Por quinto año consecutivo, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el Estudio Anual de Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México.
En esta ocasión analizamos la información oficial generada en 2016 de carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados, reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Este estudio, además de presentar el comportamiento nacional, regional, estatal y de los tres municipios más poblados de cada entidad de delitos como el homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo; retoma eventos clave sucedidos en el año, se pone en evidencia aumentos significativos, inconsistencias y debilidades de la información y se propone un análisis predictivo del número de carpetas de investigación en los que podría cerrar este 2017.
Es innegable que el Estado enfrenta una crisis de violencia si se analizan los datos oficiales. Entre 2015 y 2016 a nivel nacional el homicidio doloso creció en total a nivel nacional un 20.78% en 23 entidades federativas; la extorsión creció un 1.14%, el robo total con violencia 2.53% y un 1.27% el robo de vehículo -delito que por años vio una disminución sostenida-.
Los datos de secuestro apuntan a un estancamiento en materia de resultados si se considera que entre 2015 y 2016 hubo una disminución del 0.26 por ciento.
De los delitos analizados en este documento, sólo el homicidio culposo se reduce con un menos 4.44 por ciento.
Los datos nacionales se clarifican una vez que se analiza lo ocurrido en las entidades. Ante una mirada local más atenta, podemos resaltar una preocupante distribución de esa incidencia delictiva que genera violencia ahí donde tradicionalmente no se reportaba; al tiempo que algunas entidades que habían disminuido su incidencia, retornan a ser "focos rojos" de violencia.
Por otro lado, vemos cómo entidades que han visto una y otra vez la implementación de operativos especiales y planes emergentes, siguen sumidas en la violencia; mientras que otras entidades conviven con problemáticas relativas de ciertos delitos.
Pocas las entidades que mejoran de manera sustancial sus condiciones o mantienen niveles aceptables de seguridad y una la entidad que no podemos considerar confiable para su análisis: Nayarit, entidad de la que por quinto año consecutivo señalamos su opacidad, en un momento en el que su Fiscal General se encuentra detenido por ser integrante de un grupo de Delincuencia Organizada en los Estado Unidos de Norteamérica.
En un ranking nacional comparando las tasas por cada 100 mil habitantes, las entidades punteras en los seis delitos analizados son:
1. Baja California, es primer lugar en robo de vehículo, cuarto en homicidio doloso, tercero en robo con violencia.
2. Baja California Sur, primer lugar en extorsión, noveno en homicidio doloso y cuarto en robo de vehículo.
3. Colima cierra el 2016 como la entidad número 1 en homicidio doloso, con un crecimiento entre 2015 y 2016 del 235.39%; de igual manera se posiciona en cuarto lugar en robo de vehículo con un crecimiento del 321.42% y en séptimo lugar nacional de robo total con violencia, donde crece un 161.06 por ciento.
4. Guanajuato se posiciona como primer lugar en homicidio culposo, treceavo en homicidio doloso y noveno en robo con violencia.
5. Tabasco ocupa el primer lugar en robo con violencia, décimo en homicidio culposo, segundo lugar en secuestro, séptimo en extorsiones y noveno en robo de vehículo.
6. Tamaulipas se confirma por tercer año consecutivo como primer lugar a nivel nacional en secuestro, cuarto lugar en homicidio culposo y en el número 11 en robo con violencia.
Sin embargo, otras 15 las entidades que deben ser observadas con atención debido a una crisis generalizada de incidencia delictiva o de algún delito en particular que preocupa son:
· Ciudad de México que cierra el 2016 como octavo lugar en secuestro, sexto en extorsiones, quinto en robo con violencia, onceavo en robo de vehículo.
· Chihuahua que se encuentra en quinto lugar en homicidio doloso.
· Estado de México, sexto lugar en secuestro, octavo en extorsión, sexto en robo con violencia y segundo en robo de vehículo.
· Guerrero, segundo lugar en homicidio doloso, noveno en homicidio culposo, cuarto en secuestro y noveno en extorsión.
· Jalisco tercer lugar a nivel nacional en extorsión.
· Michoacán en 2016 se posicionó como octavo lugar en homicidio doloso y segundo en culposo, catorce en secuestro, trece tanto en robo con violencia como en robo de vehículo.
· Morelos es sexto lugar en homicidio doloso, catorce en culposo, tercero en secuestro, quince en extorsión, segundo en robo con violencia y séptimo en robo de vehículo.
· Nuevo León ocupó el segundo lugar en extorsiones.
· Oaxaca, décimo lugar en homicidio doloso, quinto en culposo y décimo en secuestro.
· Querétaro en 2016 se posicionó como onceavo lugar en homicidio culposo y en secuestro, décimo en robo con violencia y tercero en robo de vehículo.
· San Luis Potosí, noveno lugar en secuestros y quinto en extorsiones.
· Sinaloa es tercer lugar en homicidio doloso, sexto en homicidio culposo, catorce en secuestro, quince en robo con violencia y octavo en robo de vehículo.
· Sonora, onceavo en homicidio doloso, treceavo en homicidio culposo y extorsiones, cuarto en robo con violencia y décimo en robo de vehículo.
· Tlaxcala, tercer lugar en homicidio culposo y doce en robo con violencia.
· Veracruz, las carpetas de investigación reportadas posicionan a la entidad en 2016 en el lugar 14 en homicidio doloso y séptimo en secuestro.
· Zacatecas, séptimo en homicidio doloso, quinto en secuestro, once en extorsión y doce en robo de vehículo.
Y como ya afirmamos, de las 32 entidades se debe eliminar para los fines comparativos el caso de Nayarit, una entidad donde opacidad y corrupción hacen que sea imposible confiar en sus cifras.
Dicho de otra manera, por lo menos 22 de las 32 entidades cerraron 2016 enfrentando retos importantes en materia de incidencia delictiva, violencia, transparencia y rendición de cuentas.
Otros aspectos que en el Estudio pudimos destacar son las inconsistencias en la construcción de la intervención focalizada a 50 municipios con los números absolutos más altos y la regionalización de las políticas de seguridad.
En ambos casos los diagnósticos parecen incluir sesgos importantes que difícilmente harán de éstas políticas exitosas para reducir la violencia en el país.
Si queremos que 2017 cierre con bajas en la incidencia delictiva es prioritario que las autoridades se aboquen por lo menos a las siguientes acciones -además del fortalecimiento de la calidad educativa, el acceso universal de servicios, los incentivos a pequeños y medianos empresarios-:
A) Combatir el tráfico y al comercio ilegal de armas. La evidencia de un creciente uso del arma para ejecutar delitos no coincide con una evidencia de políticas públicas y acciones finalizadas a disminuir la disponibilidad de armas en nuestra sociedad, difícilmente veremos una disminución de la violencia sin un combate serio en esta materia.
B) Aumentar el combate al lavado de dinero y a los recursos de los delincuentes. Esto significa aumentar la extinción de dominio y en robustecer las investigaciones comerciales, financieras y bancarias en el país. Debemos recordar que un delincuente con dinero puede comprar voluntades y corromper autoridades y a la sociedad; que un delincuente con dinero, aún detenido, puede comparar justicia, seguir delinquiendo o fugarse de un penal, sin mayor dificultad.
C) Combatir la corrupción. En un momento de transición donde vemos nacer el Sistema Nacional Anticorrupción, urgen resultados que muestren las bondades del Sistema, capaz de captar la colusión entre autoridades y delincuentes y las redes de corrupción en el momento en que éstas operan.
D) Políticas de prevención del delito y reacción sustentadas en diagnósticos e información confiable, con indicadores de desempeño y resultado que permitan una rendición de cuentas efectiva. Esto se debe acompañar del fortalecimiento institucional y de los sistemas de registro estadístico delictivo para que estos sean confiables.
E) Fortalecimiento institucional. Muchos de los retos que enfrentan nuestras autoridades: la implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, el desgaste de más de una década de violencia, los cambios en el modus operandi de la delincuencia. Ante estos retos, la autoridad debe dejar a un lado excusas y concentrarse en mostrar que sus capacidades están alienadas a las competencias de sus servidores públicos -servidores públicos bien remunerados y con condiciones laborales dignas y congruas a lo que se les requiere- y a los retos que la autoridad enfrenta.
F) Mejorar la calidad de los registros estadísticos, los sistemas de transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos. Es tiempo que los mexicanos podamos entender cómo y para qué gasta la autoridad y no sólo en qué. Llevamos una década gastando miles de millones de pesos en fortalecer instituciones, mientras que salarios y prestaciones siguen siendo muy por debajo de lo justo para policías, peritos y ministerios públicos al tiempo que instalaciones y equipamiento siguen siendo por demás insuficientes en muchas dependencias a lo largo del país.
G) Aumentar la colaboración entre sociedad civil y autoridades con miras a generar corresponsabilidad, Cultura de la Legalidad y contrapesos a la acción del Estado. Si bien, es tarea sustantiva de la autoridad generar las condiciones de seguridad y justicia, los ciudadanos somos un actor fundamental para coadyuvar en esta materia a través del apego a la norma, la observación de las autoridades e incluso el reclamo y la exigencia de resultados.
H) Reconocer los aumentos de delitos de alto impacto e identificar las causas con miras a resolver la problemática. Si bien es humanamente entendible que una autoridad quiera subrayar sus logros y minimizar sus fallas, quien detenta un cargo público está obligado a dar buenos resultados, algo imposible si se busca esconder la evidencia.
La suma de estas acciones nos deberá llevar a mejoras en la percepción de inseguridad, aumento en la confianza hacia las autoridades, disminución de la incidencia delictiva, acceso a la justicia y reparación del daño para las víctimas.
2016 cerró con un año que ve aumentos en la incidencia delictiva y de la violencia en el país, tanto en lo agregado, como en la distribución territorial.
El pronóstico elaborado en el ONC sobre estos delitos de alto impacto permite considerar que al cierre del 2017 veremos nuevamente aumentar homicidio doloso, secuestro del fuero común, robo de vehículo y con violencia.
En particular, el homicidio podría terminar en una tasa por cada 100 mil habitantes entre el 18.26 a 19.79. Esto significa que la violencia en el país se encuentra en niveles equivalentes a los de 2011 -el peor año de la historia de México- que cerró con una tasa de 19.75 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Aún se puede corregir el rumbo antes que termine el sexenio. Las acciones que esta administración federal y las administraciones locales lleven a cabo podrán salvar vidas o generar consecuencias irreparables para todos.
A nombre del ONC y de los 22 observatorios locales certificados, integrantes de la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, invito a la autoridad a emprender acciones que pacifiquen a un país que no debe acostumbrarse a ver, por lo menos, 20 mil víctimas de homicidio doloso por año.
