Opinión

Ante violencia política, investigación internacional

No podemos esperar a que la cifra de homicidios contra políticos y personas con aspiraciones políticas se incremente. | Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave

  • 29/06/2018
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Hace algunos días escribí un texto titulado “Un Calendario Electoral 2018 para la Historia”, publicado en la plataforma electrónica Crónica de las Elecciones Federales 2018, de mi querido Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En dicho documento, reflexionamos sobre algunos aspectos que han marcado el desarrollo del calendario electoral 2017-2018 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para darle curso a los procesos electorales locales y federal 2018. Dichos aspectos que, bajo los infortunios de las contiendas electorales y a la sombra de los llamados poderes fácticos y políticos, han manchado lamentablemente de sangre a estos procesos electorales por la desatada violencia política de la que -decimos- se habla tanto y se hace poco o nada.

Violencia

La violencia política, en este sentido, no ha encontrado una definición que contenga las características de todos los elementos y agentes que la configuran. Irresponsable resultaría pretender aportar una propuesta definitoria -sobre violencia política- fundada sólo en la idea que se desarrolla en un ambiente político, o que está en relación con algunos actores políticos, o intereses políticos, etcétera.

En el fenómeno de la violencia política; sin embargo, podemos incluir no sólo a algunos de los actores políticos públicamente así presentados o reconocidos, es decir, no sólo a todos aquellos que realizan una función política propiamente dicha como; por ejemplo, los diputados, los senadores, los secretarios de estado, gobernadores, presidentes municipales, candidatos a puestos de elección popular, entre otros, sino a todos aquellos agentes particulares y sociales que bajo intereses políticos realizan de facto ciertas acciones o actividades, para obtener beneficios políticos, personales o de grupo, directos o indirectos.

Hoy en día, es inexplicable -aun con algunos estudios o diagnósticos sobre la violencia e impunidad- conocer a ciencia cierta las verdaderas motivaciones de la delincuencia en contra de políticos o personas con aspiraciones políticas. A lo más, el uso de las redes sociales, acompañado por el eco de algunos de los diversos medios de comunicación, juegan un papel generador de infinidad de especulaciones en torno a las causas u orígenes de esa violencia, particularmente de los homicidios cometidos contra ese activo social.

Sin embargo, a nadie le es útil el juzgar de forma mediática, ya sea a una persona o grupos de personas, con o por actividades políticas, sobre la base de especulaciones, aún y cuando éstas a la postre, se conviertan en líneas de investigación y que, generalmente, sólo cumplen la función de abrir pequeñas luces de esperanza sobre la verdad histórica y jurídica de ciertos hechos.

La desconfianza social sigue en aumento

¿Pero qué sucede cuando esas múltiples luces de esperanza o líneas de investigación penal no dan los frutos esperados en relación con el conocimiento de la verdad? La percepción social y, particularmente, de las personas en situación de víctimas del crimen o de delito, en cuanto al funcionamiento de las instituciones policiales, investigadoras o procuradoras de justicia, caen en el inframundo de la impunidad, por tanto, la desconfianza social sigue en constante aumento.

Basta con revisar el Índice Global de Impunidad 2018 (IGI-2018), realizado por la Universidad de las Américas Puebla, para tener una idea más definida sobre las causas generadoras de la desconfianza social y no se diga de las personas en situación de víctimas de delito.

De acuerdo con los resultados presentados en dicho Índice, se señala que el grado de la impunidad en México aumentó, tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República y, lamentablemente, tenemos que nuestro país encabeza la lista de los países del continente americano con el más alto índice de impunidad.

Otro dato relevante, que se precisa en dicho Índice (IGI-2018), es el relativo al porcentaje de personas encarceladas o privadas de su libertad por homicidio, el cual alcanza apenas el 17.09%, lo que se atribuye a los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y de justicia a nivel estatal: las entidades federativas no tienen agencias de investigación profesionales, independientes, con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio. Nosotros mismos -agregaríamos- hemos constatado que varias de esas instituciones carecen de Centros Médicos Forenses para realizar necropsias u otros estudios de gran valor en las investigaciones.

Asimismo, aparece que la cifra negra y la tasa de violencia se mantiene en niveles muy altos y en aumento. La cifra negra, es decir, los delitos no denunciados se mantienen en niveles del 93.7% (ENVIPE, INEGI). Esto confirma que las y los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y de justicia, para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas.

Atendiendo a esos graves índices de impunidad y la imparable violencia política que se vive en el actual proceso electoral 2018, queda claro que en México no existen las condiciones de seguridad y de justicia que garanticen confianza a las víctimas directas (quien sufre el daño) o indirectas (los familiares de quien sufre el hecho victimizante), por razones estructurales, institucionales e, incluso, por las capacidades y preparación de las personas puestas al frente de estas instituciones o de las investigaciones del caso.

Hemos precisado que, basados en el Quinto Informe de Violencia Política en México 2018, publicado por Etellekt Consultores, se da muestra de la grave crisis en materia de seguridad, especialmente para las y los candidatos que han sido privados de la vida, amenazados, intimidados, secuestrados o que sufrieron algún tipo de agresión o atentado no sólo en su integridad personal sino hasta la de sus familiares, durante el presente proceso electoral 2018.

Recordamos que, de acuerdo con dicho Informe, sólo en lo que va del proceso electoral, al 16 junio de 2018, se han registrado un total de 120 asesinatos contra personas políticas de las cuales 80 eran opositoras a los partidos políticos gobernantes en cada entidad federativa donde ocurrieron estos hechos; también se han presentado 351 asesinatos en contra de funcionarios no electos, poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática.

Insistimos, es necesario tener muy claro que se trata de cifras registradas, es decir, existe la llamada cifra negra que, quizá, sea mucho mayor, referida a todas aquellas personas que viven en el anonimato y que han sido o son víctimas de la violencia política, pero que no han denunciado por miedo, intimidación, amenazas o por otras razones.

El tema de la confianza

México enfrenta una situación grave en materia de seguridad y de justicia, por consiguiente, una escasa o nula confianza ciudadana en sus instituciones de procuración (Ministerios Públicos) y de administración de justicia (Jueces), que nos conduce a pensar en la siempre potencial y válida posibilidad de la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al Hussein quien, en fecha reciente, propuso al organismo internacional la integración de una comisión especial investigadora de la violencia política en Nicaragua donde, según cifras publicadas en medios periodísticos, se rebasan los 170 homicidios provocados durante las protestas contra el gobierno.

México no puede esperar a que la cifra de homicidios contra políticos y de personas con aspiraciones políticas se incremente. La violencia política -se ha dicho- bien puede provenir de cualquier frente, incluidas las propias instituciones del Estado algunas de ellas absorbidas por la delincuencia.

La participación abierta de las instituciones del Estado mexicano en una investigación de árbitro internacional (ONU), quizá sería una buena alternativa que fortalecería, sin duda, sus capacidades técnicas y profesionales en materia de investigación y probablemente con ello se recuperaría la confianza perdida de la sociedad y especialmente de las personas en situación de víctimas.

Dar cuenta de los resultados que arroje una investigación de esa naturaleza -sobre la violencia política- con árbitro internacional, sin duda alguna, abonará en todos los aspectos instituciones y de gobernabilidad en México.

La Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave es Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

¿Qué sigue después del 1 de julio? Asumir y respetar

@spedroza_12  | @OpinionLSR | @lasillarota

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