Opinión

AMLO: la corrupción y la terquedad

Su fuerte no es ceder, sino imponer. | Jorge Ramos Pérez

  • 15/07/2019
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Carlos Urzúa lo dijo naturalmente: el presidente Andrés Manuel López Obrador es terco y eso hace que se le vea como una persona autoritaria.

La confesión del ex secretario de Hacienda la hizo a una revista del Tec de Monterrey un poco antes de que asumiera López Obrador el poder el 1 de diciembre de 2018.

Empecinarse en la silla presidencial durante 18 años, hablan de lo mismo. Obcecado, Cuauhtémoc Cárdenas también fue tres veces candidato.

Integrantes del equipo presidencial han relatado que el mandatario es firme en lo que piensa. Si cambia de postura es muy a la fuerza. Otros personajes que lo han tratado en corto se sorprenden: no es el mismo que habla pausado en las conferencias, al contrario, habla muy fluido y escucha.

Son dos caras de la misma moneda. Pero es evidente que su fuerte no es ceder, sino imponer.

La salida de Urzúa de la SHCP precedió a una actitud radical del presidente: la austeridad va porque va. Y en ello acompaña a la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, que con disciplina militar ha asumido incluso más poder para las contrataciones.

Las riñas con el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, son juego de niños. Muy perversos los niños, pero juegos.

En Michoacán el sábado 13 de julio, López Obrador se refirió al tema de Buenrostro, por el tema de la compra de medicamentos: “tenemos un acuerdo de apoyarla en todo, que aguante todas las presiones y amenazas”. Así o más claro. La terquedad le obnubila a tal grado que prefiere descalificar a Urzúa como más neoliberal que José Antonio Meade o Agustín Carstens.

Pero la terquedad no sólo afecta al presidente. El viernes 12 renunció como súper delegado en Jalisco el empresario Carlos Lomelí. Precedida por un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que mostró un cúmulo de anomalías al ser empresario del ramo de las medicinas y súper delegado.

Ni tarda ni perezosa, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), y Jesús Robles Maloof, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la misma dependencia, se colgaron el milagro. Ante las críticas en redes sociales, Sandoval arremetió contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, quienes sin deberla ni temerla se vieron metidos en el pleito de redes sociales de la secretaria y sus críticos. Con elegancia, Córdova le envió una carta y, además de hacer hincapié en la ley que obliga a los servidores públicos a actuar con respeto, le planteó que ambos deben ser aliados contra la corrupción y que en ello seguirá empeñado el INE.

Al mismo tiempo, en su gira por Michoacán el presidente fue abordado por periodistas y cuando le pidieron su opinión sobre Lomelí dijo que tras ello quizá viene “el fin del mundo”.

Desde 1982 que comenzó institucionalmente el combate a la corrupción con la creación de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hoy SFP, ningún gobierno, ni del PRI ni del PAN, han castigado con severidad este flagelo. Más que peces gordos o tiburones les gusta la pesca de charales. Y este gobierno autodenominado de “Cuarta Transformación” no es diferente. O al menos no lo han demostrado. Y así como van, menos.

Punto y aparte. ¿Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, tiene ya propuesta definida para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? El nombre está listo, nos dicen. ¿Entonces la consulta será una mascarada? Las víctimas de este país no lo merecen.

Punto final. El caso Juan Collado tiene muchas astillas. Nadie va a salir ileso de ellas.

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