Opinión

Ante la incompetencia: militarización

En este momento se requiere el cumplimiento de objetivos estratégicos, pero nadie quiere trabajar con lo que tiene. | César Gutiérrez

  • 29/09/2020
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El término normatividad se define como “…un conjunto de normas que dirigen, promueve y guían el comportamiento de un individuo, organización, materia y/o actividad...”  Sin estas condiciones, muchos empleados de una organización, institución y/o sociedad podrían hacer como mejor les plazca los procedimientos de un área aplicando el principio del derecho  “…todo lo que no está prohibido, está permitido…”.  El objetivo principal de toda normatividad del sector público o privado es limitar el comportamiento y funciones de cada uno de sus miembros, permitiendo un buen clima laboral con equidad de género para poder cumplir con sus objetivos estratégicos. Cuando se logra comprender que la constitución y sus leyes no dan consejos, se da un estado de derecho en igualdad y puede lograrse abatir la corrupción mediante el uso correcto e intensivo del marco jurídico vigente y su transparencia.

Ha sido muy intensa la crítica hacia el personal militar que brinda apoyo en funciones de seguridad pública. Sin embargo, este personal se ha topado con la burocracia de la procuración y administración de la justicia, principalmente cuando se desarrolla la puesta a disposición inmediata ante el ministerio público. En muchas ocasiones diversos funcionarios y operadores jurídicos no brindan la certeza jurídica por la pluralidad de criterios, y su falta de capacitación o actualización. Esta problemática provoca cierta desmoralización de todos aquellos que fungen como primeros respondientes, ya que muchos delincuentes tienen infinidad de antecedentes que indican registros con más de tres ingresos y casualmente salen por la puerta giratoria burlándose del sistema judicial.

Pero todo esto tiene su razón de ser, ya que afecta de manera unilateral al interés público y social.

1. A partir del 4 de junio de 2019, se creó el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, también se cuenta con un Centro de Formación y con el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, y la Dirección General de Servicio de Carrera.

2. El 4 de febrero del 2020, el medio de comunicación Animal Político indicó que: Un informe oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), enviado al Congreso de la Unión en enero pasado, revela que completar la transición de dicha institución desde la vieja PGR será un proceso lento y con plazos inciertos, debido a la falta de recursos que garanticen llevarlo a cabo.

3. El documento denominado Plan Estratégico de Transición subraya que la Ley Orgánica de la FGR ordenaba la asignación de fondos específicos y suficientes, que garantizaran la transformación de la entonces PGR en la nueva Fiscalía. Sin embargo, esto no ha ocurrido ni en 2019 ni en 2020, años en los que se ha asignado apenas el presupuesto suficiente – incluso con recortes – para mantener la operación de la institución, más no para su evolución.  “Esta situación obliga a replantear la asignación de recursos y muy probablemente, a atender con mayor gradualidad las acciones de transformación planteadas (…) la ejecución del plan estará sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales y de capital humano, así como a su autorización por parte de la Fiscalía General de la República”, señala el informe.

4. El 28 de septiembre 2020, Gertz Manero, fiscal general de la República, reveló que Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta y con la anuencia de sus superiores, como pago de sus infamias y para proteger su impunidad la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos, “cobró y robó” más de mil millones de pesos a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el caso Ayotzinapa.

Toda esta transición que está sufriendo la Fiscalía General de la República (antes PGR), le ha provocado muchas deficiencias para unificar criterios en la Formación, Capacitación, Especialización y Adiestramiento del personal que integra esa Institución. Incluso, al consultar en el portal de transparencia podemos observar que existe mucho nepotismo al verificar que existe personal en puestos de nivel de subdirección o dirección general, los cuales no cuentan con título y cédula profesional (siendo un requisito indispensable). 

Todos estos factores, afectan brutalmente el buen desarrollo de las puestas a disposición que realiza el personal de las Fuerzas Armadas, así como a las diferentes corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, y por consecuencia a la ciudadanía, víctima del delincuente. Lamentablemente a casi dos años de la creación del área responsable de la profesionalización del personal de la FGR, no se vislumbra ningún tipo de avance, ni se logrará mientras que el fiscal Gertz Manero no depure al cáncer que todavía se encuentra en esas áreas que impiden lograr sus objetivos estratégicos.

Por otro lado, en la sesión parlamentaria del 17 de septiembre del 2020, expertos, investigadores, funcionarios y legisladores, dialogaron sobre los pros y contras sobre la propuesta de reforma de Morena para permitir que la Secretaría de Marina sea responsable de la administración, control del transporte, regulación de comunicaciones y concesiones en los puertos, costas y terminales marítimas del país en sustitución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es comprensible la diferencia de criterios debido a que el art. 129 constitucional establece la esfera jurídica y sus atribuciones de las Fuerzas Armadas, ya que su ponderación es únicamente en tiempos de guerra y se mantendrán por aparte en tiempos de paz. Pero también existe un planteamiento que denuncia las malas prácticas, el tráfico de influencias y sobre todo la omisión o justificación para no hacer el trabajo, (de lo cual adolecen la mayoría de las instituciones y dependencias). Esto ha provocado que se politice la palabra militarización, debido a que en este momento se requiere el cumplimiento de objetivos estratégicos, pero nadie quiere trabajar con lo que tiene, pero si realizan prácticas de un poder influyente para acomodar a sus amistades o familiares. Debido a que muchos funcionarios solo se han dedicado a fomentar el servilismo, han provocado el retroceso a cualquier transformación,  ya que desconocen la frase de “Soluciones, No problemas”, únicamente se han dedicado a dar una serie de justificaciones. Lamentablemente muy pocos conocen los verbos del deber, cumplir y obedecer. A eso se debe que el Ejecutivo les esté dando tareas a los secretarios de Defensa y Marina

Por último, recuerdo que en alguna columna propuse la idea de militarizar a la 4T, pero siendo claro, solo respecto al trabajo eficiente y disciplinado de las instituciones militares, las cuales han demostrado a través de la historia ser eficientes y profesionales en las misiones que les encomienda el Ejecutivo. Pero parecería que dicha propuesta fue tomada de forma literal y se ha utilizado a las instituciones militares más allá de lo que conocemos como sus funciones principales y primordiales, aún así, las Fuerzas Armadas no desconocen las funciones que se les está encomendando su presencia. 

Debemos ser claros, esa sobreexposición a las que están siendo llevadas pueden tener un costo irreparable en la imagen de las instituciones militares, ya que históricamente han sido quienes cargan con las culpas de las decisiones políticas que se toman. Por lo que es importante entender que el servicio que prestan debe estar supervisado y ser transparente. Hemos visto que en los últimos meses se han publicado presuntos actos de corrupción de administraciones pasadas, donde se deja muy mal parado al actual general secretario, quien es el que está recibiendo las acusaciones de corrupción heredadas de sus antecesores, así como de los hechos acontecidos en esas administraciones, las cuales calan hondo en el gremio militar.

En días pasados en el marco del aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente de la república dio a conocer que existían órdenes de aprehensión contra elementos militares, a lo que la institución respondió que todos los elementos del 27 batallón de Infantería están a disposición de las autoridades federales para la investigación, lo que muestra nuevamente que el general secretario Luis Cresencio Sandoval seguirá pagando las culpas de su antecesor el General Salvador Cienfuegos Zepeda, ya que en algún momento se tendrá que investigar la columna de mando, que forzosamente tendrá que llegar hasta lo más alto, por lo que me pregunto, ¿por fin se deslindara el general Luis Cresencio Sandoval de su antecesor?, o seguirá desviando la atención.

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