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AMLO encabeza el gobierno más sangriento de la historia

Ya transcurrió medio sexenio de AMLO y sus estrategias en materia de seguridad no funcionan. | Vicente Domínguez Arango*

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Escrito en OPINIÓN el

Uno de los temas que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abanderó para poder llegar a la presidencia fue la seguridad pública; ya que afirmaba tener la fórmula para poder disminuir considerablemente los delitos en todo el país. Al inicio de su gestión señaló que implementaría una política basada en el apoyo social y atención a las causas que originan la violencia en el país para contrarrestar los índices delictivos. En estas fechas igual señaló que prefería los “abrazos no balazos”. 

Al respecto quiero señalar que lamentablemente estas políticas no han sido suficiente para abatir los altos niveles de criminalidad en nuestro país.

Refiero esto porque de acuerdo a las estadísticas señaladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizadas en mayo pasado, durante los primeros 30 meses de la presente administración, es decir (diciembre de 2018 - mayo de 2021) se han tenido por iniciadas 72 mil 892 carpetas de investigación por el delito de homicidio, lo cual significa un aproximado de 86 mil 370 víctimas.

Estas cifras significan que aproximadamente existe un promedio mensual de 2 mil 429 carpetas de investigación iniciadas; es decir 81 al día. Por tal motivo, existieron aproximadamente 2 mil 879 víctimas al mes, es decir 96 al día. 

Es importante mencionar que las cifras antes mencionadas, resultan muy superiores a las registradas en los primeros 30 meses de los gobiernos de Felipe Calderón (diciembre de 2006 a mayo de 2009) y Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a mayo de 2015).

Los números del gobierno encabezado por AMLO, son 138% mayores a los que registró el gobierno de Felipe Calderón en sus primeros 30 meses (cuando ya había iniciado la llamada “guerra contra el narco”), ya que, según los datos del mismo Sistema Nacional, se señala que existieron 30 mil 572 carpetas de investigación por el delito de homicidio (antes averiguaciones previas).

Por lo que respecta al mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, la cifra de la actual administración es 74% mayor, ya que con el priista hubo 41 mil 979 carpetas de investigación (antes averiguaciones previas) por homicidio doloso durante sus primeros 30 meses de gobierno.

Por otra parte, en el gobierno de AMLO, la violencia en contra de las mujeres sigue en aumento; ya que tan solo en los primeros cinco meses del año en curso, los feminicidios se han incrementado un 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.  Es importante señalar también que, en comparación con los primeros meses del 2018, este delito aumentó 9.4%.

Según los datos que ha aportado la propia Secretaría de Seguridad Pública, de enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. 

Resulta importante conocer, analizar y difundir este tipo de cifras oficiales, porque ya transcurrió medio sexenio de AMLO y sus estrategias en materia de seguridad no funcionan; esto en gran parte por la manipulación estadística que ejerce el ejecutivo federal al señalar en diversas ocasiones que ellos “tienen otros datos”; esto, con el único objetivo de aparentar que su gobierno si da resultados en favor de los mexicanos.

Al parecer, AMLO sólo está interesado en temas electorales que le den beneficios políticos a su partido, pero se olvida completamente de solucionar los problemas a los que nos enfrentamos día con día en las calles y rincones de nuestro país.

*Vicente Sinaí Domínguez Arango

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y estudiante de la maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Actualmente labora como Asistente de Investigación “A” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); anteriormente se desempeñó como coordinador general de asesores en la dirección general jurídica normativa en la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México (ADIP) y como asesor jurídico parlamentario en la VII legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.