En días pasados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que daría publicidad a los archivos de “la Policía Federal, de la policía encargada del espionaje en otros tiempos y del desaparecido Cisen”.
El tener acceso a ese cúmulo de documentos crea la posibilidad de realizar indagaciones, análisis y reflexiones sobre la sociedad mexicana de mediados del siglo XX e, incluso, de principios del XXI. Sin duda las expectativas de los historiadores deben ser altas pues, por la naturaleza de sus funciones, el acervo documental del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), debe ser una fuente extraordinaria de información y parte del patrimonio histórico de nuestro país. Los materiales que lo conforman, como pueden ser informes, actas, fotografías y videos, son útiles para comprender aspectos relevantes de la vida pública mexicana.
Algunos de los hitos históricos de los que se resguarda información en esos acervos son la llamada Guerra Sucia, el movimiento estudiantil de 1968, los asuntos del sindicalismo y su evolución, el neozapatismo que irrumpió en la escena nacional en 1994, los entretelones de la transición democrática de 2000 y sus antecedentes en la insurgencia cívica de 1988, el asesinato de Colosio, Ruiz Massieu y el Cardenal Posadas.
Archivos históricos
Es pertinente recordar que, en cumplimiento de un acuerdo presidencial firmado por Vicente Fox, desde febrero de 2002 le fueron entregados al Archivo General de la Nación (AGN), los documentos de las Direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales, en el contexto de un esfuerzo por desentrañar los acontecimientos del pasado. Sin embargo, el AGN nunca tuvo bajo su control la información, pues era personal del Cisen quien la controlaba y decidía los términos en que se daba acceso a ella, que en los últimos años se otorgaba en forma de versiones públicas donde se protegían los datos de los actores participantes. Esta falta de rectoría del AGN sobre el conjunto documental referido, se ilustra con la anécdota narrada por el actual director del recinto archivístico nacional en la conferencia de prensa donde se anunció el acuerdo de apertura, refiriendo que no había podido ingresar al área del archivo del CISEN, pues solamente su personal contaba con la llave y había salido de vacaciones.
Es necesario advertir que el alcance de lo dispuesto por el titular del Ejecutivo va más allá del acceso a los acervos policiacos, pues en el acuerdo publicado se instruye a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal a transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción.
Esto cobra relevancia dado que es posible encontrar en nuestro pasado diversos hechos que han implicado merma en las libertades de las personas, actos de autoritarismo y conductas ilícitas en la gestión pública. Sin embargo, muchos de estos sucesos, arraigados en el imaginario social, no han tenido una respuesta suficiente por parte del Estado, en cuanto a la determinación de su naturaleza, causas y responsables, lo que hace deseable que todos los detalles que existan sobre los hechos sean expuestos públicamente, para garantizar que no caerán en la impunidad y el olvido.
Medidas de satisfacción
Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, entre las formas de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se encuentran las medidas de satisfacción, que implican acciones tendentes a la memoria, verdad y justicia.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado el derecho a la verdad como una prerrogativa no sólo de las víctimas, sino que ha expandido su alcance a los familiares y a la comunidad en su conjunto. En ese sentido, ha señalado que el Estado tiene la obligación de satisfacer la expectativa de las familias de las víctimas de conocer cómo sucedieron los hechos; que ellas y la sociedad “como un todo deben ser informados de lo sucedido con relación a (las) violaciones” de libertades fundamentales.
Una sociedad no puede construir un cotidiano democrático a partir de la oscuridad de su pasado. La preservación y gestión del patrimonio documental de nuestro país orientadas a garantizar el derecho de acceso a la información, reduce la asimetría de las personas con respecto del poder público, dado que permite el análisis histórico de su ejercicio, asimismo contribuye a la construcción de una ciudadanía informada y crítica.
Por lo anterior, es de reconocerse que la medida de apertura de los archivos relacionados con el Cisen y en general con violaciones a las libertades fundamentales, esté acompañada de la importante previsión de considerar para ello a la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, junto con la de protección de datos personales y en materia de archivos. La confluencia de estos tres ámbitos da sustento al derecho colectivo a la memoria.