No cabe duda que, en el transcurso de los años, las instituciones electorales se han encargado de llevar a cabo diversos proyectos y programas que le han dado sustento a la ampliación de los derechos político electorales de la ciudadanía. Con ello, se atienden diversas demandas de la población y nuestro sistema democrático se ve fortalecido buscando alcanzar que toda la población ejerza su derecho al voto.
Este proceso, y hay que decirlo, ha sido acompañado e incluso impulsado también por las instancias jurisdiccionales electorales que han tenido una visión amplia y progresista para hacer prevalecer, con sus resoluciones, la garantía constitucional de que la población vote, participe y se manifieste.
Por mencionar algunos, en la elección de 2021 11 entidades federativas podrán recibir la votación de sus connacionales para que, desde el extranjero, puedan votar por los cargos que sus legislaciones electorales determinan. Además, el INE estará instrumentando el voto por internet que, de resultar exitoso, seguramente será un incentivo importante de la participación ciudadana que, pese a vivir fuera de México por diversas circunstancias, pueda ejercer su derecho al voto.
Otro proyecto que consideramos interesante, es el relativo al voto de las personas en prisión preventiva. Esto surge a raíz de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyera, debido a dos demandas ciudadanas presentadas, que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, en razón de que se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia.
En este sentido, el Tribunal Electoral mandató al INE para que implementara, de forma paulatina y progresiva, un programa antes de 2024 para garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva. Por ello, el órgano electoral nacional, de acuerdo con información pública, desarrollará en la elección del año entrante, una prueba piloto en la elección de diputados federales en cinco centros penitenciarios. Los resultados seguramente serán un referente importante para su eventual implementación en la elección de 2024.
Un ejercicio que, desafortunadamente el INE consideró inviable, fue la instrumentación del voto en hospitales a través de la instalación de casillas especiales para la elección del año que entra, tal como fue realizado en la elección de 2018.
El fundamento para esta determinación es la emergencia sanitaria que vivimos por la pandemia por covid-19 que parecería no tener fin y con ello se han visto mermados varios proyectos como el que ahora referimos.
Sin embargo, con el objetivo de buscar alguna alternativa y dotar al mayor número de la población la posibilidad de ejercer su derecho al voto, el INE avaló que las Juntas Distritales contemplen la posibilidad de instalar casillas especiales alrededor de hospitales para que el personal médico, administrativos y otros que laboran en estas instituciones puedan ejercer sus derechos político electorales en la elección de 2021.
Si bien esta prueba piloto no podrá ejecutarse tal cual fue programada el INE anunció que seguirá en el estudio del tema con miras a su implementación en un posterior proceso electoral.
Estos tres grandes proyectos, entre otros más, son sólo algunas de las acciones que la autoridad electoral por iniciativa propia o por los razonamientos emitidos por al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha llevado a cabo para ampliar los derechos político electorales de la ciudadanía.
Lo que nos tocará ahora como ciudadanos es participar activamente en la elección, independientemente de por quién votemos o nos manifestemos. De esto se trata justamente la democracia.