Como parte de los últimos esfuerzos en el actual periodo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, este mes el Dr. Miguel Ángel Mancera presentó en esta semana la iniciativa de ley para hacer de la ciudad de México una ciudad abierta. El asunto es de gran importancia y probablemente será el inicio un gran cambio en la relación entre sociedad y gobierno.
La iniciativa no es únicamente de la autoría del Dr. Miguel Ángel Mancera. El jefe de Gobierno se puso a la cabeza de un trabajo colegiado con una amplísima participación de la sociedad –tanto a través de organizaciones que colaboraron en los trabajos de preparación y redacción, como de ciudadanos y especialistas que transmitieron directamente sus opiniones y sugerencias a través de un proceso de crowdsourcing o colaboración abierta en línea–, de distintas áreas del gobierno local y de un equipo de trabajo encabezado por el coordinador Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa, en el que tuve el gusto de ser invitado a participar.
¿Por qué la iniciativa es importante? Antes que nada, porque se trata del primer esfuerzo en nuestro país por plasmar en una ley una estrategia de Gobierno Abierto. Esto ha tenido una gran diversidad de complicaciones, que van desde el establecimiento de definiciones legales de conceptos jóvenes y que viven rápidos procesos de transformación, hasta el diseño de un modelo de implementación que partiera de la base de las capacidades institucionales de las diversas áreas del gobierno de la ciudad.
Por supuesto que muchos elementos, al ser una propuesta tan innovadora, serán perfectibles; sin embargo, elevar a rango de ley lo que actualmente era un programa, permitirá sumar a otras áreas e institucionalizar los esfuerzos al margen de los vaivenes políticos; lo que es una atinada agenda del jefe de Gobierno, sería en adelante una agenda de la ciudad de México y no estaría sujeta a la voluntad de nuestro siguiente gobernante. En un tema con objetivos de tan largo plazo, esto es fundamental.
Más aún, la iniciativa de ninguna manera pretende agotar en un instrumento legal los esfuerzos en materia de apertura. Al contrario, lo que se busca es establecer una serie de mecanismos que permitan seguir avanzando de manera dinámica y constante.
Contrario a la práctica que aspira –en la mayoría de los casos sin éxito– a modificar la realidad con la mera aprobación de una ley, la iniciativa busca establecer una instancia de decisión colegiada en materia de apertura gubernamental, un marco institucional para la participación permanente de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, así como las bases de un modelo de evaluación y seguimiento de resultados, entre otros importantes temas.
Por supuesto que al hablar de una propuesta legislativa de este tipo tiene que advertirse que el horizonte es en realidad un largo proceso. El gobierno de la ciudad no se transformará por arte de magia, sino como resultado de las actividades que se realicen en el corto, mediano y largo plazo. Afortunadamente, la iniciativa prevé mecanismos para experimentar, corregir, ajustar y vigilar, lo que ocurriría además con el ojo crítico de ciudadanos ajenos a la estructura burocrática de la ciudad.
Abrir progresivamente el gobierno de la ciudad al escrutinio y sobre todo a la participación de la sociedad, es fundamental para dejar atrás muchas de las prácticas que más nos irritan: La ineficiencia, el autoritarismo y la opacidad en gran parte de las decisiones públicas. Si se toman las decisiones adecuadas, incluso se podrán construir mecanismos que permitan avanzar hacia una verdadera rendición de cuentas, lo que es seguramente el gran pendiente nacional. Además, se posibilitará a muchos utilizar el gobierno como una plataforma para la innovación, lo cual tendrá un importante impacto económico y social.
La decisión del jefe de Gobierno de presentar la iniciativa es acertada. Una vez que la Asamblea Legislativa la apruebe, lo será aún más llevar adelante, con toda determinación, los trabajos que en ella se proponen. En el corto plazo habría que reglamentar la ley, iniciar la selección de los ciudadanos que se integrarán a los trabajos e instalar la nueva instancia que se establecería –que no es un nuevo organismo, pues se hará con los recursos materiales y humanos que ya posee el gobierno.
Posteriormente, habría que iniciar los trabajos de ese consejo de Ciudad Abierta, entre los cuales lo más importante sería la selección de áreas estratégicas y de oportunidad para las primeras estrategias institucionales en la materia; también, se deberán enriquecer los conceptos legales y reglamentarios con el diseño de lineamientos y políticas de apertura, además de que se tendrá que culminar el diseño del “modelo de madurez” mediante el cual se hará la evaluación de los avances.
La propuesta es de tal alcance y los métodos que contempla son tan novedosos, que la experiencia de la ciudad de México podría ser un ejemplo nacional e incluso internacional. Si hay un tema que podría ser el sello del gobierno de Miguel Ángel Mancera, es la construcción de una Ciudad Abierta.