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AMLO, principal promotor de la opacidad

Múltiples mecanismos impiden el acceso a la información pública. Destacan las declaratorias de inexistencia, por parte de la Oficina de la Presidencia.

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Escrito en OPINIÓN el

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen obligaciones para todas las instituciones del Estado mexicano. Por lo mismo, su inobservancia deriva en afectaciones a los derechos humanos de los gobernados.

Pero la transparencia no es un hábito. Las solicitudes de información pública suelen ser vistas al interior de las instituciones del Estado como actos de molestia generados por los gobernados, pues implican la búsqueda, análisis y sistematización de datos que los servidores públicos atesoran como propios.

Los legisladores son, en buena medida, responsables de la opacidad con que actúan los sujetos obligados. Por ejemplo, la Constitución prevé como derecho humano la gratuidad en el acceso a la información pública. Sin embargo, la ley general y las leyes de las entidades federativas contemplan que la reproducción de materiales debe tener un costo para el solicitante. A contrario sensu, quien se opone a pagar una determinada cantidad exigida por una institución pública se encuentra impedido de acceder a la información que resulta de su interés y que, por supuesto, no se encuentra publicada en ninguna parte.

Si el legislador ponderó el pago de reproducción de materiales por encima del derecho humano de acceso a la información, no sólo equivocó su criterio, sino que resultó cómplice en la elaboración de una trampa al acceso pleno a la información pública.

Por su parte, la pandemia puso de relieve la debilidad de las instituciones del Estado en materia de transparencia y rendición de cuentas. Lejos de favorecer el acceso a la información relativa a la adquisición de vacunas, el gobierno determinó la reserva de los contratos, con el argumento ramplón de que su publicidad podría poner en riesgo la seguridad nacional.

El empleo recurrente de empresas fantasma para la adquisición a sobreprecio de materiales sanitarios como guantes y cubrebocas, se oculta a través del argumento de que los contratos de adquisiciones han sido reservados a petición de las empresas oferentes, que en apariencia imponen cláusulas de confidencialidad.

Por otra parte, el vacío jurídico en temas específicos también ha dado pie a que las instituciones públicas ponderen la opacidad sobre el derecho humano de acceso a la información. Está el ejemplo de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que ha limitado el acceso público a las cédulas profesionales. Anteriormente cualquier particular podía saber con precisión si una persona contaba con cédula profesional y en qué institución educativa había cursado sus estudios. Hoy, dicha información ya no es pública, además de que la página relativa simplemente no funciona.

Ocurre lo mismo con la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando se pretenden formular solicitudes al Gobierno de la Ciudad de México. El enlace está roto.

Son excepcionales los titulares de las Unidades de Transparencia que plasman su firma ológrafa en los oficios con los que responden a los particulares, lo que resulta violatorio de las leyes de procedimiento administrativo, que la exigen como requisito de validez.

En el colmo de la opacidad, está la Oficina de la Presidencia de la República, que habitualmente afirma no contar con la información que el propio presidente López Obrador utiliza en sus conferencias de prensa. La opacidad y la simulación encuentran en el titular del Ejecutivo a su principal promovente.