A una semana y media de la jornada electoral del 7 de junio, cuando ya tenemos números oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la participación ciudadana, es buen momento de empezar a analizar qué nos dicen los resultados sobre el sentir de la sociedad.
Las elecciones intermedias de 2015 -como cada proceso electoral- son únicas y con sus características propias, pero éstas eran particularmente trascendentales por diversos factores.
En primer lugar, porque son las primeras elecciones a nivel nacional después del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la Republica, con Enrique Peña Nieto, quien desde su llegada impulsó once reformas entre las cuales destacan la energética, la hacendaria, la educativa, la laboral, y la de telecomunicaciones y radiodifusión.
Del mismo modo, porque eran los primeros comicios electorales post Ayotzinapa. Después de aquel fatídico 26 de septiembre de 2014, el enojo y el hastío de miles de mexicanos que han sido víctimas primarias o secundarias del crimen, la inseguridad y la violencia que se vive en algunas regiones de nuestro país salió a flote con mayor intensidad. Las manifestaciones que condenaban la desaparición de los 43 normalistas y exigían su aparición con vida, así como el castigo a los responsables, se multiplicaron en todo el país y en al menos una treintena de países.
Igualmente, porque eran las primeras elecciones después de la reforma político-electoral promulgada el 31 de enero de 2014 por el mandatario Peña Nieto, con la cual se le otorgaron mayores facultades y atribuciones al ahora INE, que le permitiría al instituto atraer e intervenir en comicios estatales cuando se demuestre una actuación imparcial de las instancias locales, por poner un ejemplo.
Con esta reforma se realizaron los mayores cambios que se habían hecho en materia electoral en décadas, entre los cuales destacan: La reelección de diputados y senadores, con la anuencia de los partidos que los postularon inicialmente; la posibilidad de la nulidad de las elecciones en caso de rebase de gastos de campaña, entre otras razones; la paridad de género en las candidaturas para conformar los Congresos federal y estatales, así como en los ayuntamientos; el aumento del 2% al 3% el porcentaje de votos que un partido deberá obtener para conservar el registro, que en estos resultados ya afectó al Partido del Trabajo y el de reciente creación Partido Humanista; entre otras.
Por estos y otros motivos es importante reflexionar sobre los resultados de estas elecciones, en los cuales podemos observar que predominó el voto de castigo, uno razonado con base en la decepción, el enojo, el coraje, el resentimiento, que han provocado los pobres y deficientes resultados de los diferentes partidos políticos que gobiernan o han gobernado.
En cinco de nueve gubernaturas se llevó a cabo la transición del partido en el poder, en la mayoría de estos estados el gobierno en el poder enfrenta y enfrentó en las campañas electorales duras críticas y cuestionamientos de corrupción, pero no sólo de los adversarios políticos también por parte de la ciudadanía y organismos civiles.
Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, el candidato ciudadano Jaime Rodríguez El Bronco, derrotó a sus adversarios con una amplísima ventaja de poco más de 25 puntos frente a su más cercana competidora Ivonne Álvarez García, la candidata del PRI y, sobre quien pesaron las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito en contra del actual gobernador Rodrigo Medina.
Cabe destacar que el gobernador priísta Rodrigo Medina, quien dejará el cargo en septiembre próximo ya se está defendiendo de las acusaciones, e incluso le ha solicitado a Jaime Rodríguez que no se deje presionar en caso de que lo investigue. Según diversos reportes periodísticos, el mandatario posee diversas propiedades y empresas en México y San Antonio, Texas, cuantificadas en mil millones de pesos.
Razón tienen quienes solicitan una investigación al respecto, y también aquellos que piensan que el próximo gobernador de Nuevo León está obligado a realizarla. El reto de Jaime Rodríguez es demostrar que está dispuesto a brindarles justicia a los ciudadanos de dicha entidad.
Pero este reto lo comparte con los nueve gobernadores, los diputados federales y locales, así como los alcaldes que fueron elegidos en la pasada jornada electoral, todos ellos tienen la obligación de rendir cuentas a los mexicanos que votaron por ellos, pero también a los que no votaron. Si es que no quieren que los síntomas de hartazgo y repudio se prolonguen hasta el 2018.
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