Estamos a poco más de dos semanas para que se lleve a cabo la jornada del proceso de revocación de mandato que, en principio se debía tratar de un ejercicio de democracia participativa para que la ciudadanía se pronuncie respecto a la conclusión anticipada del periodo por el que fue electo un gobernante por pérdida de confianza. Pero en este caso se ha desvirtuado al ser impulsado por el gobierno y el partido en el poder convirtiéndolo en una campaña para la ratificación del presidente sin que, salvo algunas voces aisladas, se advierta la intención de pedir que se vaya antes de 2024 pues entre muchos inconformes con los resultados de esta administración, prevalece la posición de que debe cumplir con su mandato para preservar la institucionalidad y evitar una crisis política en el país.
No obstante, en las últimas semanas se ha visto un gran despliegue de propaganda apoyando a López Obrador a través de anuncios espectaculares, carteles en el metro, posters sin que se tenga claro quién o con qué se está pagando, y es difícil creer que los recursos provienen tan sólo de aportaciones voluntarias de simpatizantes. También se ha difundido en redes sociales la distribución de panfletos en los que se hace referencia, por ejemplo, a la aplicación gratuita de vacunas sugiriendo que la permanencia de este programa gubernamental -que por cierto lleva décadas implementándose- está sujeto al resultado de la revocación, así como a brigadas de Morena recorriendo las calles y haciendo visitas domiciliarias para promover la participación en la consulta revocatoria en apoyo a López Obrador.
Lo que estamos viendo dista mucho de ser un ejercicio ciudadano pues es evidente la intervención del oficialismo a través de prácticas que antes cuestionaban como oposición. Son muchas las irregularidades que se están presentando en abierta contravención a las disposiciones legales y que incluso denotan una actitud retadora frente a la autoridad electoral, como es el caso de los constantes pronunciamientos de personas servidoras públicas promoviendo la revocación, así como acciones de gobierno, por lo que el INE ha tenido que emitir medidas cautelares que en su mayoría han sido confirmadas por el TEPJF.
No se trata de una decisión caprichosa, discrecional o censora del INE como injustificada y dolosamente han pretendido acusar y de nuevo amenazan con llevar a juicio político a los consejeros que les son incómodos. Simple y llanamente es el cumplimiento de lo establecido en la Constitución que expresamente prohíbe en su artículo 35, fracción IX el uso de recursos públicos para la recolección de firmas y con fines de promoción y propaganda mandato, así como la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental relacionada con los procesos de revocación de mandato, siendo el INE la única instancia facultada para su difusión y para promover la participación ciudadana. También debe suspenderse toda propaganda gubernamental desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada con excepción de servicios educativos, de salud y protección civil.
Estas son las reglas que con su mayoría aprobaron para la revocación y que, como ya no les gustaron, hoy se niegan a acatar y pretenden modificarlas a mitad del camino a través de un decreto de interpretación que no puede estar por encima de lo que disponen la Constitución y las leyes -pues una cosa es interpretar, y otra darle un contenido distinto a la norma-, además de que va en contra del plazo de 90 días antes del inicio de un proceso electoral como límite para emitir reformas sustantivas en aras del principio de certeza. Es una pena que los primeros ejercicios de democracia participativa en nuestro país, se vean manchados por la manipulación política, la simulación, la falta de respeto a la ley y las prácticas antidemocráticas.