En las semanas previas a la jornada electoral y como parte de su discurso nacionalista para fijar la postura de su gobierno ante el de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó severamente la ayuda financiera de la USAID a organismos civiles que operan en México.
Lo hizo también en el contexto de sus críticas recurrentes, cotidianas, a la oposición y a los medios de comunicación que con argumentos sólidos, o más o menos coherentes, han mostrado las deficiencias, omisiones y mentiras en estos casi tres años de gobierno.
Los contraataques de López Obrador a la prensa se dirigieron luego hacia organizaciones civiles, acusándolas de estar financiadas por la extrema derecha del país. Investigaciones periodísticas de medios nacionales revelaron luego que las organizaciones más activas y rijosas en contra de López Obrador y su gobierno eran beneficiadas por el USAID (United States Agency for International Development-Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo), especialmente las que tiene como objetivo central indagar y denunciar hechos de corrupción en la administración federal.
El presidente fue elevando el nivel de sus críticas y ataques contra las organizaciones civiles financiadas por el USAID, tachándolas de intervencionistas, advirtiendo que las leyes del país eran claras y no permitían ese tipo de labor desarrollada por grupos de ultraderecha mexicanos.
Como era de esperarse, López Obrador incrementó sus reproches y señalamientos conforme se acercaban las elecciones intermedias del 6 de junio hasta llegar al momento en el que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitir una carta diplomática demandándole al gobierno de Joe Biden detener las acciones de la USAID con las que se da apoyo financiero a los grupos civiles que se dedican a documentar la corrupción en el país.
Durante casi dos semanas, el presidente se mantuvo a la espera de la respuesta del gobierno norteamericano a su demanda de neutralidad y no intervencionismo. La contestación se produjo el jueves 3 de junio, a unos días de las elecciones y de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México para abordar temas de interés común, pero sobre todo para recordarle al gobierno de López Obrador los graves asuntos pendientes de una agenda bilateral complicada, que exige acercamientos sólidos y no monólogos declarando un día que las relaciones diplomáticas son excelentes y avanzan sin mayores problemas.
Kamala Harris viene a hablar de acuerdos, políticas y agendas binacionales en materia de migración, seguridad fronteriza, cooperación regional en materia energética y proyecciones para una reactivación económica para ir superando la crisis económica causada por el covid-19.
Pero eso no es todo. Harris viene también a leerle la cartilla a López Obrador. Si bien comenzará por los temas fundamentales de una difícil relación bilateral, no dejará pasar el encuentro para recordarle al mandatario que en su gobierno los niveles de violencia, criminalidad y expansión de grupos delictivos se han disparado en cifras mayores que las de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones forzadas, masacres y ataques a cuerpos policiacos se han combinado con la expansión de cárteles del narcotráfico, que además de librar una guerra contra el Estado mexicano combaten entre ellos para ganar espacios, territorios, zonas de dominio en las que se imponen a otros grupos mientras aplastan la caricaturesca resistencia de los cuerpos policiacos municipales.
La cacería de policías y grupos especiales que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) está haciendo a domicilio en el estado de Guanajuato es un ejemplo de la debacle que en materia de seguridad se vive en el gobierno de López Obrador, quien frente a estos escenarios tiene el descaro de asegurar en sus conferencias mañaneras que “el país está en calma, hay paz”.
De ese país “en calma y en paz” viene a hablar Kamala Harris, del que vive un proceso de militarización acelerada cuyos frutos más ansiados –la paz, la estabilidad, la erradicación o control de la violencia– no existen, pese al despliegue de más de 215 mil militares, marinos y guardias nacionales en el territorio nacional.
El tráfico de armas, de sustancias, de drogas y de personas será otro punto de la agenda bilateral en la que el desarrollo económico y social en el hemisferio es tema predominante para la Casa Blanca, que ve en el régimen de López Obrador un atraso en la materia.
El tema de la corrupción, razón de ser de la existencia del USAID, sigue en el centro de la atención de Washington y no cambiará en absoluto.
Por el contrario; la evidencia de casos de corrupción en un gobierno que se jacta en cada conferencia de prensa mañanera de haber acabado con ella en todos los rincones de la administración pública federal, le dará más argumentos a la vicepresidenta Harris para frenar a López Obrador y para reiterarle que el USAID continuará operando en México, financiando a grupos civiles y a periodistas independientes para que investiguen, documenten y denuncien la corrupción gubernamental que impide el avance y desarrollo de los países amigos de Estados Unidos.
El jueves 3 de junio, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado con un mensaje firmado por el presidente Joe Biden en el que precisaba que el tema del combate a la corrupción es un tema de seguridad nacional y que por ello la actividad del USAID no se suspendería ni se vería alterada.
“El combate a la corrupción es un interés de seguridad nacional para Estados Unidos y por lo tanto, apoyará la capacidad de instituciones nacionales e internacionales y fortalecerá la capacidad de la sociedad civil y los medios enfocados en investigar y destapar casos sobre el tema”, detalla el texto.
El documento “Memorándum Estudio de Seguridad Nacional”, firmado por el presidente Biden, advierte que la corrupción “amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo, y la democracia, en sí misma”.
Combatirla se convierte en un “interés de seguridad nacional de Estados Unidos”, por lo que el gobierno norteamericano encabezará los esfuerzos para “promover la buena gobernanza, traer transparencia a Estados Unidos y los sistemas financieros globales; prevenir y combatir la corrupción a nivel nacional y en el extranjero, y hacer cada vez más difícil para los actores corruptos realizar sus actividades”.
De hecho, la Casa Blanca incrementará los apoyos económicos a nivel internacional para reforzar el trabajo de quienes se dedican a investigar y denunciar hechos de corrupción gubernamental. La estrategia del gobierno de Biden va encaminada a “apoyar la capacidad de instituciones domésticas e internacionales y organismos multilaterales enfocados en establecer normas globales anticorrupción, la recuperación de activos, la promoción de transparencia financiera, alentar gobiernos abiertos, fortalecer instituciones financieras, establecer marcos de trabajo para prevenir la corrupción en proyectos financieros de desarrollo, y combatir el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y los sobornos”.
Y para que no le queden dudas a quienes se han lanzado contra el USAID, Biden agrega que se apoyará y fortalecerá “la capacidad de la sociedad civil, los medios y otros actores enfocados en la supervisión y rendición de cuentas para que investiguen y analicen las tendencias de corrupción, respalden medidas preventivas, investiguen y destapen actos de corrupción, exijan cuentas a líderes e informen y respalden los esfuerzos de rendición de cuentas y de reforma del gobierno”.
Así, el escenario para un inevitable encontronazo entre López Obrador y Kamala Harris está garantizado, aunque el presidente asegure que todo lo contrario y exija que quienes han documentado hechos de corrupción en su gobierno sean silenciados.