A menos de 20 días del 6 de junio, que marca la cita con los comicios más numerosos de la historia, la narrativa de lo que nos trajo este proceso está ya en construcción, con un balance negativo para los principales protagonistas. Pero el peor librado será sin duda el gobierno de López Obrador.
El indicador que arroja mayor gravedad es la violencia física contra candidatos de todos los partidos. Son ya decenas los asesinados, cientos los agredidos y hay un volumen indeterminado de abanderados, hombres y mujeres, sometidos a amenazas, hostigados en sus actividades públicas, acosados por campañas concertadas y costosas en redes sociales.
Frente a esta tragedia, la responsabilidad es compartida por todos los niveles de gobierno, de todos los partidos, por su incompetencia para contar con un mapa de riesgos que permitiera una estrategia de protección en los sitios y con los candidatos bajo mayor peligro. El mayor fracaso debe corresponderle a un agotado sistema de inteligencia, hoy encuadrado en la Secretaría de Seguridad federal a cargo de Rosa Icela Rodríguez, que encontró ahí el desastre que soslayó su antecesor, Alfonso Durazo, siempre distraído por sus “grillas” en Sonora.
En descargo de Durazo antes y ahora de Rodríguez, hay que decir que el jefe del ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia es el general Audomaro Martínez, quien reporta directamente a Palacio Nacional; un amigo presidencial, al parecer leal a toda prueba, con múltiples encomiendas en el mundo de la milicia, pero sin experiencia ni capacidades mayores en el ramo de la inteligencia política, no la del espionaje a la vida íntima de los adversarios del régimen, sino la que inhibe las amenazas sobre el Estado mexicano y sus instituciones.
El otro frente de daño frente a las elecciones lo constituye el uso discrecional de los sistemas de justicia para efectos políticos. El presidente López Obrador ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera, según declaraciones de su titular, Santiago Nieto, no emprender acciones en contra de candidatos en periodo de campañas. Las conferencias “mañaneras” en Palacio han sido, sin embargo, una arena donde se lincha a partidos y a sus abanderados, o para promover a favoritos. En el primer caso resalta Nuevo León, y en el segundo debe distinguirse la patética promoción del senador Félix Salgado Macedonio, primero, y luego de su hija, para disputar la gubernatura de Guerrero.
Sin embargo, un candidato oficialista sobre el que existen denuncias de delitos ligados al crimen organizado no ha sido tocado ni con el pétalo de un comunicado de prensa gubernamental. Se trata de Ricardo Gallardo, un polémico personaje al que se le atribuyen ligas con el crimen organizado, postulado por el Partido Verde y el Partido del Trabajo a la gubernatura de San Luis Potosí, bajo la patente bendición de Morena y altas esferas del gobierno.
Está de sobra documentado el inagotable flujo de presiones desde el propio Palacio, pero también desde tribunas como la del senador Ricardo Monreal o el dirigente de Morena, Mario Delgado, en contra del Instituto Nacional Electoral y el tribunal federal en la materia.
La legislación electoral permite a ambas instancias valorar si el activismo presidencial puso en riesgo la elección en múltiples estados, lo que muy probablemente llevará a anular procesos completos en entidades como Nuevo León y el citado San Luis Potosí.
Otro actor lamentable en este escenario de tragicomedia es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que ha decidido arrastrar por el lodo la autonomía diseñada en su favor para ser garante del estado de derecho, pero que está empujando una crisis constitucional con la persecución contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien encara varias acusaciones que, según una resolución de la Corte, no le pueden ser enderezadas antes de terminar su mandato, durante el cual le debe ser respetado un fuero que solo le puede retirar el Congreso local.
A todas luces, se trata de un acto de desprecio por parte del gobierno López Obrador y del fiscal Gertz Manero hacia la Corte, donde se cuenta con la sumisión del ministro presidente, Arturo Zaldívar.
Resulte lo que resulte de este episodio oscuro, constituirá un mensaje poderoso para el conjunto de los gobernadores, pero también para cualquier otro representante de un órgano del Estado, porque el balance democrático corre serios riesgos cuando el ánimo de concentración de poder se engarza con intereses partidistas y aprovecha los ánimos pusilánimes de quienes deberían constituir un dique al abuso.
El resumen final cuando esta historia sea escrita deberá incluir el rol que ha sido jugado por todos los partidos, lo mismo los que fueron comparsas abiertos de Morena (Verde, PT), que los de nueva creación, con vocación igualmente de paleros. Pero, igualmente, los que se ostentaron como la oposición real (PAN, PRI, PRD), y aun los que con buenos o malos argumentos decidieron ir solos, como Movimiento Ciudadano. Cada dirigente deberá rendir cuentas.
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El presidente López Obrador refirió la existencia de un contrato millonario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la revista “Nexos” durante 2018, bajo la presidencia de Janine Otálora. El hecho, que es pertinente aclarar, causó revuelo dentro y fuera de la institución que encabeza actualmente José Luis Vargas. Los mal pensados recordaron que el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, políticamente cercano a su colega Otálora, es colaborador de esa publicación.