Opinión

AMLO y la narcopolítica en Tamaulipas

La mayor preocupación es que la causa emprendida por la FGR se conduzca bajo una motivación político-electoral sobre el panista García Cabeza de Vaca. | Roberto Rock L.

  • 25/02/2021
  • Escuchar

Las acusaciones levantadas contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, tendrán en el sistema de justicia norteamericano al observador más atento sobre las verdaderas intenciones del gobierno López Obrador para enfrentar con seriedad el vínculo entre crimen organizado y la política en México, particularmente en aquella entidad fronteriza.

La mayor preocupación es que la causa emprendida por la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, se conduzca bajo una motivación político-electoral sobre el mandatario panista tamaulipeco, pero asuma la misma postura de gobiernos anteriores (priístas y panistas) de no actuar contra personajes, incluso exgobernadores, perfectamente identificados como cómplices de las mafias. 

Por años, agencias que combaten al crimen en Estados Unidos, como la DEA y el FBI, han generado detallados diagnósticos sobre la corrupción de políticos mexicanos presumiblemente a cargo de los cárteles. Los principales actores de esos reportes son en su absoluta mayoría integrantes del PRI. Pero los hay de todas las filiaciones, entre ellos por cierto, una figura sumamente actual, Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Cuando Salgado se desempeñó como alcalde de Guerrero (2006-2008), la Procuraduría General de la República, a cargo de Eduardo Medina Mora, recibió reportes de su contraparte en Washington en el sentido de que la autoridad porteña toleraba la operación de dos cárteles contrarios.

Por lo que toca a Tamaulipas, el caso sobre el que se generaron más reportes fue el de Tomás Yarrington, gobernador priísta (1999-2004), considerado por la DEA cabeza visible de cárteles de las drogas en la región, entre ellos el Cártel del Golfo y los tristemente famosos “Zetas”.

Funcionarios norteamericanos dieron seguimiento a Yarrington tras ser alcalde de la fronteriza Matamoros (1993-1995). Antes fue diputado federal (1991-1992). En 1995 se incorporó al gabinete del entonces gobernador Manuel Cavazos. Las primeras indagatorias de lavado de dinero usando a prestanombres para comprar propiedades en territorio estadounidense surgieron en 1998, pero entonces fue designado candidato del PRI a la gubernatura y todo entró en suspenso.

El gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) contó con la información suficiente para imputar a Yarrington en un intrincado mundo de negocios que incluyó el tráfico de drogas y la especulación inmobiliaria. Antes de dejar su cargo, Yarrington todavía anunció su intención de buscar la candidatura presidencial por su partido en 2006. Fue sucedido en el gobierno de Tamaulipas por el también priísta Eugenio Hernández (2005-2010), señalado igualmente en Estados Unidos desde 2014 por vínculos con el crimen organizado, pero no detenido en México sino hasta 2017. 

De acuerdo con informes recabados por la administración calderonista, en su mayoría aportados por autoridades estadounidenses, del núcleo criminal que encabezó Yarrington Rubalcava habría partido la instrucción para asesinar, el 28 de junio de 2010, al entonces candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, casi en la víspera de las elecciones estatales.

En la mañana de ese día, un convoy de dos camionetas que trasladaba a Torre Cantú al aeropuerto de Ciudad Victoria fue emboscado por un comando que empleó al menos ocho vehículos e incluyó a 16 sicarios que portaban uniformes similares a los de la Marina y actuaron en forma cronométrica, con tiradores profesionales.

Los vehículos utilizados, que en videos aparecen desplegados en forma estratégica horas antes de los hechos, interceptaron las camionetas del candidato. Según sobrevivientes de los hechos, el candidato pensó que se trataba de un operativo militar de inspección y dijo a sus acompañantes: “Déjenme bajar para que los marinos me reconozcan”.

En sólo tres minutos, cuatro de sus acompañantes yacían muertos en el piso. Torre Cantú fue obligado a arrodillarse al pie de la carretera y ejecutado por la espalda. En lenguaje del crimen, se cobraba así el incumplimiento de un trato.

Por razones que aún no se esclarecen, pero que fuentes de ambos países atribuyen a un pacto de silencio entre el gobierno de Calderón y figuras clave del PRI, las abrumadoras evidencias contra Yarrington fueron ocultadas y los documentos del caso Cantú Torre reservados por 12 años en la Procuraduría General de la República (PGR).

Sólo casi al final de la gestión calderonista —en septiembre de 2012—, cuando en Estados Unidos había arrancado ya la persecución judicial sobre Yarrington, el gobierno mexicano decidió abrir una tímida indagatoria contra el ex mandatario estatal, considerado prófugo desde entonces. 

En abril 2018 autoridades de Italia, donde Yarrington se ocultaba, lo extraditaron a Estados Unidos, donde los fiscales se han quejado de la falta de colaboración de los sucesivos gobiernos mexicanos para fortalecer sus acusaciones. El juicio respectivo fue fijado para inicios de 2020, luego cambiado a septiembre pasado, y finalmente quedó sin fecha bajo el argumento de la pandemia.

Tras el asesinato de Torre Cantú, su hermano Egidio lo sucedió como candidato y ganó la gubernatura. Pese a que se comprometió públicamente a ello desde que asumió el cargo, el crimen contra su hermano nunca fue aclarado, ni por parte de la justicia local, ni por el ámbito federal.

En 2016, durante las campañas rumbo a la elección que definiría al sucesor de Torre Cantú, el PRI postuló a Baltazar Hinojosa Ochoa, un ex colaborador de Tomás Yarrington. Su candidatura fue impulsada por el entonces secretario de Hacienda en el gobierno Peña Nieto, Luis Videgaray.

Durante la contienda, emisarios del gobierno saliente de Torre Cantú recorrieron medios de comunicación en la ciudad de México ofreciendo un millón de pesos a cambio de publicar un confuso expediente contra el aspirante del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, que incluía alegatos de vínculos con el narcotráfico cuando se desempeñó, 10 años antes, como alcalde de la ciudad fronteriza de Reynosa. 

Celebradas las elecciones y por primera vez en casi 90 años de historia, el PRI fue derrotado en Tamaulipas a manos de García Cabeza de Vaca. Ahora se empieza a abrir un nuevo capítulo, con epílogo por ahora impredecible.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.