El anuncio de la reforma al sistema de pensiones marcó el inicio de una reconciliación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de una ríspida y compleja relación.
Hasta hace unas semanas, los líderes cupulares advertían sobre los riesgos que tendrá para la planta productiva la falta de apoyos gubernamentales durante la emergencia sanitaria y la parálisis económica que llevó al cierre definitivo de cerca de 10 mil empresas formales y la pérdida de millones de empleos.
La negativa del presidente de responder al llamado de los integrantes del CCE durante varios meses generó una ruptura que obligó a los empresarios a buscar apoyos del exterior que no agradaron al presidente López Obrador.
Sin embargo, la reconciliación podría estar en puerta con el aval del Ejecutivo de la reforma al sistema de pensiones y que fue prácticamente la misma que presentó el Consejo Coordinador Empresarial en enero pasado. La propuesta del CCE competía con la que hizo Carlos Noriega, entonces director de banca y ahorro de la Secretaría de Hacienda y quien fue presidente de la Amafore durante varios años.
Las modificaciones tienen dos objetivos: reducir las semanas de cotización de 1,200 a 750 para que los trabajadores puedan obtener la pensión mínima garantizada y la segunda, que es la más importante, el aumento en la cuota patronal, la que pasará de 6.5% a 15%.
Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que hay dos preocupaciones en torno a los cambios en materia de pensiones: los costos para los empresarios por el aumento de la cuota y la segunda, tiene que ver con el costo fiscal y las presiones que tendrá sobre las ya deterioradas finanzas públicas.
Aunque pareciera que la reforma no significará una carga para el erario, lo cierto es que la reducción del periodo mínimo de cotización permitirá a un importante número de trabajadores acceder a una pensión, tema relevante en una economía con un alto porcentaje de empleados que transitan entre el sector formal y el informal.
En la actualidad, 70% de los trabajadores del país perciben menos de cinco salarios mínimos, por lo que en ese segmento se concentrará la cuota social del gobierno federal.
Nos dicen que otro de los temas que están en la mira de los legisladores es revisar el papel que juega el Infonavit y en particular, la posibilidad de que las aportaciones al Instituto se destinen al ahorro para el retiro; este análisis deberá acompañarse con ajustes al fondeo del organismo.
En lo que respecta a la aplicación de la cuota patronal, se prevé que será progresiva en un periodo de 8 años, lo que permitirá una adecuada planeación de las empresas para absorber los mayores costos laborales, siempre y cuando se logren tasas de crecimiento económico mayores a 4% del PIB, de lo contrario, será contraproducente para la planta productiva nacional.
Junto con la reforma al sistema de pensiones, nos cuentan que podrían venir más cambios de igual relevancia en los siguientes meses, uno de ellos se relaciona con el sector vivienda.
Así las cosas…