Cuando los granaderos sustituyen a la política; cuando ante una protesta social se envía a un millar de policías; cuando un operativo desmedido fracasa y es humillado por los vecinos; cuando el gobierno de la ciudad deja dudas sobre la legitimidad de su tarea, entonces todos debemos preguntarnos cuáles son las claves que desde San Bartolo Ameyalco están desnudando a la administración fallida, incierta e incapaz de Miguel Ángel Mancera en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Se equivocará quien identifique en este episodio sólo hechos aislados de vandalismo por parte de pobladores rijosos. Es posible que los disturbios del 21 de mayo en Ameyalco tengan que ver con negocios en el aprovechamiento de los manantiales en la zona, pero estos intereses no son sólo los de “piperos” que se surten en el área, legal o ilegalmente. El agua de Ameyalco también atrae la ambición de grandes desarrolladores inmobiliarios, como los de Santa Fe.
Es oportuno preguntar cuál es la motivación real de varios personajes ligados con el tema, empezando por el jefe delegacional de Álvaro Obregón, Leonel Luna, el único político que ha repetido en el cargo de delegado desde que el PRD tomó control del gobierno de la ciudad, hace casi 17 años. Luna ha sido por años operador clave en el cacicazgo que ejerce sobre la zona René Bejarano, cuyo solo nombre apela a la prostitución de la política y al rostro más impresentable del perredismo en la capital del país.
Es una especie generalizada en los pasillos de la política local se dice que el gobierno Mancera ha combatido y arrinconado los intereses de Bejarano y su mafia. Que el artífice de esa estrategia es el secretario general de Gobierno, Héctor Serrano. Ello no coincide con los hechos que devela Ameyalco: El delegado Leonel Luna pidió el pasado día 21 un destacamento de granaderos a fin de imponer por la fuerza la reanudación de trabajos para el control de los manantiales de la zona.
Los que saben de estos temas podrían advertirnos que usualmente se niega a los delegados el uso de la fuerza pública. Pero en este caso el apoyo fluyó con prestancia singular. La Jefatura de Gobierno del DF decidió ponerse al servicio de Bejarano y su grupo.
Serrano obsequió la orden respectiva, y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, envió no a 100 ni 200, sino a mil policías. Quizá eran todos los que tenía disponibles. Hoy se sabe que algunos de ellos habían cumplido 24 horas continuas en servicio y aún así se les envío a la zona, donde por cierto, resultaron gravemente heridos.
Pero lo que pasó en aquel poblado alerta sobre un desastre mayor, exactamente del tipo de problema que hace correr la versión de que Rodríguez Almeida vive sus últimas semanas en el cargo. Los mil policías referidos no sólo no lograron contener a los pobladores que se oponen a las obras, sino que fueron rebasados por estos, quienes les diezmaron arrojándoles grandes piedras desde las alturas de casas y edificios. Pese a que la misión que los llevó ahí demostró desde los primeros minutos ser inviable y poner en riesgo la vida de pobladores y policías, el destacamento recibió la orden de resistir el choque, que se prolongó por al menos ocho horas.
¿Alguien informó a los jerarcas del gobierno capitalino, a lo largo de esas ocho horas, lo que el frustrado operativo exhibía en todo el país y en el extranjero?: Que la administración Mancera es incompetente para negociar, para evitar un dilatado choque con vecinos y para impedir que sus policías fueran humillados en vivo y a todo color por pobladores que, con razón o sin ella, esgrimían el noble argumento de no querer ser despojados de ojos de agua que forman parte de su vida desde hace cinco siglos.
En el vacío más absoluto de información por parte de la oficina de Mancera, quien salió a dar su versión fue Leonel Luna: acusó a los vecinos de ser “piperos” que se benefician de los manantiales para armar negocios irregulares, lo que deja sin el líquido a un grupo de colonos.
Luna no ha dicho que desde la ocasión anterior en que fue delegado, en 2007 presentó una propuesta de obras para presumiblemente disminuir la fuga de agua en la red hidráulica de la zona y ampliar el Sistema Cutzamala con el objetivo, insistía desde entonces, de dotar del servicio a algunas de las 52 manzanas de Ameyalco que carecen de agua. Ahora va por la suya.
Las obras han avanzado, tanto en Ameyalco como en una comunidad vecina, Santa Rosa Xochiac. Vecinos del primer poblado aseguran que parte del agua redistribuida ha ido a dar a desarrollos inmobiliarios en Santa Fe y no a los colonos, que la siguen esperando. De ahí que desde febrero pasado bloquearon los trabajos, y ya entonces se enfrentaron con la policía. El 6 de mayo hubo protestas de vecinos sin agua que dislocaron los accesos a Santa Fe, y la respuesta fue el despliegue policial del pasado día 21.
El balance hasta ahora es totalmente adverso para Miguel Ángel Mancera. El manejo de esta crisis no corresponde con un gobierno emanado de un partido que se dice progresista. En el conflicto se asoma descaradamente la oreja de intereses privados, y de la peor estirpe, por estar ligados con la mafia Bejarano. Y todo ello, mientras sigue avanzado la cuenta regresiva hacia las elecciones del próximo año, cuando se renovarán las 16 jefaturas delegacionales de la ciudad, la Asamblea capitalina y los diputados federales surgidos del DF. El tiempo se le acaba al jefe de Gobierno capitalino para demostrar que su curva de aprendizaje puede traducirse ya en resultados concretos. (robertorock@lasillarota.com).