Ante los escenarios cada vez más cerrados que se presentan en las elecciones en nuestro país, se ha vuelto común que los partidos busquen establecer alianzas con otras fuerzas políticas para incrementar su nivel de competitividad y por tanto las posibilidades de obtener el triunfo, disminuyendo los casos en que optan por participar en solitario. Es así que desde 2003, el PRI ha sostenido una alianza permanente con el PVEM a la que recientemente se han sumado el PANAL y el PES, en tanto que el PAN y el PRD han conformado coaliciones electorales sobre todo en entidades gobernadas históricamente por el Revolucionario Institucional para lograr la alternancia.
Aunque en términos electorales podemos considerar algunas de ellas como exitosas, siendo un ejemplo muy claro el de Oaxaca en 2010, lo cierto es que no han cumplido con las expectativas ciudadanas al momento de ejercer el gobierno y, en algunos casos, como el del citado ejemplo, incluso han sido decepcionantes.
En este contexto, ahora que los distintos partidos definen sus estrategias y realizan acercamientos para conformar alianzas en 2018, deben tener en cuenta que si de lo que se trata no es más que de sumar votos y de repartirse las candidaturas -o acaso algunos espacios de gobierno- en función de lo que cada uno supuestamente puede aportar, es probable que en esta ocasión no resulten suficientemente atractivas para una sociedad cada vez más escéptica y demandante.
Lo que quizá pudiera tener mayor sentido, aunque de no fácil concreción, sea la de someter a consideración del electorado una propuesta de coalición de gobierno que trascienda lo meramente electoral, como lo pretende el denominado Frente Amplio Democrático y que al parecer, cuando menos en la intención, empieza a tomar forma a partir del encuentro en Chihuahua y de la convención del Grupo Galileo en las que participaron dirigentes del PAN y del PRD, así como representantes de algunas organizaciones, académicos e intelectuales entre los que estuvieron Cuauhtémoc Cárdenas, Jorge Castañeda, Clara Jusidman, Porfirio Muñoz Ledo, Martha Tagle, Emilio Álvarez Icaza y Ricardo Raphael.
La principal diferencia con las alianzas o coaliciones electorales estriba en que, además de la postulación de una candidatura común, el gobierno de coalición implica consensar un plan de gobierno, una agenda legislativa e incluso pudiera llegarse a la integración del gabinete. Aunque a nivel federal no se han regulado, y en el artículo 89 de la Constitución sólo se establece que el Presidente podrá optar en cualquier momento por un gobierno de coalición mediante el convenio y programas que sean aprobados por el Senado, esto no impide que los partidos políticos que decidan participar juntos en una elección puedan acordarlo previamente para que forme parte de su oferta al electorado.
Claro que para ello se requiere de gran voluntad y habilidad política para encontrar en la pluralidad los puntos en común y nuevas alternativas para afrontar los problemas que nos aquejan, para conciliar visiones y superar las diferencias, anteponiendo las legítimas aspiraciones personales o de grupo así como los diversos intereses que naturalmente se ponen en juego en la contienda política, a la construcción de un verdadero proyecto de transformación con los “qués” y los “cómos”. Pronto sabremos si esto es posible, o nos limitaremos a las alianzas electorales que poco o nada representan ya para la ciudadanía.