El presidente mexicano no sólo parece empeñado en poner de cabeza la democracia mexicana –la misma que lo llevó al poder–, sino que en un exceso intolerable avanza en la destrucción democrática.
¿Por qué?
Porque según sus reciente ocurrencias legislativas –la Ley de Amnistía y la tipificación como “crimen organizado” de facturas falsas–, Obrador propone el perdón a criminales confesos y, en sentido contrario, llega al extremo de criminalizar a ciudadanos sospechosos de falsificar facturas.
Pero no conforme con proponer al Congreso la liberación de criminales, el presidente acusó a los opositores de “sinvergüenzas, farsantes, corruptos, inmorales, simuladores, arribistas y politiqueros”, por rechazar la iniciativa que iguala el “crimen organizado” con la expedición de facturas falsas.
Es decir, Obrador será el “perdonavidas” de los peores criminales pero, al mismo tiempo, tratará como criminales a todos los ciudadanos con solo la presunción de emitir facturas falsas.
Pero el peligro es mayor. ¿Por qué? Porque el Estado defenderá criminales al tiempo que perseguirá a ciudadanos a los que considere como enemigos, adversarios y críticos del gobierno, a los que amagará “con la guadaña” de las leyes de Extinción de Dominio y facturación falsa.
Al mismo tiempo serán perdonados, por ejemplo, todos aquellos que roben menos de 50 mil pesos, todos los que se roben la luz y los servicios; todos quienes “siendo pobres” cometan un delito. Eso sí, quienes paguen impuestos en cualquier momento podrán ser requeridos por las autoridades hacendarias para “ser esculcados” de pies a cabeza
¿No es ese un Estado represor, contrario al origen del propio Estado? ¿No es esa una traición democrática?
El problema, sin embargo, es que a los ojos de muchos, poco importa que día a día el gobierno de Obrador construya un Estado vengativo y un andamiaje persecutorio que, en los hechos, no es más que un “leguleyo” tejido represor contra los adversarios, críticos y opositores.
Así, por ejemplo, vimos pasar sin cuestionamientos serios la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio que, si bien en su concepción se justifica para combatir a los grandes barones de la droga y del crimen, lo cierto es que en la práctica sólo servirá para despojar de sus bienes a adversarios, enemigos, opositores y hasta críticos del gobierno autoritario de AMLO.
Apenas el pasado domingo, como recuerdan, el presidente envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que crea la Ley de Amnistía cuya entrada en vigor beneficiaría no sólo a víctimas de abuso sino a criminales confesos.
Por ejemplo, está claro que deben ser protegidos aquellos ciudadanos que por su condición económica o su lengua, están en prisión por no contar con un abogado o un traductor. En efecto, no se debe criminalizar el aborto, entre otros abusos del poder.
Sin embargo, resulta ridículo y contrario al espíritu de ley, liberar a criminales confesos –como narcomenudistas, a esposas de criminales y narcos–, por el hecho de que los primeros se dicen “pobres” o porque se presume que las mujeres fueron obligadas a cometer tal o cual delito.
Es decir, el gobierno de Obrador otorgará patente de impunidad a los “mexicanos pobres” –quienes de esa manera podrán cometer todo tipo de tropelías y delitos menores a un monto de 50 mil pesos–, porque son personas en condición de pobreza.
¿Quién va a determinar la condición de pobreza? ¿Qué tipo de pobreza se tomará en cuenta? ¿Se refieren a la pobreza por no tener dinero, por no tener principios, por no tener valores morales, por no tener educación?
Pero, como ya se dijo, la gota que derramó el vaso y que aceleró las contradicciones se localiza en otra legislación no menos represiva y vengativa –también enviada por el presidente al Congreso–, y que considera que la emisión de facturas falsas se tipificará como “delincuencia organizada”.
Según no pocos especialistas, con la ley arriba citada no sólo se abre la puerta a una inmoral, ilegal y nada democrática persecución oficial contra grupos privados, empresas y empresarios que el gobierno crea adversarios o enemigos sino que, de plano, se legalizará la persecución política contra todo el que no se someten a los caprichos del poder.
Así la locuaz democracia que perdona criminales y que criminaliza ciudadanos. Sí, con AMLO damos pasos agigantados a una dictadura.
Al tiempo.