#Apoyanocastigues es una iniciativa internacional para demandar distintas y mejores políticas de drogas. Hasta el momento, la meta original de algunos organismos internacionales para lograr un mundo libre de drogas simplemente no es posible, tampoco se puede tratar a todas las drogas como si fueran iguales y es mucho menos razonable considerar a los consumidores como criminales.
Hoy gastamos cantidades absurdas de dinero, vidas y recursos institucionales en combatir el narcotráfico, muy poco en prevenirlo, y, sobre todo, enviamos a la cárcel a consumidores y a personas que forman parte de la cadena de la industria de las drogas que no son un peligro para la sociedad. Al mismo tiempo, hemos puesto en riesgo al Estado mismo, pretendemos ganarle la guerra a unos señores que tienen el control del precio de lo que venden y de los insumos que compran, por lo que obtienen ganancias descomunales que utilizan para financiar ejércitos, en contra de la sociedad.
Todas las decisiones se siguen tomado sin información, sin evidencia, sin evaluación, sin profesionalización, sin consideraciones de derechos humanos, y, por lo tanto, sin resultados. Cada vez más personas consumen drogas y lo hacen bajo situaciones de gran riesgo, el problema es que la preocupación central de nuestras políticas públicas no son las personas que consumen, sino quienes hacen negocio con ellas.
Dos temas son particularmente preocupantes en México. El primero es que seguimos gastando recursos del Estado y enviando personas a prisión por poseer drogas. El segundo, es que el país sigue sin tener un programa de política de drogas medianamente coherente. Nuestra política de drogas criminaliza y no contribuye a reducir en la sociedad los riesgos que su consumo genera.
El trabajo de las investigadoras del CIDE Catalina Pérez Correa y Karen Silva muestra que de 2009 a mayo de 2013, 140 mil 860 personas fueron detenidas por consumo de drogas, de las cuales 27 mil 295 detenciones se realizaron en el Distrito Federal. Además, durante el mismo periodo se iniciaron 54 mil averiguaciones previas por consumo en el sistema federal y se emitieron 89 mil 086 acciones de ejercicio de la acción penal, lo que implica que todas esas personas fueron detenidas y llevadas a un ministerio público. Es decir, se destina una cantidad enorme de recursos públicos para encarcelar a personas que consumen drogas, la mayoría de ellos mariguana.
Además 7 mil 797 personas iniciaron tratamientos forzosos destinados a “farmacodependientes”, cuando no sabemos los resultados de los mismos y mucho menos la forma en la que los jueces determinaron que se trataba de personas con consumos problemáticos, y no simplemente consumidores que no requerían rehabilitarse desperdiciando su tiempo y el dinero público.
En México se inicióun intenso debate con respecto al tema de la regulación de drogas, en particular de la cannabis. Un buen número de prominentes líderes sociales, intelectuales, académicos y artistas se manifestaron por nuevas formas de regulación. Por desgracia, la nuevas concepciones que ya permean con respecto al tema no se han traducido ni en mejor legislación, ni en mejores políticas públicas.
Por ejemplo, con motivo del Día Internacional de Lucha Contra Las drogas, (ver El Universal 27/06/14), Carmen Fernández Cáseres, directora de los Centros de Integración Juvenil, alertóque los jóvenes están sustituyendo el consumo del tabaco por el de mariguana y alcohol. La afirmación fue respaldada por Fernando Cano Valle, responsable de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
No existe, por supuesto ni remotamente, evidencia de que exista una relación de esta naturaleza. De hecho los instrumentos para medir tendencia de consumo en México no parecen ser sólidos. Las también investigadoras del CIDE Beatriz Caiuby y Pamela Ruiz (Drugs, Julio 2012), encuentran que la propia Encuesta Nacional de Adicciones tiene problemas en la muestra que utiliza, en las categorías que establece, en la relaciones causales que presume y no es claro si el objetivo de la encuesta es medir consumo o dependencia, no es capaz de estimar el nivel de consumo ilegal. Básicamente la encuesta, el principal instrumento para generar información sobre drogas en México, no permite sustentar mejore políticas públicas en la materia.
El único tema en el que la nueva administración federal ha mostrado interés es en el de las cortes de drogas. Según se dice, debido a fondos de la llamada Iniciativa Mérida. La promoción del esquema se hace sin que exista evaluación alguna de la experiencia del mencionado tribunal en Nuevo León. El esquema (ver el trabajo publicado en el portal Animal Político) no se enfoca a descriminalizar a consumidores de drogas, sino a conmutar las penas de delitos no graves de infractores que consumen drogas por tratamientos forzosos. Eso tiene varios problemas. El primero es que no existe una relación causal entre consumir drogas y cometer delitos. Es verdad que un delincuente es una persona que asume mayores riesgos en todas sus conductas (consumir drogas legales e ilegales es una de ellas), pero difícilmente es el efecto de la droga el que genera una conducta delictiva. En el caso de la marihuana eso nunca sucede. Además, existe suficiente evidencia en el sentido de que los tratamientos obligatorios difícilmente funcionan y que normalmente se asocian con violaciones de los derechos humanos de las personas.
Existen, por otro lado, propuestas de reforma que pueden contribuir a reducir el problema de la criminalización en el corto plazo. Una de ellas es la que presenté junto con la diputada Esthela Damián en la Asamblea Legislativa del DF y que busca aprovechar el principio de oportunidad en la persecución de los delitos para evitar que se procesen a personas que solamente posean mariguana.
Un mecanismo de comités de disuasión, fuera del sistema judicial, permitiría evitar procesar a consumidores y, en su caso, poder canalizar, para proporcionarles ayuda, a los que lo son de manera problemática.
Otra es la que ha presentado el Senador del PAN Roberto Gil para otorgar una amnistía y libertades anticipadas a personas encarcelas por posesión de drogas sin estar ligados a delitos violentos. Los consumidores de drogas no son delincuentes de manera automática, la mayoría de ellos son personas perfectamente funcionales que no son un peligro para la sociedad. Se trata de individuos con derechos, que requieren de mayor información para tomar mejores decisiones y de separar la criminalización y la violencia del consumo de las drogas. Por eso nuestro compromiso es apoyar y no castigar, el exigir políticas públicas de drogas eficaces, enfocadas en la salud y a reducir los riesgos y los daños de la personas.