La indignación generalizada que provocó la masacre de la familia LeBarón en el noroeste de México propició el ofrecimiento de ayuda militar por parte del presidente Donald Trump, mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador rápidamente agradeció y rechazó de manera contundente; decisión, si bien debatible para algunos, fue sabia en ese momento.
Aunque Donald Trump es el único que realmente sabe qué idea cruzó por su mente cuando ofreció asistencia militar a nuestro país para “borrar de la faz de la tierra a los cárteles de la droga mexicanos”, seguro no fue lo que México y Estados Unidos han hecho durante las últimas décadas. Recordemos que, en su oportunidad, Washington presionó al presidente Felipe Calderón para intensificar la guerra contra el narcotráfico desplegando al ejército, cuyo resultado fue un aumento de la violencia.
En esta segunda oleada de violencia en México, el número de muertes ascendió a más de 33 mil en 2018 y es comparable con las cifras de 2019; sin embargo, ahora se ha hecho evidente el alcance del poder de los carteles después de los tristes acontecimientos en Culiacán. Pese a ello, el hecho de que las fuerzas militares estadounidenses operen en México, incluso en números limitados, para ayudar al gobierno de López Obrador a combatir a grupos de narcotraficantes sería un paso no sólo perjudicial para ambos países, sino también infructuoso.
En Washington debe entenderse que parte de la violencia en México está ligada al abuso en el consumo de drogas en Estados Unidos. De acuerdo con la RAND Corporation, los estadounidenses gastan aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales en drogas ilegales, entre ellas cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas. Los carteles compiten entre sí para controlar el lucrativo mercado estadounidense y sus rutas de acceso. El que Donald Trump niegue esta realidad que liga a ambos países empeora las cosas en los dos lados de la frontera.
No obstante, hay voces que hablan al oído del presidente Trump, que le aconsejan que hay otras opciones de imponerse a México para resguardar la seguridad nacional de Estados Unidos. Toda vez que las actividades de los carteles del narcotráfico se han extendido al robo de combustibles, la agricultura industrial, la pesca comercial, además de los ya conocidos tráfico de migrantes y armas, la mano dura en Washington está convencida que estas actividades no tienen lugar sin cierta colusión con algunas élites mexicanas, como fue el caso de cuatro ex gobernadores (Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo) arrestados por cargos de narcotráfico en 2017. En otras palabras, apuntan a que la respuesta adecuada de Estados Unidos es ir por esas élites mexicanas como se ha hecho con Irán y Venezuela.
En México, según esta mano dura estadounidense, el objetivo sería fortalecer al régimen mexicano atacando a los elementos dentro de él que socavan la soberanía nacional. ¿Cómo? Haciendo públicos nombres, sancionando, confiscando bienes y restringiendo el acceso a las instituciones estadounidenses a los mexicanos de estas élites de las cuales el gobierno de Estados Unidos tiene información que los vincula a los carteles.
Esta sería una propuesta diabólicamente tentadora para un gobierno que ha declarado la guerra contra la corrupción y que se ha visto rebasado en su combate a los cárteles de la droga. Pero conociendo nuestra historia mutua, es prudente desconfiar de los griegos cuando traen regalos.