No es gratuito que en estos momentos las cuatro naciones del continente decidan estrechar sus esfuerzos en el marco de la denominada Alianza del Pacífico, en momentos en que la delincuencia se ha desbordado en algunas regiones de México y cuando en el norte y la capital de Perú organizadas bandas de secuestradores ponen contra la pared al gobierno de Ollanta Humala.
Los gobiernos de esas naciones dispondrán, a corto plazo, de la implementación de una plataforma compartida, de acuerdo con la Declaración Conjunta en la que reafirman la importancia de fortalecer la Plataforma de Intercambio de Información Inmediata para la Seguridad Migratoria de la Alianza del Pacífico.
Persuadidos de la necesidad de establecer mecanismos de cooperación recíproca que les permita incrementar su seguridad interna con relación a los flujos migratorios y la prevención y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, los mandatarios suscribieron el Acuerdo Interinstitucional a través de sus respectivas cancillerías.
Otros objetivos de la agenda presidencial están encaminados a avanzar de manera progresiva en la creación de un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en las cuatro naciones donde hay un mercado de 209 millones de personas, con un Producto Interno Bruto (PIB) de dos billones de dólares.
La reunión del presidente de México Enrique Peña Nieto, con sus homólogos, el anfitrión de Colombia, Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera de Chile, y Ollanta Humala de Perú, va más allá del tema comercial y apunta a fortalecer la lucha en temas sensibles como el de las drogas y la seguridad.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional, que fue creada el 28 de abril de 2011 y tiene como principal objetivo promover la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, pero ahora ha expandido su rango de acción al tema de la seguridad, un talón de Aquiles que les preocupa.
Los gobiernos de esas naciones buscan impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad en sus respectivos territorios, en aras de erradicar la desigualdad social y lograr una inclusión social de sus habitantes.
El bloque de naciones representa el 36% del PIB de la región, concentra 50% del comercio total y atrae el 41% de los flujos de inversión extranjera directa. De ahí la importancia y urgencia de frenar, a toda costa, el avance del crimen organizado que en México ha cobrado más de 60 mil víctimas en los últimos siete años.
México y las otras naciones necesitan intercambiar información y experiencias valiosas para combatir el terrorismo y el narcotráfico, dos flagelos que atentan contra la seguridad.
Las cuatro naciones están urgidas de enfrentar, de manera conjunta estos problemas y México tiene un significativo avance a través de la denominada “Plataforma México”. Desde hace algún tiempo las autoridades mexicanas enfrentan a grupos criminales que han convertido la violencia en su arma predilecta.
OTR VEZ CHIAPAS: EL CAOS EN TAPACHULA
Si algo reclaman todos los días los habitantes de la calurosa ciudad costera chiapaneca de Tapachula a sus autoridades locales es el desorden con que gobiernan la ex perla del Soconusco. En ese lugar se ha convertido caótico el sistema vial, con calles abiertas por todos lados, sin planeación estratégica y con precarias condiciones en el abasto de agua potable y servicio de limpieza.
No hay un solo día, según la queja, de los habitantes de ese municipio en que no se reporten incidentes de tránsito: vehículos con llantas o rótulas reventadas, asaltos en zonas oscuras, violencia y creciente alcoholismo y prostitución. El desorden es total y el alcalde Samuel Alexis Chacón se encierra en sus oficinas sin dar explicaciones a la sociedad.
No tiene ni un mes en que se han pavimentado algunas calles y estas ya presentan fisuras. Alguien no está haciendo bien su trabajo. El gobierno municipal deberá ahora asumir, plenamente, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los proyectos del Fondo del gobierno Federal. Asimismo, en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.
Las instancias ejecutoras deberán también cumplir el compromiso y la responsabilidad de la aplicación de los recursos que se les proporcionen para la ejecución de los proyectos, ya que los recursos que se vienen otorgando no pierden el carácter de federal. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, así como los particulares, serán sancionados en los términos de la legislación federal aplicable.
Están advertidos y puede que al término de la actual administración de Samuel Alexis Chacón más de alguno vaya a la cárcel.
Twitter: @jlcastillejos