga a poner atención en la correspondencia entre las metas que ponemos sobre la mesa en materia de cambio climático y los objetivos que definimos para otras políticas públicas, en especial para el sector energético. Y es aquí donde enfrentamos un problema de congruencia: ¿es posible garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos, descarbonizar la economía o impulsar una transición hacia forma de organización social más sustentables cuando nuestra matriz energética depende de fuentes fósiles?
Si bien durante los debates legislativos de la reforma energética, las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas presentadas y los considerandos de los dictámenes aparecen reiteradamente menciones a la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente, la amenaza del cambio climático o el impulso a energía con fuentes renovables, lo cierto es que la reforma energética está orientada a profundizar, ahora a través de la apertura al mercado, un modelo dependiente de combustibles fósiles. Independientemente de todo el discurso y la reivindicación retórica de la sustentabilidad, la prioridad de la reforma está en explotación de petróleo y gas natural no convencional.
En el mismo Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 se reconoce esta incongruencia cuando señala que: “De seguir con este escenario tendencial se calcula que en el 2020 las emisiones nacionales de GEI alcanzarían mil millones de toneladas, es decir, un 28% más que las del 2010. Es importante señalar que la reciente reforma energética conllevará un aumento en las actividades destinadas a la producción de hidrocarburos y probablemente incrementarán las emisiones de GEI de este sector. Igualmente, derivado de esta reforma, el sector eléctrico modificará sus procedimientos para planear la expansión de la red eléctrica y, en particular, el POISE (Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico) se ajustará a las nuevas condiciones. De ahí que el cálculo del escenario tendencial deberá ser actualizado una vez que se publiquen las leyes secundarias de esta reforma y el POISE, y se puedan hacer estimaciones más precisas de las emisiones futuras de las industrias de petróleo y gas y generación de electricidad”.
No podemos engañarnos, la reforma energética corre en sentido contrario a los objetivos climáticos y de hecho incumple el mandato establecido la Ley General de Cambio Climático, 3er. Artículo Transitorio, fracción e: “La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024”.
Es aquí donde la aprobación de la Ley de Transición Energética es indispensable para garantizar la congruencia entre diseño institucional y los compromisos internacionales, así como correspondencia entre distintos objetivos sectoriales. Esta ley aprobada por el Senado el martes 1 de diciembre y ahora pendiente en la Cámara de Diputados, propone entre otras cosas:
- Una participación mínima de 35% de energías limpias en la generación de energía eléctrica para el 2024 con metas intermedias para el período 2018 y 2021 y en complemento a la operación de los Certificados de Energía Limpia establecidos en la Ley de Industria Eléctrica.
- Diversificación de la matriz de generación eléctrica al proponer la generación de 153 TWh con fuentes limpias y 283 TWh de gas al 2024.
- La Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios como instrumento rector de mediano y largo plazo de la política nacional en materia de energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía.
- Crear el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes para fortalecer y expandir la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad.
- Definir metas de eficiencia energética e instruye la creación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía.
- Combatir el cambio climático y cumplir las obligaciones nacionales e internacionales con una reducción de 80/100 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e).
- Estructurar e implementar la generación eléctrica distribuida como medio para democratizar el acceso a la energía, generar empleo, reducir el costo de la electricidad para las familias y eliminar paulatinamente hasta la mitad del subsidio eléctrico nacional, es decir $43,000 millones de pesos anuales.
- Sin dejar de lado un impulso al desarrollo de las energías renovables en congruencia con criterios de competitividad para la economía mexicana, ya que en diversas licitaciones internacionales se han obtenido precios entre 40 y 120 dólares MW/hr; mientras que los costos de los combustibles fósiles fluctúan entre 60 y 200 dólares el MW/hr. Lo cual se calcula puede traducirse en la creación de 180 mil empleos en el sector industrial y una contribución de crecimiento PIB de 45 mil millones de dólares.
El diseño y discusión de la Ley de Transición Energética es un ejemplo de gobernanza legislativa en la que diputados, senadores y funcionarios públicos deliberan en forma determinante con organizaciones sociales líderes en el debate nacional sobre energía y cambio climático, tales como CEMDA, IMCO, Greenpeace, el Centro Mario Molina, Inteligencia Pública, ITDP o CESPEDES, entre muchas otras, así como con especialistas, representantes del sector privado y académicos. En especial me parece que es necesario reconocer el impulso que la Red para la Transición Energética ha dado al proyecto de ley y que su trabajo de coordinación, articulación y comunicación del contenido de la ley han sido muy importantes.
México no puede darse el lujo de postergar la aprobación de la Ley de Transición Energética. El desarrollo de mecanismos e incentivos para la generación de energía con fuentes renovables es un vacío imperdonable de la reforma energética. Pero es un error más grave dejar pasar la oportunidad de garantizar nuestra seguridad energética a través de una matriz energética equilibrada, de impulsar desarrollo económico a través de un modelo energético más sustentable y de cumplir eficiente y efectivamente nuestra contribución para estabilizar la emisiones globales de CO2 y evitar alteraciones impredecibles en el sistema climático.
Señores legisladores, no es posible seguir postergando la aprobación de la Ley de Transición Energética.