Opinión

Anormal, la Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía se puso en primera línea de los ataques del gobierno contra la autonomía de los órganos electorales. | Rafael Hernández

  • 28/05/2020
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Es inconstitucional el aviso de la Secretaría de Economía de un proyecto Norma Mexicana que pretende regular o certificar a los órganos electorales, pues invade las atribuciones que la Constitución le reserva al INE y los órganos electorales locales. Incurre en lo anormal dicha dependencia porque, además de que viola las leyes electorales, dicha norma es una burla a la propia Ley Federal de Metrología y Normalización.

Quien propone la norma que calificaría la calidad de los procesos que llevan cabo las autoridades electorales para la emisión del voto secreto de los ciudadanos, según dice el extracto de la misma que se publicó con el aviso, es una agrupación privada denominada Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. Publicado el 22 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, el aviso marca el inicio de un plazo de 60 días para que los interesados formulen sus comentarios, al cabo del cual el proponente podrá adecuarlo y expedir la norma.

En respuesta a los reclamos por la indebida publicación, la Secretaría de Economía (SE) emitió el 27 de mayo un comunicado en el que dice reconocer y respetar “íntegramente” al sistema electoral previsto en la Constitución y en las diferentes leyes de la materia, así como las atribuciones del INE. Sin embargo, la Secretaría no canceló el aviso ni el procedimiento para emitir la controvertida norma, cuyo plazo está corriendo a partir de su publicación.

Lo cierto es que el mencionado anuncio viola la Constitución y las leyes electorales porque dichas normas reservan la materia electoral a organismos dotados con autonomía como el INE y los OPLE de cada estado.

Pero además de pasar por encima de la normatividad electoral, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín violó también la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que es la norma que regula la elaboración y expedición de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas.

La norma anunciada no puede ser una NOM, pues el artículo 40 de la mencionada ley federal señala que éstas serán expedidas por las dependencias competentes, siendo que ninguna dependencia de la administración pública federal tiene competencia en la materia electoral.

Si la SE pretende que la norma anunciada sea una Norma Mexicana, que a diferencia de la NOM es de carácter voluntario, igual violó la Ley al publicar el aviso, pues el artículo 51-A dispone que la elaboración de ese tipo de normas requiere el consenso de los sectores interesados. Son las autoridades y magistrados electorales, los partidos políticos y los electores los sectores primeramente interesados en la materia electoral además, en todo caso, de los despachos de consultorías y de litigantes que actúan dentro de la misma. Que se sepa, la agrupación privada que propone la norma anunciada jamás recabó su consenso.

Por otro lado, trátese de una NOM o de una Norma Mexicana, la ilegalidad de la misma queda patente si se considera que la SE tiene entre sus atribuciones legales el vigilar y certificar el cumplimiento de las mismas. En caso de que se expidiera la norma propuesta, esa dependencia pública no podría calificar el apego a la misma por parte de los Consejo General, los Consejos Locales o Distritales del INE, o por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, por poner unos ejemplos, pues el solo intento de hacerlo constituiría la intervención del gobierno federal en la organización de las elecciones, cosa que está prohibida por nuestro marco jurídico.

Luego de incurrir en falta por el caso de la carta con la firma del presidente de la República en la aprobación de los créditos del IMSS a las MiPyMes y de poner como requisito el estar inscritos en el “Censo del Bienestar” para que las empresas informales y los autoempleados accedieran al crédito de 25 mil pesos, ahora la Secretaría de Economía se puso en primera línea de los ataques del gobierno contra la autonomía de los órganos electorales.

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