El inicio de transmisiones de la tercera cadena de televisión nacional, adjudicada a Grupo Imagen, es un paso fundamental en el proceso de apertura y democratización de la comunicación y, en particular, de la televisión desde un enfoque de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicio público de interés general, tal como lo consigna en su artículo segundo la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una de las grandes reformas estructurales impulsada desde el Pacto por México y publicada en julio del 2014.
Este acontecimiento, al igual que otros pasos que se vienen dando en diversas áreas de la actividad nacional -derivados de las reformas estructurales- como la educativa, la de transparencia y rendición de cuentas, la energética, la política y la financiera por citar algunas de las más relevantes, constituyen la agenda de la transformación de nuestro país, contienen los cambios que México necesita para consolidar su crecimiento y desarrollo en un ambiente de libertades y de respeto a los derechos fundamentales de la persona humana.
Los cambios concretados en las reformas fueron fruto del consenso con las fuerzas políticas más representativas, surgieron del diálogo plural y democrático en un momento en que se concitó la voluntad como respuesta ante los signos de agotamiento de nuestro sistema político y contaron, para su diseño, presentación y votación -invariablemente- con la generosidad de los partidos firmantes del Pacto por México, en particular del Partido Acción Nacional. En ningún caso fue causa y motor de las reformas la voluntad de un solo hombre. En todo momento se advirtió que su éxito o fracaso dependía de mantener la voluntad común de ejecución, la capacidad para su implementación y la distancia con cualquier intento de uso o apropiación para fines particulares, de coyuntura y especialmente electorales.
A casi cuatro años del Pacto, es lamentable constatar el sesgo y el rezago que tienen estas iniciativas ante la falta de voluntad política, la incapacidad manifiesta y la manipulación que de éstas ha hecho el gobierno con fines electorales. En particular durante las elecciones intermedias y las del pasado 5 de junio en que la maquinaria de publicidad oficial y partidista trató de asociar con el PRI y el gobierno federal algunos logros, como la reducción en las tarifas de servicios de comunicación y energía.
Hoy que el futuro nos ha alcanzado y nos encuentra en medio de una profunda crisis política, económica y social es más que evidente que las reformas no se hicieron pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones. Por tanto, no se sostiene el discurso de reformas a modo de los intereses gubernamentales y su partido cuando los precios de los productos y servicios suben sin parar, el dinero se encarece, los créditos escasean, la inseguridad no mejora y la violencia y la corrupción parecen no detenerse.
En medio de la crisis es necesario confirmar que las reformas y la apertura democrática son indispensables, que los cambios son parte esencial de nuestra agenda hacia el desarrollo y la transformación del sistema político mexicano. Sin embargo, están en malas manos puesto que la implementación por parte del gobierno es altamente deficiente al punto que lo alcanzado hasta ahora representa el cumplimiento de los supuestos más elementales y aún no el crecimiento esperado. Si a esto le agregamos las presiones internacionales –que son un factor pero no la única causa del estancamiento económico-, de la debilidad institucional y de la falta de confianza y credibilidad en el futuro, entonces ya tenemos el cuadro completo de la llamada crisis sistémica o, como se estila en el lenguaje oficial, del mal humor social que nos agobia.
Pese a todo, México es un gran país y seguramente contamos con las reservas estratégicas para salir adelante pero no será fácil, ni pronto ni tampoco de cualquier manera. Es necesario asumir que no habrá avances mientras no se den pasos adicionales que concreten la transformación de nuestro sistema político para recuperar la confianza tan deteriorada por la corrupción y la injusticia. Con mucho se ha documentado en “Por qué fracasan los países” –título de la obra de Daron Acemoglu y James Robinson – a propósito de la debilidad y la falla de las instituciones políticas y económicas, en ese orden y unas dependiendo de las otras.
Por tanto, es indispensable transformar las instituciones políticas, renovar el ejercicio del poder desde sus bases, comenzando por fortalecer la legitimidad de origen a través de una mayor representatividad hoy dañada por la atomización de las fuerzas políticas y por los raquíticos porcentajes con los que hoy se ganan las elecciones en México. En este sentido, habrá que seguir con atención las últimas iniciativas sobre una propuesta de reforma política que parece necesaria y urgente, la de los gobiernos de coalición y la eventualidad de una segunda vuelta en las elecciones. De esto meocuparé en otra entrega.
También es fundamental mejorar la legitimidad de gestión a través de ejercicios eficaces de transparencia y rendición de cuentas que abatan la corrupción y la impunidad. A la par, abriendo nuevos canales de expresión como los que hoy se inauguran en la televisión mexicana, los que se expanden en las redes sociales y los que aún no se instalan en el sistema educativo a fin de fomentar los valores éticos y la participación social responsable que, al final del día, son la base de la restauración del tejido social, político y económico que nuestro país necesita. En hora buena.